Por: Bache3000

"Es realmente insólito que la Provincia ponga 10 millones de pesos para hacer una consulta de cosas que ya puede hacer, y no gaste ni un solo peso en remediar el vertedero, o hacer las obras para el acceso al agua potable de los barrios del sur", manifestó Wallace con indignación.

La edil se refirió al convenio firmado el pasado 29 de agosto entre el gobierno provincial, representado por el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, y el intendente municipal Walter Cortes. El acuerdo establece que la Provincia aportará recursos para realizar un referéndum popular el próximo 9 de noviembre, donde los ciudadanos deberán pronunciarse sobre temas de competencia municipal.

Según consta en el proyecto de ordenanza 45125, recientemente ingresado al Concejo Municipal, la Provincia se compromete a entregar materiales electorales, brindar servicio de custodia y aportar una suma no reintegrable de diez millones de pesos para el pago de autoridades de mesa. Esta cifra equivale a veinte mil pesos por cada ciudadano que efectivamente participe del acto comicial, en concepto de compensación e incentivo para las quinientas autoridades de mesa previstas.

Wallace cuestionó las prioridades del gobierno provincial y municipal. Mientras se destinan millones a una consulta sobre facultades que el municipio ya posee según su carta orgánica, problemáticas urgentes como la contaminación del vertedero municipal y la falta de acceso al agua potable en los barrios del sector sur de la ciudad continúan sin presupuesto asignado.

"Estamos hablando de necesidades básicas. El agua potable es un derecho humano fundamental y tenemos vecinos que no pueden acceder a ella. El vertedero es un problema ambiental y sanitario que nos afecta a todos. Pero en lugar de invertir en soluciones concretas, se gastan millones en una consulta innecesaria", agregó la concejal.

El convenio también establece que la Provincia proveerá elementos como urnas, lapiceras, cintas adhesivas y fajas de seguridad, además del servicio de impresión de padrones y material electoral. Todo esto para una consulta que, según Wallace, carece de sentido práctico dado que el municipio no requiere autorización ciudadana para ejercer las competencias sobre las que se preguntará.

La polémica se suma a los cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos en un contexto donde los reclamos vecinales por servicios básicos se multiplican. Los barrios del sur de Bariloche llevan años demandando obras de infraestructura para acceso al agua potable, mientras que la situación del basural municipal representa una amenaza constante para la salud pública y el medio ambiente.

"Diez millones de pesos podrían significar un avance real en las obras que la gente necesita. Podrían ser pozos, cañerías, plantas de tratamiento. Podrían ser acciones concretas para remediar el vertedero. Pero se van a gastar en una consulta política que no resuelve nada", concluyó Wallace, quien adelantó que desde su banca en el Concejo Municipal seguirá exigiendo que los recursos se destinen a obras prioritarias y no a "operaciones políticas disfrazadas de participación ciudadana".

El referéndum popular se llevará, a cabo el 9 de noviembre próximo (si es que no es frenado por el STJ). En un intento por reducir costos operativos, el municipio pidió aistencia a provincia. Sin embargo, la inversión provincial de diez millones de pesos ha generado un debate sobre el uso eficiente de los fondos públicos en momentos en que las demandas sociales básicas permanecen insatisfechas.