Por: Bache3000

El 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 rechazó un acuerdo de juicio abreviado que habría permitido a Gustavo Daniel Ferrari evitar un juicio completo por lavado de activos agravado. La resolución, firmada por el juez Diego García Berro, desestimó el pacto entre la fiscalía y el acusado, señalando que las pruebas reunidas durante la instrucción no alcanzaban para fundamentar una condena y que era necesario "un mejor conocimiento de los hechos". Ferrari, de 56 años, había sido acusado de integrar una organización criminal que entre 2011 y 2014 transportó grandes sumas de dinero de origen ilícito —vinculadas, según la acusación, al narcotráfico— en vuelos internacionales, ocultando las divisas en doble fondo de equipajes para eludir controles aduaneros.

La causa tuvo repercusión en medios nacionales como C5N e INFOBAE por esos años. Y ahora, pasado el tiempo, la novedad es que Ferrari, mientras enfrenta este proceso judicial en Argentina, trabaja en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. No figura en ninguna planta de personal, no tiene designación formal, pero maneja una camioneta municipal sin plotear —la Kangoo patente AF 855 PW, interno 934— y participa de reuniones oficiales.

En agosto de 2024, por ejemplo, estuvo presente en un encuentro del Fab Lab municipal, como consta en una minuta a la que accedió este medio. Allí aparece su nombre junto al de funcionarios y miembros de la comunidad Fab Lab, discutiendo temas que iban desde la falta de equipamiento hasta la reducción de horarios de atención. Ferrari no es un visitante ocasional: tiene oficina en el edificio Cóndor, antes la tuvo en el Puerto, y se lo ve regularmente acompañando al intendente Walter Cortés en sesiones del Concejo Deliberante, siempre con una carpeta en la mano, siempre cerca del poder.

La historia de Ferrari no empieza ni termina en Bariloche. En 2015, un tribunal de Guatemala lo condenó a siete años de prisión por lavado de activos, luego de que fuera detenido en el aeropuerto de ese país el 24 de septiembre de 2014 cuando intentaba ingresar con una suma no declarada de dinero en efectivo.

Cumplió su condena en Guatemala. Ahora, la justicia argentina lo procesa por hechos anteriores a esa condena, ocurridos entre 2011 y 2014, cuando supuestamente integraba una red que movía divisas entre Europa y América Latina. La acusación original mencionaba a otros tres hombres: José Luis Pérez, Marcelo Ferrari y Rogelio Bonis. Marcelo Ferrari, hermano de Gustavo, era señalado como el jefe de la banda. Murió antes de ser juzgado. Rogelio Bonis también falleció, y en abril de 2024 el mismo tribunal que ahora rechaza el acuerdo de Gustavo declaró extinguida la acción penal en su contra. José Luis Pérez llegó a un acuerdo de juicio abreviado en noviembre de 2022, que fue homologado en marzo de 2023, pero la fiscalía abandonó entonces la calificación de lavado de activos agravado por integrar una organización criminal. ¿Por qué se la mantiene para Gustavo Ferrari?

El juez García Berro planteó esa pregunta en su resolución. También señaló que no estaba acreditado de qué delito específico provenía el dinero que Ferrari habría transportado, ni que existiera una relación causal entre ese dinero y una actividad ilícita concreta, ni que las acciones de Ferrari pudieran considerarse aptas para dotar a esos fondos de apariencia de legalidad.

El acuerdo propuesto por la fiscalía —cuatro años y seis meses de prisión, más una multa de un millón ochocientos mil pesos— incluía la unificación de esta condena con la ya cumplida en Guatemala, lo que en la práctica habría significado que Ferrari no pasara un día más en prisión. El juez lo rechazó. Dijo que hacía falta un juicio oral y público, que las pruebas de la instrucción no bastaban para condenar, que había contradicciones en la estrategia de la fiscalía. Ahora el expediente volverá a la Cámara Federal de Casación Penal para que determine qué tribunal oral tomará el caso.

Mientras tanto, Ferrari sigue yendo a trabajar a la municipalidad. Testimonios de empleados municipales, funcionarios y contratados a los que accedió este medio describen una situación que oscila entre lo inexplicable y lo inquietante. Ferrari es hermano de Silvia Ferrari, secretaria de Producción de Walter Cortés. Esa es la explicación más simple: está ahí porque puede estar, porque su hermana está. Pero la pregunta que nadie responde es qué hace exactamente. Se lo presenta como "encargado de logística", un título vago que no figura en ningún organigrama. Varios empleados municipales contaron que un día Ferrari mostró su DNI, y ahí comprendieron quién era. En reuniones del ente autárquico del Puerto, Ferrari habló de pedirle al contador que firmara un acuerdo de confidencialidad. Después de algunos conflictos internos, lo sacaron de esa área. Ahora está en el Cóndor. No cobra sueldo municipal, pero maneja un vehículo oficial. No tiene cargo, pero participa de reuniones oficiales. No es funcionario, pero funciona como tal.

El caso ocurre en un momento en que la Argentina discute intensamente los vínculos entre la política y el crimen organizado. El affaire Espert-Villaverde, con acusaciones cruzadas sobre supuestos lazos con el narcotráfico, domina la agenda mediática. En ese contexto, la presencia de un hombre condenado en Guatemala por lavado de dinero y procesado en Argentina por los mismos delitos, trabajando sin designación formal en una municipalidad patagónica, debería al menos generar preguntas. ¿Quién autorizó su ingreso? ¿Quién le asignó un vehículo oficial? ¿Quién le paga? ¿Por qué le paga? ¿Qué tareas cumple? ¿Qué información maneja? ¿Qué decisiones toma o influye?

La minuta de la reunión del Fab Lab, fechada el 2 de agosto de 2024, enumera temas que van desde la falta de un diseñador industrial hasta el mal estado de las impresoras. Ferrari aparece allí como parte de la municipalidad, sin más. En la lista de participantes figuran otros empleados, también de la municipalidad. No hay aclaración sobre su rol. Es un nombre más entre otros nombres. Pero ese nombre tiene una historia que no cabe en una minuta. Tiene una condena cumplida en Guatemala y un juicio pendiente en Argentina. Tiene un hermano muerto que era, según la acusación, el jefe de una banda de lavado de dinero. Tiene una hermana que es secretaria de Producción de Bariloche. Tiene una camioneta municipal que nadie explica. Tiene una oficina que nadie justifica. Tiene una presencia que nadie cuestiona.

En la causa que tramita el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, Ferrari declaró en la audiencia del 9 de diciembre de 2024 que había firmado el acuerdo de juicio abreviado porque no quería volver a estar preso. Es comprensible. Pasó siete años en Guatemala. Pero también es revelador: sabía que si iba a juicio podía perder, que las pruebas tal vez no alcanzaran para condenarlo pero tampoco para absolverlo, que el limbo judicial era preferible al riesgo de una condena mayor. El juez rechazó el acuerdo de todos modos.

Ahora Ferrari tendrá su juicio. Mientras tanto, seguirá yendo a la municipalidad. Seguirá participando de reuniones. Seguirá manejando la Kangoo sin plotear. Seguirá siendo un hombre sin cargo que ejerce funciones, un condenado que trabaja en el Estado, una sombra que no termina de irse.

Y todo, avalado por la gestión municipal. La pregunta es por qué.