Por: Bache3000

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche emitió un comunicado en el que califica como de "gravedad institucional extrema" la situación que atraviesa el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, tras la denuncia por violencia laboral presentada por personal judicial contra la fiscal jefa Betiana Cendón. La organización de derechos humanos consideró que los hechos denunciados encuadran en una clara violación de los Derechos Humanos y exigió una investigación y respuesta inmediata por parte de las autoridades correspondientes.

En el comunicado firmado por Marcelo Cayumil y Rubén Marigo, de la Secretaría de Violencia Institucional de la APDH, la organización expresó su postura de "tolerancia cero contra todo tipo de violencia en especial, la laboral, de género, discriminación, o abuso de autoridad". La APDH basó su pronunciamiento en la documentación que recibió del personal afectado, que describe un patrón sistemático de maltrato y hostigamiento en el ambiente laboral.

Uno de los aspectos más críticos que destaca la APDH es que el Observatorio de Violencia Laboral del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro no ha tomado participación en el tema, pese a su clara incumbencia establecida en el Protocolo de Prevención y Protección frente a la Violencia Laboral, aprobado por la Acordada N° 32/2021. La organización considera que, dado que se ha dado intervención al Consejo de la Magistratura, es necesario que dicho organismo se avoque inmediatamente a tratar el tema, garantizando el derecho de defensa y la protección y acompañamiento de los trabajadores denunciantes.

La APDH sostiene que no es suficiente el apartamiento de los trabajadores de la dependencia directa de la denunciada, dado que comparten el mismo ambiente y lugar de trabajo. Por este motivo, conforme lo han requerido los denunciantes, la Asociación de Derechos Humanos anunció que participará como observadora en las reuniones del Consejo de la Magistratura en las cuales se traten estos temas, ejerciendo un rol de control ciudadano sobre el proceso.

Los antecedentes de la denuncia revelan una crisis institucional de proporciones. El 9 de septiembre, los fiscales Guillermo Lista y Tomás Soto, los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Vitterbori, la defensora pública adjunta Mónica Goye y el jefe de división Germán Rafael Torres presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia de casi 60 páginas contra Betiana Cendón por mal desempeño, violencia laboral, acoso laboral, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

En el extenso escrito, los denunciantes afirman que la conducta de la fiscal se ha caracterizado por un patrón de maltrato psicológico y abuso de poder. Según el documento, Cendón se habría dirigido a empleados y colegas con comentarios despectivos como "retrasados", "idiotas", "tarados" o "boludos", además de realizar humillaciones públicas y burlas destinadas a denigrar a las personas. La denuncia también señala que la fiscal habría interferido de forma arbitraria en investigaciones, tanto las que coordina como las que no, y retirado legajos sin justificación.

El impacto en la salud mental de los trabajadores ha sido severo. La denuncia detalla que numerosos empleados, fiscales y defensores afectados por la violencia laboral debieron recurrir a tratamientos psicológicos y hasta licencias psiquiátricas. Las situaciones denunciadas datan desde 2019, evidenciando un patrón reiterado y sistemático de abuso de poder que ha generado un clima laboral totalmente hostil y estresante.

Los denunciantes concluyeron que "la actuación de Betiana Cendón como Fiscal Jefe, repleta de arbitrariedades, discrecionalidades, ensañamientos y favoritismos, se ha caracterizado por el ejercicio de hostigamientos y presiones, maltrato, acoso hacia los funcionarios y empleados del Ministerio Público. Ha sembrado el temor y ha generado un clima laboral totalmente hostil". Fuentes judiciales comentaron que la denuncia generó un verdadero terremoto al interior del edificio de la calle Anasagasti y Otto Goedecke, donde funciona el Ministerio Público Fiscal en Bariloche, con un clima muy tenso en los despachos y pasillos.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro expresó formalmente su acompañamiento hacia los trabajadores judiciales afectados y reafirmó su compromiso de promover la tolerancia cero frente a la violencia y el acoso laboral. La entidad destacó su posición en cumplimiento de la Ley 27.580, que aprueba el Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.

Posteriormente, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), Marco Calarco, presentó una segunda denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Cendón, atribuyéndole hechos de violencia laboral, persecución gremial, acoso psicológico y hostigamiento sistemático. Esta presentación también solicita la suspensión preventiva e inmediata de la fiscal jefa mientras dure la investigación.

La gravedad de los hechos denunciados obligó al Procurador General Jorge Crespo a intervenir personalmente para reorganizar el funcionamiento del Ministerio Público. Se implementaron medidas preliminares dividiendo la denuncia según su naturaleza en aspectos administrativos y penales. Se dispuso que la fiscal denunciada no mantuviera contacto con los denunciantes, quienes quedaron bajo la órbita del otro fiscal jefe de la circunscripción, Martín Lozada. En caso de que Lozada se ausente, los fiscales denunciantes tendrán como referencia al Fiscal General en Viedma, nunca a Cendón.

En cuanto a la dimensión penal del caso, se designó a un Fiscal Jefe de Viedma para que investigue la situación, siguiendo el procedimiento habitual cuando se denuncia a un funcionario de la localidad.

El Consejo de la Magistratura sesionó en Bariloche el 17 de septiembre con la presencia de la jueza Cecilia Criado, el Procurador General Jorge Crespo, representantes de la Legislatura y abogados de las distintas circunscripciones. Sin embargo, debido a que durante la sesión ingresaron nuevos escritos con denuncias ampliadas, los miembros decidieron por unanimidad postergar cualquier decisión. Se dio intervención a la Auditoría General para la elaboración de un informe técnico que permita avanzar con el procedimiento correspondiente.

Un dato relevante es que Cendón aún no ha sido notificada formalmente de ninguna de las denuncias, ya que el Consejo de la Magistratura no ha instruido el sumario correspondiente. Esta situación ha intensificado el clima laboral hostil, según advirtieron los denunciantes, quienes expresaron su preocupación por la presión ejercida sobre los testigos que continúan trabajando bajo la órbita de la fiscal jefe en el mismo edificio.

La intervención de la APDH Regional Bariloche añade una dimensión de derechos humanos al conflicto institucional, poniendo el foco en la necesidad de protección efectiva para los trabajadores que denuncian situaciones de violencia laboral y cuestionando la respuesta de los organismos específicamente creados para prevenir y actuar ante estos casos en el ámbito del Poder Judicial de Río Negro.