Por: Bache3000

Bariloche, hoy. El expediente VI-00036-O-2025 llega al Superior Tribunal de Justicia con la pesadez de una bola de nieve que arrastra todo: 25 millones de pesos para una cooperativa de vivienda que reparte volantes, más millones en boletas que nadie quiere, más millones en abogados contratados para defender lo indefendible, más el tiempo de un Estado que gira en falso mientras su intendente juega a ser el pueblo.

Walter Cortés, el sindicalista que llegó a la intendencia con apenas el 19,6 por ciento de los votos en 2023, inventó un referéndum de diez preguntas para saltarse al Concejo Deliberante. Así, sin más: una resolución y listo, a votar. Que si Uber sí o Uber no, que si se le paga o no se le paga a los dirigentes del Soyem, que si se le regala o no un restaurant a los veteranos de Malvinas, que si ecotasa, que si natatorio, que si pinos o nativas. Diez preguntas para el 9 de noviembre, dos semanas después de las elecciones nacionales, cuando todos estarán hartos de votar. Obligatorio, además. Y si no vas, multa: una bolsa de cemento. Porque la democracia es así, parece, te la cobran en materiales de construcción.

El problema es que el intendente se inventó una democracia directa que no existe. O que existe sólo en su cabeza y en la de sus asesores, esos que pagamos todos. Porque la Carta Orgánica de Bariloche dice en su artículo 163 que el gobierno municipal puede consultar al electorado por medio de referéndum, pero en el artículo 38 dice clarito que corresponde al Concejo Deliberante determinar qué asuntos ameritan esa consulta. Cortés leyó el 163 y se salteó el 38. O lo leyó y decidió que no iba con él.

Entonces hizo lo que hace siempre: cuando la Carta Orgánica le conviene, la usa; cuando no, la ignora. Y cuando le ponen freno en el Concejo, dice que el Concejo es burocrático, que la gente necesita soluciones ya, no dentro de cuatro años, que esto es democracia directa, que el pueblo manda. El pueblo, claro. Ese pueblo al que Cortés dice representar pero que en realidad usa como ariete contra las instituciones que no se le arrodillan.

Porque acá no se trata de democracia. Se trata de poder. De un intendente que ganó con menos del veinte por ciento y ahora quiere legitimar con un referéndum todo lo que el Concejo le cuestiona o le modifica. Es más: congela los proyectos en estado parlamentario hasta después de la consulta. Así, sin más. Porque él decidió que ahora manda el pueblo, no los concejales electos. Y el pueblo, bueno, el pueblo es él.

Los concejales opositores se cansaron. Facundo Villalba, Roxana Ferreyra, Samanta Echenique, Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten: todos de distintos bloques, todos hartos. Le pidieron al Superior Tribunal de Justicia que declare el conflicto de poderes. Y el procurador general de la provincia, Jorge Crespo, les dio la razón. Su dictamen es implacable: el intendente se excedió, invadió facultades del Concejo, violó la Carta Orgánica. Pide que se anulen las tres resoluciones con las que Cortés convocó al referéndum. Las resoluciones 1453-I-2025, 1459-I-2025 y 1489-I-2025. Todas nulas, dice Crespo. Todas dictadas en exceso de competencias.

El dictamen llega justo hoy, 6 de octubre. A un mes del referéndum. En plena campaña electoral nacional. Y ahí está Cortés, contando con que ser aliado de Alberto Weretilneck lo salvaría una vez más. Contando con que el poder se cuida entre los suyos. Pero Crespo le puso un límite. Le dijo que no alcanza con hacerse pasar por democrático para serlo. Que la democracia es un acuerdo, un respeto por la ley y las instituciones. Que no podés convocar a un referéndum por resolución cuando la ley te pide una ordenanza. Que no podés preguntarle al pueblo sobre diez temas distintos cuando el precedente de 2009 —aquel referéndum sobre el supermercado Chango Más— se hizo con una sola pregunta, convocado por ordenanza del Concejo. Que la forma importa, que el procedimiento importa, que las instituciones importan.

Pero mientras tanto, el dinero corre. Veinticinco millones de pesos para la Cooperativa 19 de Octubre, una cooperativa de vivienda que nunca hizo capacitación ciudadana en su vida. La contrataron para que instale mesitas en las esquinas, reparta panfletos, explique las diez preguntas. Gente con pecheras identificatorias, dicen. Como si fuera una campaña política. Que lo es, claro, aunque se disfrace de educación cívica. La concejal Laura Totonelli pidió explicaciones: qué hace una cooperativa de vivienda cobrando 25 millones por repartir volantes. Y la respuesta fue el silencio. O peor: la cooperativa salió a la calle y la gente les cerró la puerta. Bronca y apatía, dicen los que fueron. Nadie quiere hablar del referéndum. Nadie entiende para qué sirve votar sobre cosas que ya están en el Concejo.

