Por: Bache3000

El Tribunal de Contralor, órgano diseñado por la Carta Orgánica Municipal para fiscalizar al Ejecutivo y al Deliberativo, se presentó formalmente para declarar que "no existe un conflicto de intereses entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo de la Municipalidad". Los firmantes —Estanislao Cazaux, Damián Vila y Esteban Romero— fueron más allá: adhirieron "total e íntegramente" al informe del intendente y manifestaron su apoyo a que se lleve a cabo el referéndum "para que el pueblo, la sociedad toda, se exprese de forma directa y democráticamente".

La presentación del Tribunal resulta extraordinaria por varios motivos. Primero, porque sale explícitamente de sus funciones de control económico-financiero para tomar posición política en un conflicto de poderes. Segundo, porque respalda al mismo órgano que debería estar fiscalizando. Y tercero, porque su propia intervención en el conflicto podría interpretarse como evidencia de que efectivamente existe una disputa institucional, dado que un organismo supuestamente neutral optó por alinearse con el Ejecutivo.

El documento del Tribunal señala que los concejales que cuestionan el referéndum "son una minoría de concejales disidentes políticamente, que no representan por sí solos, la posición del Cuerpo", y expresa su acuerdo en que "se lleve a cabo el Referéndum, convocado mediante Resolución Nº 1459-I-2025".

Por el lado del Concejo Deliberante, la situación es menos sorprendente pero igualmente reveladora. Los concejales oficialistas Gerardo Del Río, Tomás Hercingonja y Mary Coronado —todos del mismo espacio político que Cortés— presentaron su propio escrito adhiriendo al informe del intendente. Lo curioso es que el presidente del Concejo Deliberante no formó parte de la convocatoria original al referéndum, pero ahora sale públicamente a defenderla ante la Justicia.

La presentación de los tres concejales oficialistas repite casi textualmente los argumentos del Ejecutivo: no hay conflicto de intereses, los cuestionadores son "una minoría", y el referéndum es una herramienta democrática legítima. Que tres concejales del partido gobernante defiendan una medida de su intendente es políticamente comprensible. Lo problemático es que esta alineación automática debilita la función de contrapeso que el Concejo debería ejercer sobre el Ejecutivo. Cabe señalar que 6 de los 11 concejales, votaron en rechazo al referéndum.

Cuando uno mira la fotografía completa, el cuadro es claro: todo el oficialismo accionando en bloque —Ejecutivo, concejales propios y hasta el Tribunal de Contralor— contra cinco concejales opositores que plantearon dudas sobre la legalidad del procedimiento. Lo que debería ser un debate institucional sobre competencias y procedimientos se transformó en una disputa partidaria donde los organismos de control terminaron actuando como voceros políticos.

El caso es paradigmático porque expone la fragilidad de los controles institucionales cuando la lógica partidaria permea todos los espacios. Un Tribunal de Contralor que abandona su rol fiscalizador para tomar partido político pierde credibilidad y debilita el sistema de controles y contrapesos que la Carta Orgánica diseñó. Más aún cuando su intervención se produce en el marco de un conflicto de poderes que ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia.

La pregunta que queda flotando es si estos organismos están defendiendo una herramienta democrática o simplemente respaldando a su sector político. Y si la respuesta es la segunda, qué queda entonces de la independencia institucional que debería caracterizar a los órganos de control en una república democrática.

El Superior Tribunald de Justicia, definirá los alcanes del conflicto de poderes en octubre. Ya definió que sí existe tal cosa. Ahora sólo falta saber hasta dónde pondrá límites.