Por: Bache3000

Llevaba meses parado en la misma esquina, sirviendo choripanes a las dos de la tarde, cuando pasaban los empleados del banco, y también a las ocho de la noche, cuando salían del gimnasio. Nadie le había dicho nada hasta que un inspector le mostró una oblea con un código QR y le explicó que ahora todo estaba regulado, que había que pagar un canon mensual, que había ordenanzas y una resolución nueva. Él asintió porque no entendía mucho de leyes pero entendía que si no cumplía lo iban a sacar de ahí, y ese era su lugar, el único donde le compraban.

La resolución 2341 del municipio de Bariloche se publicó el trece de octubre y autoriza de manera excepcional el funcionamiento de las unidades móviles gastronómicas y las unidades móviles tiendas hasta septiembre del año que viene. Es una reglamentación de tres ordenanzas anteriores, la 1702, la 2914 y la 3120, que desde hace años intentan poner orden en algo que nunca tuvo orden: los carritos de comida, los puestos ambulantes, la gente que vende café o panchos o artesanías en la calle porque no tiene otro trabajo o porque eligió trabajar así.

La resolución dice varias cosas. Que hay que pagar un canon mensual calculado en módulos fiscales, que varía según la zona y según si es temporada alta o baja. Que hay que tener oblea identificatoria con código QR. Que hay que pagar la tasa por inspección, seguridad e higiene. Que la Dirección de Habilitaciones va a establecer los requisitos para registrarse. Todo eso está claro, o al menos está escrito.

Pero hay algo que no está claro en absoluto. El artículo segundo autoriza la creación de núcleos de servicios en espacios públicos determinados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano para que ahí se instalen las unidades móviles. El problema es simple y extraño a la vez: esa subsecretaría no existe. No existe en el organigrama actual del municipio. No hay ningún funcionario a cargo de esa área porque esa área no está.

Entonces la resolución le da una atribución importante a alguien que no existe. Le encomienda una tarea a un fantasma administrativo. Y nadie parece haberse dado cuenta o nadie quiso decir nada antes de firmar. Porque el intendente firmó, la secretaria legal y técnica refrendó, el secretario de hacienda también. Y quedó así, publicada, con un error que no es solo una errata sino un problema de fondo.

Las ordenanzas anteriores, las que esta resolución reglamenta, mencionaban distintas áreas responsables, pero ninguna hablaba de una Subsecretaría de Desarrollo Urbano con esas funciones específicas. La 2914 establecía criterios para la ubicación de las unidades móviles pero no delegaba esa decisión en un área que después desaparecería o que nunca existió con ese nombre. Lo que hace esta resolución es crear una obligación sin aclarar quién la va a cumplir.

En la práctica esto significa que los vendedores ambulantes que quieran instalarse en estos núcleos de servicios no saben a quién pedirle permiso. Que los inspectores que tienen que controlar no saben a quién reportarle. Que hay una figura jurídica, los núcleos de servicios, que quedó en el aire, sin un responsable concreto que los defina, los ubique, los administre.

Podría pensarse que es un detalle menor, que en algún momento alguien del municipio va a salir a aclarar que en realidad es otra subsecretaría la que tiene esa función, o que se va a modificar la resolución para corregir el error. Pero por ahora no hay ninguna aclaración. Y mientras tanto la norma está vigente, con su contradicción adentro, como si fuera posible que algo funcione cuando la persona encargada de hacerlo funcionar no existe.

El vendedor de choripanes sigue en su esquina. Ahora tiene una oblea con código QR pegada en el costado del carrito. Pagó el canon del mes por adelantado, entre el uno y el diez, como dice la resolución. Todavía no sabe si su lugar es un núcleo de servicios o no, ni quién se supone que tiene que decírselo.

(Dedicado al quinto Beatle).