Por: Bache3000

Agustín Pignol atraviesa un calvario que combina burocracia, desprotección y lo que él describe como una estafa orquestada desde adentro del área de Desarrollo Social. Beneficiario de una vivienda social en el barrio Frutillar por su condición de discapacidad, este vecino de Bariloche esperaba un subsidio provincial que le permitiría hacer habitable su nueva casa. El dinero llegó a depositarse en su cuenta del Banco Patagonia, pero cuando fue a retirarlo, ya había desaparecido.

La historia comenzó cuando Pignol recibió la noticia de que había sido beneficiado con una vivienda a través de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro. Sin embargo, como suele ocurrir con estas entregas, la casa llegó sin los servicios básicos instalados. Para poder mudarse, necesitaba contratar a un matriculado que realizara las conexiones de gas y otros trabajos fundamentales. Consciente de que no podía afrontar esos gastos, solicitó ayuda a Desarrollo Social provincial.

Funcionarias del organismo, identificadas por Pignol como Eliana y María, se encargaron de gestionar el pedido. Le solicitaron presupuestos al matriculado, incluyendo datos personales completos del profesional: firma, dirección, si tenía cuenta bancaria. Todo parecía encaminarse hacia la solución cuando efectivamente llegó la respuesta positiva desde la gobernación: el subsidio había sido otorgado y depositado en su caja de ahorro.

Pero cuando Desarrollo Social le avisó que el dinero estaba disponible, Agustín fue al banco y descubrió que alguien ya lo había extraído. La firma que le mostraron posteriormente no se parecía a la suya, y el número de documento tampoco coincidía con la forma en que él habitualmente lo escribe. Alguien había suplantado su identidad con información que, según sostiene, solo manejaban las funcionarias provinciales que tramitaron el subsidio.

El invierno de 2024 lo pasó en condiciones durísimas. La plata con la que contaba para instalar el medidor de gas nunca llegó a sus manos. Ahora se entera, además, que a su nombre se pidieron dos calefactores a Desarrollo Social que tampoco recibió. Ningún matriculado quiere trabajar en su casa porque no tiene con qué pagarles, y él se encuentra atrapado en una vivienda que no puede habitar en condiciones dignas.

Según relata, lo más grave vino cuando intentó denunciar el hecho. La fiscal Betiana Cendón, directamente no le dio curso a la denuncia. Según el relato de Pignol, primero le dijeron que el Banco Patagonia no entregaba las filmaciones de las cámaras de seguridad. Luego cambiaron la versión: el banco sí había entregado el material, pero ahí quedó todo. La firma que aparecía en los registros bancarios no era la suya, el documento estaba adulterado, pero la investigación no avanzó. El abogado Leandro Costa Brutten y la referente social enviaron una nota formal a Fiscalía reclamando respuestas. Betiana Cendón nunca contestó.

Desde el Ministerio Público Fiscal, aclararon que la fiscal Cendón no está a cargo de la investigación, sino que se tramita en la Fiscalía N°6, y que la denuncia se encuentra en proceso de revisión (un plazo que alcanza los 3 días), y que eventualmente informará si continúa la investigación.

Pignol exige que la provincia se haga cargo. Reclama que aparezca el dinero que el propio gobernador aprobó para que pudiera pasar un mejor invierno. Quiere saber quién cobró ese subsidio, quién se llevó los calefactores pedidos a su nombre, y por qué tiene que estar viviendo en una casa sin servicios cuando todo estaba encaminado para solucionarlo. Detrás de este caso individual asoma una pregunta más grande: ¿cómo es posible que un beneficiario quede tan desprotegido cuando el Estado ya cumplió con depositar la ayuda y la Justicia se niega a investigar?