Por: Bache3000

Un hombre fue imputado este lunes por haber vendido un vehículo que había entregado como resguardo de un préstamo en dólares, una maniobra que según la acusación fiscal perjudicó económicamente a las personas que le habían confiado el dinero.

Los hechos investigados se remontan al 1 de abril de 2025, cuando las denunciantes otorgaron al acusado un préstamo superior a los 10.000 dólares en efectivo, respaldado por un convenio de reconocimiento de deuda y un formulario 08 firmado ante escribana pública que establecía como garantía un vehículo de su propiedad, con fecha de devolución fijada para el 15 de abril de 2025.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía explicó que al llegar la fecha acordada el imputado no restituyó el dinero prestado y comenzó a evadir el contacto con las prestamistas. Posteriormente, y pese a haber cedido previamente el vehículo en favor de las acreedoras, procedió a venderlo, frustrando así los derechos que las denunciantes tenían sobre el bien y generando el perjuicio económico que motivó la intervención judicial.

La acusación se sustenta en una serie de elementos probatorios que incluyen el convenio de deuda, el formulario 08 con las firmas correspondientes ante escribana, informes de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor, cartas documento, mensajes y demás documentación incorporada durante la investigación preliminar.

Por su parte, la Defensa Pública Penal manifestó haber tenido acceso a todas las pruebas producidas hasta el momento y reconoció que se encontraban reunidos los requisitos legales para habilitar la formulación de cargos. La defensora adjunta no se opuso al plazo de investigación propuesto por la fiscalía, aunque dejó en claro que la defensa trabajará en una teoría del caso diferente a la planteada por la acusación.

El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos contra el imputado por el delito de defraudación mediante desbaratamiento de derechos acordados, tipificado en el artículo 173, inciso 11, del Código Penal. Esta figura penal sanciona a quien, con el fin de defraudar, vende, grava o compromete bienes sobre los que pesa un derecho ajeno o una garantía otorgada, frustrando así los derechos de otra persona sobre esos bienes.

El magistrado dispuso un plazo de investigación que se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026, período durante el cual el acusado deberá mantener actualizado su domicilio y número telefónico bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de incumplimiento.