Por: Bache3000

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche contrató a la Cooperativa de Vivienda, Consumo, Servicios Públicos y Otros Servicios Sociales "19 de Octubre" por 25,8 millones de pesos para realizar tareas de capacitación ciudadana en el marco del referéndum convocado para el 9 de noviembre. El convenio, formalizado mediante la Resolución N° 00002092-I-2025 del Departamento Ejecutivo municipal, estableció un pago único para que la cooperativa se encargara de informar a la población sobre la consulta popular impulsada por el intendente Walter Cortés.

La particularidad del caso no pasó desapercibida para la oposición: la cooperativa contratada tiene su domicilio fiscal en la calle Rubén Fernández 3355 del barrio Omega y su actividad principal es la gestión de soluciones habitacionales. Según declaraciones de su titular, Amalia Saavedra, la cooperativa se encuentra trabajando en el plano de libre acción de la tierra y el amojonamiento del predio para avanzar en la construcción de viviendas para sus asociados, una actividad que no guarda relación alguna con la capacitación ciudadana o la educación cívica.

La concejal Laura Totonelli del bloque JSRN presentó un extenso pedido de informes cuestionando la idoneidad de la cooperativa y su capacidad operativa. En su presentación del 22 de septiembre, la edil solicitó conocer la experiencia específica de la cooperativa en materia de formación ciudadana, participación democrática o procesos electorales, además de requerir el listado completo de las diez personas que se desempeñarían como capacitadoras, sus credenciales y los criterios utilizados para su selección.

El trabajo asignado a la cooperativa consistió en instalar mesas informativas en distintos puntos de la ciudad y distribuir folletería sobre la consulta popular. Las personas contratadas se negaron sistemáticamente a brindar declaraciones a la prensa, escudándose en restricciones impuestas por el municipio. Uno de los trabajadores describió la recepción ciudadana con crudeza: "La mitad no sabe realmente para qué estamos acá. Hay muchos comentarios negativos por mero hecho de la imagen del municipio, porque piensan que incluso somos de La Libertad Avanza". Las respuestas que recibían en la calle eran lapidarias: bronca y apatía, una combinación que evidencia el fracaso de la estrategia comunicacional pese a la millonaria inversión.

Mientras tanto, existe en Argentina una organización con más de cuatro décadas de experiencia en educación ciudadana que realiza tareas similares de manera gratuita. La Asociación Conciencia, fundada en 1982 en vísperas de la restauración democrática, es una asociación cívica no partidaria y sin fines de lucro dedicada a la educación en valores y la participación ciudadana. Con 29 sedes distribuidas en todo el país y más de 2000 voluntarios activos, la organización desarrolla programas de formación para el ejercicio activo de la ciudadanía.

Conciencia tiene como misión despertar en las personas la conciencia de su condición de ciudadanos, transmitiéndoles ideales democráticos y republicanos. Sus programas incluyen talleres participativos donde la información y el diálogo son piedras angulares de una metodología reconocida por su efectividad. La organización trabaja en todo el país respondiendo a las necesidades locales de cada comunidad, con actividades que buscan transmitir valores como responsabilidad, compromiso, tolerancia, honestidad, transparencia, respeto y coherencia.

Entre sus múltiples programas, Conciencia desarrolla específicamente actividades de educación ciudadana. El programa "Uniendo Metas", que utiliza la metodología de los Modelos de Naciones Unidas, se implementa en más de 21 localidades para promover el ejercicio de un liderazgo positivo en jóvenes de escuela secundaria. La organización también lleva adelante iniciativas como "Yo tengo poder", dirigido a estudiantes de 12 a 15 años para ayudarlos a asumir compromisos y tomar decisiones, y el "Proyecto Ciudadano", que promueve la participación con los gobiernos.

Todos estos programas de Conciencia se realizan de manera gratuita, basándose en el trabajo de voluntarios comprometidos con la participación ciudadana. La organización no cobra por sus capacitaciones en educación cívica, considerando que estas actividades forman parte de su misión fundacional de fortalecer los valores democráticos y republicanos en la sociedad argentina.

El contraste entre ambas situaciones resulta evidente: mientras Conciencia ofrece capacitación ciudadana profesional y gratuita en todo el país con décadas de experiencia, la Municipalidad de Bariloche destinó 25,8 millones de pesos a una cooperativa de viviendas sin antecedentes comprobables en el área de formación ciudadana para realizar tareas básicas de difusión que generaron rechazo en la población.

La polémica adquiere una dimensión adicional considerando que el referéndum mismo está cuestionado judicialmente. La Procuración General de Río Negro emitió un dictamen haciendo lugar a la presentación de los concejales opositores y recomendando al Superior Tribunal de Justicia declarar la nulidad de las resoluciones del Ejecutivo que efectivizarían la consulta popular.

El dictamen de la Procuración señala que el artículo 38, inciso 14, de la Carta Orgánica Municipal es claro al establecer que corresponde al Concejo Municipal "someter los casos que correspondan a Referéndum Popular", una atribución que responde a la necesidad de preservar el rol institucional del Concejo como órgano encargado de definir qué cuestiones deben ser sometidas a consulta ciudadana. "La única interpretación que cabe al juego armónico de las normas involucradas es que la competencia de convocar a un Referéndum Popular le es inherente al Concejo Deliberante", sostiene el dictamen.

Los concejales Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten, Facundo Villalba, Roxana Ferreyra y Samanta Echenique, de diferentes bloques políticos, presentaron la demanda ante el Superior Tribunal de Justicia argumentando que el intendente Cortés había invadido competencias exclusivas del órgano legislativo local al convocar el referéndum mediante simple resolución del Ejecutivo. Wallace advirtió que el conflicto de poderes entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo existe, alertando al intendente de que se abstenga de realizar erogaciones públicas hasta tanto se defina la suerte del referéndum.

El caso ha generado una controversia que va más allá de lo político. Mientras el referéndum permanece judicializado y con dictamen contrario de la Procuración, ya se gastaron 25,8 millones de pesos en una contratación cuestionada por su pertinencia, su efectividad y la idoneidad de la organización seleccionada. La ciudadanía barilochense quedó en medio de una situación paradójica: desconoce mayormente el referéndum que se pretendía promover, rechaza a los promotores contratados a quienes confunde con militantes partidarios, y desconoce que existen organizaciones con décadas de experiencia que realizan gratuitamente el trabajo por el cual se pagó una cifra millonaria.

La decisión final sobre la viabilidad del referéndum quedará en manos del Superior Tribunal de Justicia, que deberá resolver si las resoluciones municipales que le dieron marco legal deben ser anuladas por haber sido dictadas en exceso de sus competencias. Mientras tanto, los 25,8 millones de pesos ya fueron comprometidos en un convenio que ejemplifica las tensiones entre discrecionalidad administrativa, responsabilidad fiscal y la existencia de alternativas más eficientes para el cumplimiento de objetivos de interés público.

Todo, sin contar los gastos en abogados, procesos administrativos, boletas, organización, y dilación en temas que podrían resolverse a través de canales que ya existen, y sin el gasto millonario.