Por: Bache3000

Los ediles Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten, Roxana Ferreyra, Facundo Villalba y Samanta Echenique, representados por la abogada Griselda Ingrassia, expresaron su preocupación por el cronograma judicial que podría extender el plazo para el dictado de la sentencia hasta el viernes 7 de noviembre, apenas dos días antes de la fecha establecida para la consulta popular.

Según el planteo de los concejales, esta situación genera un escenario de gran incertidumbre para la ciudadanía respecto de si el referéndum finalmente se llevará a cabo o será cancelado. Además, advierten sobre el importante costo económico que representa para las arcas municipales organizar una consulta que podría ser declarada nula por la justicia cuando ya sea demasiado tarde para evitar el gasto.

El argumento central de la presentación sostiene que el intendente Cortes habría excedido sus atribuciones al convocar por sí mismo a un referéndum y proponer el temario de consulta, facultades que según la Carta Orgánica Municipal corresponden exclusivamente al Concejo Deliberante. Los concejales insisten en que esta decisión unilateral del jefe comunal viola el sistema republicano de gobierno y configura una nulidad absoluta.

En su escrito, los ediles destacan que esta posición ha sido respaldada por la Fiscalía de Estado en su dictamen dentro del expediente, lo que refuerza la verosimilitud de su planteo. Señalan que la Carta Orgánica es clara al establecer que el Concejo Municipal, como departamento deliberante, es el órgano facultado para someter casos a referéndum popular, mientras que al intendente solo le corresponde convocar a elecciones una vez que el cuerpo legislativo haya tomado esa decisión.

Los concejales advierten sobre la gravedad institucional que implicaría que el intendente no solo haya desconocido la autoridad del Concejo, sino que eventualmente pueda eludir el cumplimiento de un fallo judicial adverso simplemente por cuestiones de plazos procesales. Plantean que si la sentencia se emite el último día hábil antes del referéndum, podría resultar imposible notificarla y hacerla efectiva, lo que tornaría estéril el pronunciamiento del máximo tribunal provincial.

La solicitud de medida cautelar innovativa se fundamenta en que están dados los dos requisitos esenciales para este tipo de providencias: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora. Los concejales argumentan que ambos elementos resultan evidentes en este caso, ya que la celebración de un referéndum inconstitucional no solo vulnera el orden institucional sino que genera un gasto público innecesario que aún puede evitarse.

Como representantes del pueblo y garantes del estado municipal, los ediles solicitaron que en caso de otorgarse la medida cautelar no se les exija contracautela económica, sino solo una caución juratoria. Subrayan que actúan en defensa del ordenamiento institucional y que no existe un monto en discusión en el proceso.

La presentación cierra con un pedido enfático al Superior Tribunal para que emita una decisión que resuelva útilmente el conflicto de poderes declarado en septiembre pasado, otorgando previsibilidad al acto electoral convocado. Los concejales sostienen que la delicada decisión que debe adoptar el tribunal no puede quedar condicionada por los plazos impuestos por un acto que consideran arbitrario, ilegítimo e insanablemente nulo.

Con menos de tres semanas para la fecha prevista del referéndum, la tensión institucional en Bariloche se mantiene en aumento mientras la ciudadanía aguarda la definición judicial sobre un conflicto que enfrenta al poder ejecutivo con el legislativo municipal.