Por: Bache3000

La comisión de Gobierno y Legales del Concejo Municipal avanzó este martes con la inicitiva del edil Facundo Villaba que busca implementar exámenes psicofísicos obligatorios y narcotest para todos los funcionarios de la planta política municipal. 

Durante la comisión que preside Tomás Hercingonja, Villalba defendió su proyecto afirmando que se realizaron modificaciones técnicas para fortalecer la confidencialidad de los estudios y de las declaraciones juradas que deberán presentar los funcionarios.

El concejal opositor no escatimó críticas al oficialismo, al que acusó de haber tomado la propuesta "de forma muy jocosa y no con la seriedad que corresponde" cuando fue presentada inicialmente. En un alocución, el concejal, que además es candidato a diputado nacional por Primero Río Negro, enumeró una serie de casos de funcionarios políticos que han sido imputados en diferentes hechos, y se preguntó si no resultaba necesario avanzar con controles de aptitud física y mental para quienes ocupan cargos de responsabilidad en el Estado municipal.

"Estamos teniendo una catarata de situaciones extrañas que no deberían suceder en ningún ambiente laboral, y mucho menos en un municipio", señaló Villalba con evidente preocupación. El edil afirmó que todos estos hechos están convirtiendo a la municipalidad en "un lugar peor" y remarcó que la sociedad ya no tolera ciertas conductas, exigiendo transparencia y funcionarios que estén a la altura de las circunstancias.

Para reforzar su argumento, el concejal hizo referencia a un episodio reciente que tuvo repercusión pública: "durante el fin de semana previo a la sesión de comisión, trascendió la noticia de un candidato a diputado nacional que debió correrse de la lista electoral debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico". "Hay cosas que la sociedad no tolera más", enfatizó Villalba, poniendo en el centro del debate la necesidad de controles más estrictos sobre quienes acceden a funciones públicas.

Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la incorporación de la licencia sin goce de haberes como medida aplicable a aquellos funcionarios que no cumplan con el apto psicofísico requerido. Villalba defendió esta disposición aclarando que no se trata de una sanción punitiva, sino de una consecuencia lógica ante la falta de condiciones para ejercer la función pública. "El Estado no es una beca, no es un lugar para venir a hacer una pasantía", sentenció el concejal.

En cuanto a las críticas recibidas por su línea comunicacional y el tono confrontativo de sus intervenciones, Villalba se mostró firme y respondió que no tiene intenciones de bajar el perfil de sus cuestionamientos. "Con respecto a la línea comunicacional no se preocupen, que yo soy fuerte con los fuertes que muchas veces nos pasan por encima en el Concejo y en muchos lados", advirtió el edil, anticipando que mantendrá su postura crítica frente a quienes considera que abusan de su posición de poder.

El debate en la comisión de Gobierno y Legales evidenció las profundas diferencias que existen en el cuerpo deliberativo respecto de cómo abordar la cuestión de los controles sobre funcionarios públicos. La ordenanza 165/24 ahora deberá continuar su trámite parlamentario y se espera que el debate se replique con similar intensidad y donde cada bloque deberá definir su posición frente a una propuesta que pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre la ética pública, la transparencia gubernamental y los mecanismos de control sobre quienes ejercen funciones de responsabilidad en el Estado municipal.