Por: Bache3000

Fuentes del Ejecutivo municipal revelan a Bache3000 otro desastre. El municipio de San Carlos de Bariloche recibió hoy su tercera carta documento del año, esta vez dirigida tanto al Ejecutivo como al Tribunal de Cuentas, en la que la empresa SAEMA S.A.C.I.F.I. y A. (en liquidación) intima al intendente Walter Cortés a cesar de inmediato todos los trabajos que viene realizando en el terreno destinado a la construcción del Natatorio Olímpico Municipal. La razón: según la empresa, ese terreno es de su propiedad privada.

La situación revela una grave inconsistencia en los registros oficiales. Mientras que en los registros de Catastro el terreno con nomenclatura catastral 19-2-E-202-01, ubicado en Playa Centenario, actualmente figura a nombre de SAEMA. Antes de 2020 figura bajo la órbita en los registros de Parques Nacionales. En cualquiera de los dos escenarios, el municipio debería contar con los permisos correspondientes para avanzar con la obra, algo que al parecer no ocurrió.

Pese a esta situación legal confusa, la mañana del 28 de mayo de 2025, el intendente Walter Cortés supervisó personalmente el inicio de los estudios de suelo en Playa Centenario, marcando el primer paso hacia la construcción del polémico Natatorio Olímpico Municipal. Todo esto fue informado por el propio municipio a través de una gacetilla de prensa oficial, con fotos incluidas del jefe comunal recorriendo las obras.

"Los cateos realizados en el terreno permitirán analizar la estabilidad del suelo y su relación con el nivel del lago y la napa freática. Esta etapa técnica es fundamental para planificar las excavaciones, rellenos y fundaciones, y garantizar la solidez de una infraestructura que aspira a ser de excelencia", señalaba la gacetilla municipal en aquel momento. Las imágenes mostraban al propio intendente supervisando trabajos que, según esta carta documento, estarían completamente por fuera de la legalidad.

Según la propia carta documento recibida hoy, ya hubo una respuesta previa por parte de Yanina Sánchez, la asesora letrada municipal, lo que indica que este conflicto ya tenía antecedentes. En aquella oportunidad, la abogada habría cuestionado la legitimidad del reclamo de SAEMA de manera infundada y absurda, según sostiene la empresa en su nueva intimación.

La carta documento, firmada por Rodolfo Ernesto Rosauer en su carácter de liquidador de SAEMA, es contundente en sus reclamos. Intima al intendente Walter Cortés a cesar definitivamente en actos de violación al derecho de propiedad y posesión sobre el inmueble identificado con la matrícula catastral 19-2-E-202-01. También exige que se retire por propia iniciativa o disponga del cese del acto de violación del derecho de propiedad y posesión llevado a cabo sobre el inmueble. Además, reclama que se instruya a funcionarios y empleados municipales de San Carlos de Bariloche para que se abstengan de todo acto que pudiere implicar un menoscabo o violación del derecho de propiedad y posesión que legítimamente la empresa ostenta sobre el terreno en cuestión.

La intimación otorga un plazo de quince días contados a partir de la recepción de la carta documento, bajo apercibimiento de llevar adelante las acciones penales y civiles que resultaren necesarias para restablecer en su plenitud el legítimo ejercicio de los derechos sobre el inmueble. Esto significa que el municipio podría enfrentar un nuevo juicio, sumándose a una lista de conflictos legales que, hasta el momento, no han sido resueltos favorablemente para la comuna.

Pero hay más. La carta también se dirige al Tribunal de Cuentas, denunciando que la conducta del Ejecutivo tiende a apropiarse u ocupar ilícitamente un inmueble que no pertenece al dominio público o privado del estado municipal. Esto implica la realización de gastos de recursos del erario público no contemplados en el Presupuesto y que tampoco pueden ser imputables a la obra pública invocada, la cual nunca fue aprobada por Ordenanza, según sostiene la empresa.

El escándalo cobra una dimensión política aún mayor cuando se recuerda que la obra de la pileta natatoria se encuentra entre los diez puntos que serán sometidos a referéndum popular. Es decir, los vecinos de Bariloche deberán votar si están o no de acuerdo con esta obra. Sin embargo, el intendente Cortés no solo avanzó con los trabajos antes de la consulta popular, sino que el terreno ya se encuentra alambrado y con movimientos de suelo realizados. Gastos y acciones que no tienen en cuenta la aprobación popular.

Esto plantea interrogantes inevitables: ¿importa lo que piensen los vecinos? ¿Para qué empezó la obra si los vecinos van a ser consultados? ¿Y si votan que no? ¿El municipio deberá deshacer todo lo hecho y enfrentar además las consecuencias legales de haber trabajado en un terreno cuya titularidad está en disputa?

La situación expone al municipio a un nuevo juicio en un contexto donde, hasta el momento, ninguno de los litigios anteriores ha sido ganado por la comuna. La pregunta que queda flotando es si el intendente Cortés actuó con la debida diligencia legal antes de ordenar el inicio de las obras, o si se trata de un nuevo capítulo de gestión temeraria que podría costarle caro a las arcas municipales y, en definitiva, a todos los contribuyentes de Bariloche.