Por: Bache3000

La operación se concretó en 2022, cuando el comprador adquirió el terreno con la promesa de que se realizarían obras de infraestructura básica como apertura de calles, provisión de agua potable y electricidad. Sin embargo, transcurrieron tres años sin que la diputada entregara el lote ni cumpliera con los servicios pactados. Durante todo este tiempo, Villaverde continuó publicitando activamente la venta de terrenos en el mismo loteo a través de sus redes sociales y canales de marketing inmobiliario.

Ante la falta de respuestas, el damnificado intentó resolver la situación mediante una mediación prejudicial. Villaverde no se presentó a las audiencias ni respondió a los requerimientos, lo que llevó al comprador a iniciar acciones legales más contundentes. La presentación judicial busca que se decrete una medida cautelar ordenando el embargo preventivo de los bienes de la diputada como garantía ante el posible incumplimiento contractual y los daños ocasionados.

El caso del barilochense se enmarca dentro de un patrón que se repite en distintas ciudades de Río Negro. El proyecto Tajamar, ubicado en Las Grutas, se ha convertido en el centro de múltiples denuncias contra Villaverde, quien comercializaba los terrenos cuando ejercía como corredora inmobiliaria, incluso durante su período como concejal de San Antonio Oeste.

En agosto de este año, el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste dictó un embargo preventivo por 50 millones de pesos sobre las cuentas bancarias y bienes de Villaverde. Esta medida respondió a una demanda iniciada por tres compradores de Bahía Blanca que adquirieron lotes en diciembre de 2020, con la promesa de entrega en diez meses. Tras más de cuatro años, las obras nunca se concretaron y los compradores descubrieron que los terrenos estaban ubicados en zona rural, sin la excepción municipal necesaria para su urbanización.

El abogado Lucas Cerro, quien representa a varios de los damnificados de otros lugares de la provincia, explicó que los terrenos continúan registrados como campo y carecen de permisos municipales. Algunos compradores incluso iniciaron construcciones confiando en los compromisos que, según afirman, nunca se cumplieron. La demanda total en ese expediente supera los 98 millones de pesos e incluye daños patrimoniales, morales, punitivos y lucro cesante.

En San Antonio Oeste, el municipio llegó a prohibir expresamente la comercialización de los lotes de Villaverde debido a las irregularidades detectadas. No se trata de casos aislados. Villaverde ya había cerrado acuerdos extrajudiciales con otros damnificados para evitar la continuidad de juicios. En uno de esos arreglos, la diputada aceptó pagar 12 millones de pesos en dos cuotas. Otro acuerdo anterior había involucrado el pago de 10 millones de pesos para frenar un proceso judicial.

La problemática del loteo Tajamar también alcanzó a compradores de otras localidades de la provincia. En todos los casos, el patrón es similar: terrenos vendidos con promesas de infraestructura y servicios que nunca se materializaron, documentación que no se entregó y permisos municipales que nunca existieron. Muchos de estos compradores invirtieron sus ahorros con la esperanza de construir una casa para veraneo o como proyecto de vida.

Además de las causas civiles por el desarrollo inmobiliario, existe una denuncia penal por una rifa presuntamente fraudulenta vinculada al mismo proyecto. Villaverde organizó el sorteo cuando ocupaba un cargo directivo en el Club Social y Deportivo Las Grutas, ofreciendo como premio un lote que ella misma vendía, sin autorización de la Lotería Provincial ni aprobación de los socios. El premio quedó vacante y la recaudación no tuvo un destino claro, lo que motivó la denuncia por estafa.

La situación judicial de la candidata libertaria se complica en plena campaña electoral. Villaverde encabeza la lista de senadores de La Libertad Avanza en Río Negro, respaldada públicamente por Karina Milei. Sin embargo, el cúmulo de denuncias vinculadas a operaciones inmobiliarias irregulares en distintos puntos de la provincia pone en cuestión su gestión como empresaria y su idoneidad para ocupar una banca en el Senado de la Nación.

Desde el entorno de Villaverde han intentado minimizar la gravedad de las acusaciones, argumentando que se trata de conflictos entre privados y que la diputada está actuando "conforme a derecho" a través de sus abogados. También han señalado que algunos demandantes tendrían motivaciones políticas, aprovechando la coyuntura electoral para obtener beneficios. Sin embargo, el número creciente de reclamos, provenientes de distintas ciudades y con similares características, dibuja un panorama más complejo que una simple disputa comercial.

La abogada Verónica Arizcuren, representante de los inversores que obtuvieron el embargo de 50 millones, denunció haber recibido presiones para levantar la medida cautelar. Según su relato, un abogado que se presentó como representante de Villaverde la contactó telefónicamente exigiéndole que desistiera del embargo, argumentando que afectaba la candidatura política de su clienta. Arizcuren calificó la conversación como intimidante y anunció que presentará formalmente la situación ante la Justicia.

El caso del barilochense que aguarda resolución judicial por un embargo de 22,5 millones se suma así a un mapa de denuncias que abarca Las Grutas, San Antonio Oeste, Bahía Blanca y otras localidades. Mientras la Justicia analiza la nueva presentación y avanza en los distintos expedientes, Villaverde continúa su campaña rumbo al Senado, con los tribunales evaluando si existió publicidad engañosa, incumplimiento contractual y dolo en las operaciones inmobiliarias que comercializó durante años, incluso después de asumir su banca en el Congreso Nacional.

Los embargos preventivos que se solicitan o ya fueron ordenados por la Justicia buscan garantizar que, en caso de que los procesos judiciales avancen y se determine la responsabilidad de la diputada, existan bienes disponibles para afrontar las eventuales indemnizaciones. Mientras tanto, decenas de familias de distintas ciudades de Río Negro continúan a la espera de una solución, con sus ahorros invertidos en terrenos que nunca recibieron y con escrituras que jamás se concretaron.