Por: Bache3000

En el documento, los choferes manifiestan su "profunda preocupación" respecto al proyecto de ordenanza N° 336/25 y solicitan al intendente que "en caso de ser aprobado por el Concejo, ejerza el derecho de veto sobre la ordenanza". Los firmantes argumentan que la iniciativa "establece cupos limitados de vehículos, lo cual resulta arbitrario y restrictivo, afectando directamente el acceso al trabajo de numerosos vecinos y vecinas de la ciudad".

La carta, fechada el 24 de septiembre de 2025, sostiene que este tipo de regulaciones "atenta contra la libertad de trabajo, restringe el derecho a elegir y genera desigualdad en el sector". Además, los supuestos manifestantes expresan que consideran "necesario que cualquier regulación que se impulse sobre el transporte mediante aplicaciones digitales sea justa, inclusiva y transparente, contemplando a todos los actores involucrados y evitando medidas que favorezcan a unos pocos en detrimento de la mayoría".

El documento concluye con una solicitud directa: "Por todo lo expuesto, solicitamos se disponga el veto del Proyecto de Ordenanza 336/25, en caso de su aprobación".

Sin embargo, según documentos a los que tuvo acceso este medio, la nota habría sido parte de una maniobra política del intendente Cortés para generar una aparente oposición popular al proyecto de la edil Ferreyra. La estrategia quedó al descubierto a través de una planilla de firmas donde aparecen los datos personales de diversos conductores que integran lo que denominan "Grupo Autoconvocado de Choferes de Aplicaciones de San Carlos de Bariloche".

Esta táctica revela las dificultades políticas que enfrenta el oficialismo para frenar una iniciativa que surge desde la oposición. El proyecto presentado por los concejales del intendente nunca logró avanzar en el tratamiento legislativo, motivo por el cual desde la oposición decidieron presentar una propuesta propia para regular el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en la ciudad.

Para evitar el costo político de oponerse directamente a la regulación del sector, Cortés habría optado por generar una campaña que simule un reclamo espontáneo de los trabajadores del rubro. De esta manera, el intendente podría justificar un eventual veto como respuesta a la demanda de los propios afectados, disfrazando de "pedido popular" lo que constituye una maniobra política para torpedear la iniciativa opositora.

La maniobra pone en evidencia las tensiones existentes en torno a la regulación del transporte por aplicaciones en Bariloche, un tema que ha generado debates en diversas ciudades del país entre quienes abogan por marcos normativos claros y quienes prefieren mantener el statu quo actual.