Más millones en boletas. Más millones en logística. Ocho millones en folletería, calculan. Más la campaña radial. Más el convenio con Mi Bus para llevar gente a votar. Más la Junta Electoral Municipal, que aprobó todo sin chistar, aunque después tuvo que suspender el cronograma por las impugnaciones. Más los abogados. Porque Cortés contrató abogados. Muchos. Para defenderse de los concejales, del Soyem, de los taxistas, de todos los que le ponen freno. Un abogado porteño por 350 mil dólares para un juicio que ni siquiera existe. Diez abogados municipales más la asesora legal. Y aún así, más contratos. Porque cuando te metes en líos, necesitás gente que te saque. Y los líos, con Cortés, no paran.

Mientras tanto, Roxana Ferreyra dice que con esa plata se podrían asfaltar cuadras. Que Bariloche necesita obra, no referéndums. Que el Alto, esos barrios donde Cortés ganó las elecciones, donde vive su gente, lejos del glamour de la postal turística, necesitan calles, no consultas populares. Pero Cortés insiste. Dice que es democracia. Que el pueblo tiene que decidir. Que la burocracia del Concejo traba todo.

La definición de Crespo llega en un momento clave: antes de las elecciones nacionales para diputados y senadores. Cortés contaba con que Weretilneck lo cubriría. Y Weretilneck no lo hizo. Sus concejales Juan Pablo Ferrari, Natalia Almonacid y Laura Totonelli se pegaron al oficialismo, pero también se diferenciaron en algunos momentos. Weretilneck confirmó su adhesión al referéndum publicamente. Pero la justicia es otra cosa. Y Crespo le dice a Cortés que no basta con tener amigos en el poder. Que la ley es la ley. Que el Concejo Deliberante también fue electo por los barilochenses. Que no podés pasarte las instituciones por donde no da el sol porque te parece que la gente te banca.

Ahora el Superior Tribunal tiene que ratificar o no el dictamen de Crespo. Tiene que decidir si el referéndum sigue o se cae. Si Cortés puede seguir jugando a la democracia directa o si alguien le pone un freno. Si los 25 millones a la cooperativa, los millones en boletas, los millones en abogados, todo ese aparato montado con plata pública para sortear al Concejo, se va a la basura.

Porque de eso se trata. De plata pública usada para eludir las instituciones. De un intendente que confunde la democracia con el capricho. De un Estado que gira en falso mientras su jefe comunal juega a ser el pueblo. De una convocatoria que no sólo peca de desconocimiento y soberbia, sino que usa las estructuras del Estado para distorsionar su función, sus objetivos. Que le hace perder tiempo a todos los que pagan impuestos, a todos los que ponen su trabajo para que un Estado funcione.

Y ahí está la clave: la gente votó. Votó concejales, votó intendente. Votó instituciones. Y votó un plan de gobierno, y un contrapeso de poder. Y esas instituciones tienen que funcionar. El Concejo existe para algo. La Carta Orgánica existe para algo. Las ordenanzas existen para algo. No podés saltártelas porque te resultan incómodas. No podés convocar a un referéndum por resolución cuando la ley te pide una ordenanza. No podés meter diez preguntas cuando el precedente marca una. No podés inventarte la democracia que te conviene.

Le guste a Cortés o no, la democracia no es sólo votar. Es respetar las instituciones. Es aceptar que el Concejo también representa a la gente. Que los concejales también fueron electos. Que las leyes importan. Que el procedimiento importa. Que no todo vale con tal de conseguir lo que querés.

El dictamen de Crespo es claro. El conflicto de poderes existe. El intendente se excedió. Las resoluciones son nulas. Ahora falta que el Superior Tribunal lo ratifique. Que señale los alcances del fallo. Que le diga a Cortés que la democracia no se hace a golpe de resoluciones. Que el Estado no es tu juguete. Que la plata pública no es para bancar tus ocurrencias.

Será justicia. O no. Pero el expediente está ahí. VI-00036-O-2025. Un número más en el laberinto judicial. Una causa más en el debe de un intendente que confunde gobernar con imponer. Que cree que la democracia es él. Y que se está comiendo, de a poco, las instituciones que debería respetar.