Por: Bache3000
La firma es lo primero que desaparece en estas historias. Después vendrá el dinero, las cámaras de seguridad, la posibilidad misma de probar lo que ocurrió. Pero primero es la firma: esa rúbrica que alguien trazó en el comprobante del Banco Patagonia el 19 de mayo de 2025, a las once de la mañana, o tal vez al mediodía, en la sucursal del Banco, en San Carlos de Bariloche. Una firma que dice ser de Agustín Roque Pignol, DNI XX, pero que Agustín Roque Pignon asegura no haber hecho nunca.
Trescientos mil pesos. Una suma que en estos tiempos puede ser mucho o muy poco, según el día en que se mire. El monto exacto de un subsidio del Desarrollo Social de Río Negro, depositado en su cuenta del Banco Patagonia, el 15 de mayo. Cuatro días después, alguien lo retiró por ventanilla. Firmó un comprobante. Escribió un número de documento. Se fue con el dinero en la mano.
Agustín dice que no fue él.
El gobierno provincial le había otorgado el subsidio. También le adjudicaron estufas. Las estufas nunca llegaron. El 26 de mayo, Agustín fue al banco de calle Gallardo, habló con el gerente. El gerente le mostró los movimientos de su cuenta. Ahí estaba: el depósito de trescientos mil pesos y la extracción por el mismo monto. "Desconciendo quien retiró el dinero ya que nadie está autorizado para realizar gestiones en mi cuenta", diría después en su denuncia.
Un día después, el 27 de mayo se presentó ante la Fiscalía. Pignol dice que fue atendido dos veces por la Fiscal en Jefe, Batiana Cendón. Sus abogados agregan que eso está acreditado. También dicen que le sugieron que no haga la denuncia. Todo lo que viene después, no mejora la suerte de Pignol.
Lo que sigue es previsible, en el sentido en que todo lo burocrático es previsible: la Fiscalía N°6 hizo lo que corresponde hacer. Pidió a la OITEL que solicitara al Banco Patagonia los detalles de los movimientos, el registro de seguridad de las cámaras, la fecha y hora exacta del retiro. Pidió al Ministerio de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, delegación Zona Andina, el detalle de los subsidios otorgados a Pignon. Pidió información sobre quién firmó, quién retiró, quién se fue con el dinero. El problema es cuándo lo hizo.
El 29 de julio, casi un mes después, llegó la respuesta del banco mediante nota 04865/25. Se adjuntó el detalle de los movimientos. Se confirmó que la extracción de trescientos mil pesos se realizó el 19 de mayo en la sucursal 383, ubicada en calle Onelli 1216.
Las imágenes de las cámaras de seguridad, en cambio, no aparecieron en ninguna parte. Raro. Según la ley, no deberían haberlas destruído.Ya veremos por qué.
Hay algo casi poético en la precisión con que el Banco Central regula la memoria de las instituciones financieras: las entidades deben conservar las grabaciones por treinta días. Pueden extender ese plazo a un año, si existe jun delito. Es una arquitectura del olvido: todo lo que no se reclama a tiempo, se borra. El problema es que el reclamo sí se hizo a tiempo. Ya dijimos que la denuncia penal fue radicada un 27 de mayo, apenas 8 días depués de la extracción del dinero.
El banco dio su respuesta el 5 de agosto de 2025. Para entonces, según consta en el expediente, "ya se cumplimentó el tiempo mínimo de resguardo exigido por la entidad", dicen. Las cámaras ya no existían. O mejor dicho: ya habían sido borradas, devueltas al vacío digital del que todo registro emerge y al que todo registro vuelve cuando nadie lo está mirando. Esto, debería haber llamado la atención de la justicia.
El Dr. Fernández Bardaro, asesor legal del Ministerio de Desarrollo Humano de la delegación Zona Andina, señaló en la respuesta a la justicia que existe una baja probabilidad de que el Banco Patagonia haya realizado un pago a una persona que no es titular de la cuenta. La responsabilidad, sugeridaa con la delicadeza que permite el lenguaje jurídico, sería del banco. No del organismo que cumplió con el pago de la ayuda económica.
El 11 de junio de 2025, personal de la delegación se presentó en la vivienda del Sr. Pignol para notificarle la nota 481/25. Era una respuesta a su planteo, pero Pignon se negó a recibirla. Se adjuntó la nota y el acta que se hizo ante la negativa.
Resulta poco probable, dice el fiscal en su resolución, que el banco haya pagado a alguien que no es titular. Pero de haber sucedido, la responsabilidad sería del banco.
El 12 de agosto, en una entrevista realizada en la fiscalía, se le consultó a Pignon sobre las similitudes entre su firma y la del comprobante bancario. El señor Pignon argumentó que no es de él, que no escribe de esa forma, que no retiró el dinero de la cuenta. Refirió que si alguien hubiera sido quien sacó la plata del banco, no se acercaría a realizar una denuncia penal, solicitando una investigación. Pero además, hay un detalle: si fue el propio Pignol quien sacó el dinero ¿por qué pidió en la denuncia que se muestren las cámaras del banco?
Tiene sentido, desde cierto punto de vista. ¿Por qué denunciaría alguien un robo que él mismo cometió?
A simple vista, escribe el fiscal Marcos Sosa Lukman, se observan similitudes entre la firma del comprobante de retiro y otras firmas bancarias que fueron suscriptas por el Sr. Pignon. Sin ser perito especializado en la materia, a simple vista se observan variedad de similitudes.
