Por: Bache3000

Antes de dictar esta resolución, el magistrado mantuvo al menos dos audiencias con personal del Conicet, según confirmaron fuentes vinculadas al caso. En esos encuentros participó Celeste Rato, directora del Centro Científico Tecnológico (CCT), quien es la encargada de representar institucionalmente al organismo en esta causa. Los amparistas destacaron que los puntos solicitados en la pericia son relativamente sencillos y se centran en aspectos de gestión del vertedero, sin incluir estudios complejos de suelo, aire o agua.

La investigación estará a cargo del Conicet, que deberá presentar un informe detallado en un plazo de 20 días. Los expertos tendrán que analizar si existe contaminación en el suelo y el ambiente, evaluar el estado de las celdas donde se depositan los residuos y verificar si hay tratamiento de los líquidos lixiviados que genera el basural. También deberán mapear los accesos formales e informales al vertedero y revisar el funcionamiento de los sistemas de seguridad.

Uno de los puntos más críticos que deberá esclarecer el peritaje es la cantidad de incendios registrados en el CRUM desde 2019 hasta la actualidad, así como sus posibles causas. El magistrado también solicitó que se determinen las medidas necesarias para evitar una mayor contaminación del sitio.

Paralelamente, la justicia dio un ultimátum a la Municipalidad de Bariloche con un pedido de informes considerado exhaustivo. El gobierno local tiene 10 días para presentar información crucial bajo apercibimiento de resolver la causa sin más trámite. Quienes siguen de cerca el proceso anticipan que el municipio podría no contar con algunos de los datos requeridos, lo que añade incertidumbre sobre cómo responderá el ejecutivo a los requerimientos judiciales.

Entre los datos exigidos figura el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) vigente y un detalle de las tareas que se están cumpliendo en relación al mismo. El municipio deberá informar si realiza quemas de residuos sólidos urbanos o forestales y qué medidas de control implementa para evitar incendios. También tendrá que detallar con qué maquinaria cuenta para el tratamiento de residuos, si existe un registro diario de los desechos que ingresan al CRUM y cómo se procesan.

La justicia exige además conocer el funcionamiento de los puntos verdes de la ciudad, su ubicación y frecuencia de recolección. Otro aspecto que deberá aclarar la comuna es el manejo de líquidos lixiviados, la impermeabilización de suelos, las zanjas de drenaje y la gestión de aguas pluviales, todos elementos clave para prevenir la contaminación.

En materia de prevención de incendios, el municipio deberá informar cuántos extintores, hidrantes y cortafuegos tiene disponibles, así como la cantidad de columnas de venteo actualmente operativas en el CRUM. El informe anual que por ley debe presentarse ante el Concejo Deliberante, describiendo tipo, volumen y cantidad de materiales recolectados y reutilizados desde 2019, también forma parte de la documentación exigida.

La resolución judicial refleja una creciente preocupación por la situación ambiental del basural, que ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de vecinos y organizaciones ambientalistas. El amparo colectivo busca garantizar el derecho a un ambiente sano y exigir el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

Las partes involucradas en el proceso tienen ahora 10 días para ofrecer y readecuar las pruebas que consideren necesarias. La causa avanzará en las próximas semanas con la presentación de los informes requeridos y el peritaje del Conicet, que será determinante para establecer responsabilidades y definir las acciones futuras que deberá implementar el municipio para resolver la problemática del tratamiento de residuos en la ciudad.