Por: Bache3000

El edil de Primero Río Negro, Facundo Villalba, cuestionó duramente al intendente Walter Cortés tras el dictamen del procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, que recomendó al Superior Tribunal de Justicia anular el referéndum convocado para el 9 de noviembre. El concejal opositor señaló que el jefe comunal debería enfocarse en solucionar los problemas reales de la ciudad en lugar de seguir generando conflictos institucionales.

El procurador provincial dictaminó este lunes que las tres resoluciones firmadas por Cortés para convocar el referéndum fueron dictadas "en exceso de competencia", al invadir facultades propias del Concejo Deliberante. El organismo recomendó declarar la nulidad de las resoluciones y resolver el conflicto a favor del Concejo, reafirmando su rol institucional en la definición de los temas que pueden someterse a consulta ciudadana.

Villalba, quien fue uno de los cinco concejales que impulsaron la acción judicial contra el referéndum, consideró que el dictamen del procurador confirma lo que la oposición viene denunciando desde julio: que el intendente se extralimitó en sus funciones y violó la Carta Orgánica Municipal al intentar convocar unilateralmente a una consulta popular sobre diez preguntas sin el aval del Deliberante.

"Cortés debería ponerse a trabajar en las soluciones que la ciudad necesita y no tanto a pelear con todos", expresó el edil. Villalba afirmó que el intendente ha convertido su gestión en una serie de enfrentamientos permanentes que paralizan la ciudad, en lugar de dedicarse a resolver los problemas concretos que afectan a los barilochenses.

El concejal remarcó que el conflicto escaló a un nivel inédito cuando el referéndum terminó generando tensiones incluso con los propios aliados políticos del intendente. "Ahora hasta se pelea con sus aliados de Juntos Defendemos Río Negro", señaló Villalba, haciendo referencia a que varios concejales del bloque Juntos Somos Río Negro, espacio con el que Cortés selló un acuerdo electoral para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, también cuestionaron el procedimiento seguido por el Ejecutivo y aprobaron en el Concejo una reglamentación del referéndum que contradice lo actuado por el intendente.

La crítica de Villalba apunta a que el intendente ha multiplicado los frentes de conflicto: enfrenta al Concejo Deliberante, tiene disputas con el sindicato municipal SOYEM, fue rechazado judicialmente en su intento de avanzar con el referéndum sin respaldo legislativo, y ahora genera roces con sectores que formalmente lo acompañan en la alianza provincial. Todo esto mientras la ciudad sigue esperando respuestas concretas sobre temas estructurales como el estado de las calles, la crisis habitacional y los servicios públicos.

"Nos están llevando al caos y a la paralización de la ciudad", advirtió el edil opositor. Para Villalba, el referéndum fue desde el inicio una maniobra para eludir el trabajo político en el Concejo, donde el oficialismo no tiene mayoría automática y debe negociar. El resultado, según el concejal, es que los proyectos que necesita la ciudad quedan trabados mientras el Ejecutivo desgasta su energía en peleas institucionales.

El concejal fue especialmente duro al referirse al costo económico de la fallida convocatoria a referéndum. Distintos concejales habían estimado que todo el operativo, con autoridades de mesa, impresión de boletas y despliegue de urnas, podría demandar entre 120 y 150 millones de pesos. "Todos los gastos al pedo del referéndum los tiene que pagar el intendente de su bolsillo, así aprende a no hacer locuras y creerse Nerón", sentenció Villalba, comparando la actitud del jefe comunal con la del emperador romano conocido por su megalomanía y su desconexión con las necesidades del pueblo.

Además, indicó que también debe hacerse cargo de los 25 millones que tiró a la basura para que una cooperativa que no tiene nada que ver con capacitación cívica, cobre para dar volantes de un comicio que probablemente no se realice. "Todo con plata de los vecinos, y con una supuesta crisis financiera del municipio".

El edil de Primero Río Negro sostuvo que Cortés debería asumir personalmente el costo de los gastos ya realizados en la organización del referéndum, como una forma de hacerse responsable por haber impulsado un procedimiento que no tenía sustento legal y que contó desde el principio con múltiples objeciones tanto políticas como jurídicas.

El conflicto se inició cuando el intendente firmó en julio las resoluciones 1453-I-2025, 1459-I-2025 y 1589-I-2025, convocando a los vecinos a votar sobre diez preguntas vinculadas a políticas públicas locales. Entre los temas figuraban la creación de un plan solidario de obras viales (algo que ya se paga), la autorización para que operen plataformas de transporte como Uber o Cabify, la implementación de una contribución turística, la continuidad del natatorio olímpico y la prórroga de la emergencia habitacional, entre otros.

El Concejo Deliberante impugnó de inmediato esas resoluciones, argumentando que Cortés había invadido competencias que la Carta Orgánica Municipal reserva de manera exclusiva al órgano legislativo. Finalmente, la Procuración les dio la razón. En su dictamen, el organismo provincial señaló que "la única interpretación que cabe al juego armónico de las normas involucradas es que la competencia de convocar a un Referéndum Popular le es inherente al Concejo Deliberante".

Ahora el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro deberá resolver el conflicto antes del 9 de noviembre, fecha en la que estaba prevista la consulta popular. Si el máximo tribunal provincial sigue la línea del procurador, el referéndum quedará definitivamente anulado, consolidando una de las derrotas políticas y jurídicas más importantes de la gestión de Walter Cortés desde que asumió como intendente en 2023.

Los cinco concejales que impulsaron la acción judicial son Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten del bloque Incluyendo Bariloche, Facundo Villalba de Primero Río Negro, Roxana Ferreyra de Nos Une Río Negro y Samanta Echenique de Juntos por el Cambio. Notoriamente, los ediles de Juntos Somos Río Negro no adhirieron a la presentación judicial, aunque sí votaron en el Concejo una ordenanza que reglamenta el referéndum de manera que contradice el procedimiento seguido por el intendente.