Por: Bache3000

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche volvió a adjudicar una compra millonaria a F&J S.A.S., la misma empresa que protagonizó uno de los escándalos de contratación más resonantes de la gestión de Walter Cortés, cuando actuó en representación de Del Rey Automotores en la venta de una hormigonera que múltiples informes periciales determinaron como usada, pese a haberse pagado como nueva.

La resolución 2431-I-2025, fechada el 20 de octubre pasado, adjudica a F&J la provisión de cinco vehículos por 206.900.000 pesos, superando en casi 17 millones el presupuesto oficial de 190 millones que se había fijado para la licitación pública 003/25. Los fondos serán imputados a distintas áreas: servicio administrativo central, inspección municipal y obras particulares.

La firma con CUIT 30718215036 se inscribió en AFIP apenas días antes de aquella primera licitación donde Del Rey Automotores resultó adjudicataria de la compra de la hormigonera. Sin embargo, fue F&J quien operó materialmente en nombre de Del Rey, en una triangulación que ya entonces generó sospechas sobre la verdadera naturaleza de la operación. Ese equipo, destinado supuestamente a reforzar la capacidad operativa municipal, desató una investigación tras detectarse numerosas anomalías que ponían en evidencia su uso previo, contradiciendo las especificaciones del contrato que exigía maquinaria nueva.

Lo que agrava la situación es que los integrantes de F&J tienen una extensa lista de antecedentes penales por estafas, un dato que aparentemente no fue considerado al momento de habilitar su participación en licitaciones públicas ni ahora al volver a adjudicarle una compra millonaria.

Los informes periciales fueron contundentes. Los peritos detectaron desgaste en componentes críticos, evidencias de reparaciones anteriores, y alteraciones en elementos que delataban un uso prolongado previo a la entrega. También, componentes viejos. Sin embargo, el caso nunca avanzó hacia una resolución definitiva. El Tribunal de Cuentas, organismo encargado de controlar la legalidad de las operaciones del Estado , no emitió dictamen favorable ni desfavorable, dejando el expediente en una suerte de limbo administrativo que impidió tanto la sanción a los responsables como el recupero de los fondos públicos.

Ahora, esa misma empresa vuelve a ganar una licitación municipal, esta vez sin intermediarios. F&J compitió contra Autossan S.A. e Ital Rouen S.A., siendo seleccionada según argumenta la resolución por "el plazo de entrega y las características técnicas de los vehículos". El documento oficial señala que se elegirá una camioneta Fiat por ser "un modelo nuevo por lo que no es preciso comparar calidad con las otras marcas", mientras que para los vehículos sedan se optó por Volkswagen "por tener mayor robustez y mejor desempeño en caminos de ripio".

La adjudicación se concretó el 14 de octubre en la comisión de preadjudicación, y contempla la compra de distintos vehículos que serán distribuidos entre áreas municipales. Aunque la resolución no detalla las características específicas de las unidades, sí establece que el plazo de entrega fue uno de los criterios determinantes para la elección.

Lo que genera suspicacias es la reaparición de F&J como proveedora municipal directa cuando aún pesa sobre ella la sombra de irregularidades nunca esclarecidas y cuando sus integrantes cargan con antecedentes por estafas. La empresa, de la cual no se conocen antecedentes comerciales previos a su inscripción en el registro fiscal, logró posicionarse como contratista del municipio prácticamente desde su creación, un hecho inusual en un mercado donde habitualmente compiten firmas con trayectoria y estructura consolidada.

El expediente 048/25 que dio origen a esta nueva compra partió de pedidos de suministro formulados por distintas áreas municipales. Se invitó a cotizar a nueve empresas, pero solo tres presentaron ofertas en la fecha de apertura. F&J resultó finalmente elegida pese a superar el presupuesto oficial, una decisión que la resolución no fundamenta más allá de las consideraciones técnicas ya mencionadas.

Mientras tanto, el caso de la hormigonera permanece sin resolución. Los informes periciales que determinaron su condición de usada nunca derivaron en acciones concretas. No hubo devolución de fondos, no hubo sanciones, no hubo declaración de nulidad del contrato. El Tribunal de Cuentas, que debería actuar como última instancia de control, optó por el silencio, dejando que el tiempo vaya sepultando un expediente que involucra millones de pesos del erario público.

La pregunta que resuena es cómo una empresa cuyos integrantes tienen antecedentes por estafas pudo no solo participar sino ganar licitaciones municipales, primero operando en nombre de terceros y ahora directamente. Los mecanismos de control previo que deberían filtrar a proveedores cuestionables parecen haber fallado en ambas oportunidades.

La nueva adjudicación reabre interrogantes sobre los mecanismos de control en las contrataciones municipales y sobre la capacidad del Estado para prevenir que empresas cuestionadas continúen accediendo a licitaciones públicas. F&J vuelve a la mesa, esta vez por más de 200 millones de pesos, mientras el escándalo anterior sigue esperando un desenlace que parece cada vez más lejano y los antecedentes penales de sus responsables parecen no representar obstáculo alguno para seguir haciendo negocios con el Estado.