Por: Martín Pargade

La situación se agravó en los últimos meses cuando comenzaron a llegar botes desde otras zonas, cuyos propietarios decidieron abandonar los clubes náuticos donde los tenían guardados para aprovechar tarifas más económicas que ofrece un particular que estaría lucrando con la operación irregular. Todo esto sin contar con las autorizaciones ni los permisos correspondientes, y sin medidas de prevención ambiental.

El impacto ecológico es considerable. Según denunció el vecino que activó las presentaciones legales, las embarcaciones descargan sus baños químicos directamente al lago al zarpar. Pero el problema va más allá de la contaminación superficial. Los amarres permanentes, conocidos como "muertos" —bloques de cemento hundidos con cadenas y boyas—, generan turbulencia constante en el fondo de la bahía debido al movimiento de los barcos. Esta zona profunda es precisamente donde confluyen múltiples bombas de agua que abastecen a gran parte de la península.

Las consecuencias ya son visibles: el agua extraída para consumo está saliendo turbia y con impurezas. Los vecinos de toda la zona están tomando agua de peor calidad debido a esta situación irregular que nadie controla.

La fauna nativa también sufre las consecuencias. En ese sector hay colonias de pancoras (langostas de agua dulce) que construyen sus madrigueras para reproducirse. La turbulencia permanente causada por los amarres está impidiendo que estos crustáceos completen su ciclo reproductivo, poniendo en riesgo a esta especie característica de los lagos patagónicos.

La denuncia se realizó a título personal, sin intermediación de partidos políticos ni de la junta vecinal, pero cuenta con el respaldo de la organización Árbol de Pie, que firmará las presentaciones formales. El denunciante, que documentó la situación con fotografías de las embarcaciones, busca ahora amplificar el caso a través de distintos medios de comunicación.

El próximo martes está prevista una reunión con una ingeniera y referentes de Capri para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, las preguntas quedan flotando sobre el lago: ¿Cómo pudo crecer tanto esta operación sin que Parques, el municipio o Prefectura realizaran los controles correspondientes? ¿Quién es el responsable de este emprendimiento que pone en riesgo el agua potable de centenares de familias? ¿Cuánto tiempo más seguirán las autoridades sin actuar?