Es una frase notable por su honestidad involuntaria. No soy perito, dice el fiscal, pero algo veo. O creo ver. La pericia caligráfica, el camino que sigue, es realizar una pericia caligráfica y determinar si la firma del Sr. Pignol es de él o de un tercero. El presunto damnificado está dispuesto a hacerla. A partir de esa determinación, de ser correspondiente con la firma del denunciante, el caso no debería tener otro destino que probablemente iniciar actuaciones en contra del Sr. Pignon por el tipo penal previsto en el artículo 245 del Código Penal.
Estafa procesal.
Hay un nombre que no aparece en ninguno de estos documentos: Betiana Cendón. Es la fiscal. O era la fiscal cuando Pignol se presentó por primera vez a denunciar. Los abogados de Pignon aseguran que fue ella quien lo recibió. Dos veces. "Lo tenemos acreditado", dicen. Y agregan algo más inquietante: en ambas ocasiones, Cendón habría intentado que no se radicara la denuncia.
Cuando Pignon fue al Banco Patagonia el 26 de mayo a retirar su subsidio, los empleados le dijeron que ya había sido cobrado. Por una mujer. Una mujer que había presentado su documento, que había firmado con su nombre, que se había llevado los trescientos mil pesos. Ese detalle, tan concreto, tan verificable, tampoco aparece desarrollado en la investigación. No hay citación de empleados bancarios. No hay testimonios de quién atendió ese día en ventanilla. No hay descripción de la mujer que supuestamente cobró.
Nadie fue citado.
Las fechas dibujan un mapa de omisiones.
15 de mayo: se deposita el subsidio en la cuenta de Pignol.
19 de mayo: alguien lo retira por ventanilla. El banco le informa a Pignol que fue una mujer.
El 26 de mayo va Pignol a cobrarlo.
27 de mayo: Pignol presenta la denuncia ante la Fiscalía.
Entre el 27 de mayo y el 29 de julio, cuando el banco responde a los pedidos de información de la Fiscalía, transcurren 63 días. Dos meses completos. Tiempo más que suficiente para que las grabaciones de seguridad desaparezcan dentro del marco legal que permite su destrucción.
Pero hay algo que no cierra en la cronología del olvido.
El Banco Central establece 30 días de conservación obligatoria. Si hay denuncia previa, ese plazo se extiende a un año. En la provincia de Río Negro, la normativa local fija un mínimo de cuatro meses. Cuatro meses que, en este caso, habrían cubierto perfectamente el período entre el retiro (19 de mayo) y la respuesta del banco (5 de agosto). Las cámaras deberían haber estado disponibles. Deberían haber resuelto de inmediato si quien retiró el dinero fue Pignol, una mujer, o un fantasma que supo firmar con su nombre.
No llegaron a la Fiscalía.
El banco dice que ya no existen. La Fiscalía archiva el caso por imposibilidad de identificar al autor. Nadie pregunta por qué el Banco Patagonia no cumplió con el plazo mínimo provincial de cuatro meses. Nadie parece sorprenderse de que la evidencia fundamental se haya evaporado justo cuando podría haber sido decisiva.
Pero hay más ausencias. La pericia caligráfica que el propio fiscal sugería como camino a seguir nunca se realizó. Ese análisis que determinaría "si la firma del Sr. Pignol es de él o de un tercero" quedó como una posibilidad enunciada en el papel pero jamás ejecutada. El fiscal vio similitudes a simple vista, consideró que podrían iniciar actuaciones contra Pignoln por estafa procesal si la firma resultaba ser suya, y luego archivó todo sin ordenar el peritaje.
Es como si alguien dijera: "Deberíamos abrir esa puerta para saber qué hay adentro", y luego cerrara el expediente sin haberla tocado.
Tampoco hay registro de que el Ministerio de Desarrollo Social haya notificado formalmente a Pignol sobre el depósito del subsidio. No hay firma que acredite que sabía que el dinero estaba en su cuenta. No hay constancia de que le informaran la fecha exacta del depósito. Apenas cuatro días después, alguien lo retiraba en efectivo, pero Pignol dice no haber sido notificado, no haber sabido que el dinero estaba disponible hasta que fue al banco el 26 de mayo a preguntar. Tampoco se sabe qué pasó con las estufas que le fueron asignadas desde Desarrollo Social, en dónde están-.
Todo el circuito investigativo queda suspendido en esa atmósfera gris donde las pruebas que deberían existir no existen, las diligencias que deberían realizarse no se realizan, y las preguntas que deberían formularse quedan flotando sin respuesta.
En Neuquén, hay casos similares.
Fueron cientos. Cientos de documentos fraguados, cientos de firmas falsificadas, cientos de planes sociales cobrados por personas que nunca supieron que estaban recibiendo ayuda estatal porque otros cobraban en su nombre. Una trama de funcionarios, empleados bancarios, intermediarios. Un sistema.
¿Y si lo de Pignon no es un caso aislado?
¿Y si esa mujer que fue al Banco Patagonia el 19 de mayo no es una anécdota, sino una pieza de algo más grande?
¿Y si las cámaras no desaparecieron por desidia burocrática, sino porque era conveniente que desaparecieran?
¿Por qué le sugieron a Pignol que no haga la denuncia?
Son preguntas que el expediente no se hace. Preguntas que quedan afuera del documento fechado el 20 de agosto de 2025 a las 09:05:07, cuando el fiscal lo resolvió archivar.
Hoy el expediente se encuentra en revisión y se determinará si es archivado para siempre o si hay preguntas que todavía pueden ser respondidas.