Por: Bache3000

Carlos Alberto Difranco, presidente de APAT Bariloche (Asociación Civil de Propietarios de Autos Taxímetros), encabezó la iniciativa y presentó documentación oficial ante las autoridades municipales. En su reclamo, los taxistas denuncian que la falta de control sobre aplicaciones móviles como Uber y Cabify está generando una competencia desleal que perjudica directamente a quienes trabajan de manera legal.

"La omisión en la actividad de control por parte de los funcionarios del Ejecutivo Municipal genera directo perjuicio en la actividad legal que desarrollan mis representados", señala el documento presentado ante las autoridades. Los taxistas argumentan que mientras ellos deben cumplir con numerosas obligaciones y costos regulatorios, los servicios de transporte por aplicaciones operan sin fiscalización.

La situación económica del sector es crítica. Durante la reunión en el Concejo Deliberante, los taxistas pudieron exponer su realidad: muchos de ellos no están en condiciones de comprar repuestos para sus vehículos, lo que compromete tanto su herramienta de trabajo como su fuente de ingresos.

Frente a este escenario, APAT solicitó formalmente una ordenanza de emergencia que suspenda el cobro y exigencia de distintas tasas municipales para los vehículos taxímetros habilitados, exceptuando la revisión técnica obligatoria, la licencia de conducir profesional y el seguro de responsabilidad civil.

"Quienes cumplimos con nuestras obligaciones estamos en riesgo de perder nuestras fuentes de trabajo", advierte la nota presentada por Difranco, quien además criticó que se les exija "abonar conceptos o cumplir exigencias normativas que son innecesarias para el desarrollo de la actividad y que solo tienen fin recaudatorio".

El presidente de APAT dirigió también una solicitud de reunión al intendente Walter Cortés, buscando abrir un diálogo directo con el máximo responsable del Ejecutivo municipal. Además, envió una nota a la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, Eliana Guernica, reiterando su pedido de fecha 1° de septiembre, ya que no había obtenido respuesta a su solicitud anterior del 23 de junio.

En sus presentaciones, los taxistas señalaron que ambas situaciones —el transporte ilegal por aplicaciones foráneas y la falta de fiscalización— "se encuentran al límite, desmadrando y violando todas las ordenanzas y reglamentaciones vigentes, ocasionando un perjuicio directo al servicio público y semipúblico de pasajeros".

Los representantes del sector reconocieron que el Concejo Deliberante ha sido "el único ámbito estatal de Bariloche que ha demostrado en algunos de sus miembros comprensión y respeto por la ley y la Carta Orgánica ante la inacción de los restantes poderes municipales", y por eso confían en que desde ese espacio puedan surgir respuestas concretas a sus reclamos.

La protesta de los taxistas barilochenses refleja una problemática que se repite en distintas ciudades del país, donde el sector tradicional del taxi enfrenta desafíos económicos agravados por la irrupción de nuevas formas de transporte que operan en una zona gris de la regulación municipal.