Por: Bache3000

La estrategia del alias no fue un detalle menor. Ferrari utilizó deliberadamente el apellido González para participar en reuniones oficiales, firmar comunicaciones y presentarse ante empleados municipales sin que se conociera su vínculo directo con quien debía ser su principal contralor: su propia hermana, la Secretaria de Producción. Esta maniobra permitió que durante meses operara en la estructura municipal sin que se evidenciara el conflicto de intereses que representa tener a un familiar sin designación formal ejerciendo funciones de gobierno. O más bien, el delito penal.

La evidencia recopilada por Bache3000 muestra que Ferrari ha estado operando en distintas dependencias municipales desde 2024. Su presencia quedó registrada en el Puerto San Carlos, el Mercado Comunitario y el Fab Lab, espacios en los que no solo fue visto por empleados y funcionarios, sino donde mantuvo reuniones oficiales y ejerció funciones de supervisión que corresponderían a personal designado formalmente.

El caso tomó estado público cuando el entonces Director del EMCO, Gastón Marchiolli, presentó un pedido de informes a Silvia Ferrari tras detectar irregularidades en el Mercado Comunitario. En una nota fechada en abril de 2024, Marchiolli relató que el domingo 7 de marzo se presentó en el predio del mercado y encontró dentro del edificio al "Sr. Gustavo González", quien había participado previamente en una asamblea del CPA presentándose como "asesor legal y técnico de la Secretaría de Producción". En esa oportunidad, Ferrari se encontraba junto a otras dos personas, una de ellas dentro de la cámara de frío armando bolsones, en ausencia del personal del mercado y con un efectivo policial custodiando el lugar.

Recordemos que, Gustavo Ferrari alias "Gustavo González", fue condenado en Guatemala a siete años de prisión por lavado de dinero. Y, en Argentina, enfrenta una acusación similar que continíua en juicio.

Marchiolli detalló en su informe que solicitó explicaciones sobre las actividades que se desarrollaban en el mercado fuera del horario laboral y sobre el uso de bienes municipales sin la presencia del personal responsable. Observó mercadería de FUNBAPA cuya distribución estaba a cargo de particulares, y constató daños en equipamiento municipal, incluyendo la ruptura de un carro zorra hidráulico con pérdida de aceite.

La revelación más contundente llegó durante una reunión del Directorio, cuando la concejala Roxana Ferreyra preguntó quién era Gustavo González. La respuesta de Silvia Ferrari fue directa: "un asesor mío". Sin embargo, no existe documentación que acredite esa designación ni que explique bajo qué figura jurídica opera esta persona en la estructura municipal.

El acta de la Asamblea del 13 de enero de 2024 lo menciona claramente en varias oportunidades como "Gustavo González", confirmando que el uso del alias no fue un hecho aislado sino una estrategia sistemática. La pregunta es evidente: ¿por qué una persona que supuestamente asesora a una Secretaria municipal necesitaría ocultar su identidad y su vínculo familiar?

Los intercambios de correos electrónicos obtenidos por Bache3000 confirman que Ferrari actuaba como si fuera el funcionario responsable. En comunicaciones sobre la venta de carne y el uso de bienes municipales, es él quien responde en lugar de su hermana, la Secretaria de Producción. Más aún, existen registros de que Silvia Ferrari pedía expresamente que se consultara todo a Gustavo Ferrari, delegando en él decisiones que correspondían a su cargo.

La injerencia de Ferrari en la gestión municipal no se limitó a presencia física. Según información recabada, dio órdenes en el área de comunicación de la Secretaría sobre con qué personas no debían trabajar, ejerciendo una autoridad que no le corresponde. Esta intromisión en decisiones operativas de áreas municipales constituye una irregularidad grave, especialmente viniendo de alguien sin designación formal ni responsabilidad administrativa.

Utilizó el vehículo oficial interno 934, un bien del Estado que está destinado a funcionarios designados y cuyo uso irregular plantea interrogantes graves: ¿qué pasa si ese vehículo tiene un accidente? ¿Quién responde? ¿Quién autorizó ese uso? La utilización de bienes municipales sin designación formal constituye una irregularidad que puede tener derivaciones legales tanto administrativas como penales.

Funcionarios y empleados municipales han sido testigos de esta situación. Varios de ellos solicitaron informes preguntando qué hacía esta persona en las instalaciones municipales. Sin embargo, hasta ahora no ha habido respuestas oficiales ni acciones correctivas. Esto es especialmente grave considerando que existe normativa que obliga a los funcionarios a denunciar irregularidades. El silencio cómplice de quienes tienen responsabilidad de control agrava la situación.

Ferrari fue visto en reuniones con el propio intendente, lo que hace difícil sostener que las autoridades municipales desconocieran su presencia y su rol irregular. Los propios empleados lo conocen, lo han visto actuar, han pedido explicaciones. Es imposible pensar que una operación de estas características, sostenida en el tiempo y en múltiples dependencias, pase inadvertida para la máxima autoridad municipal.

El uso del alias "Gustavo González" añade una capa de opacidad deliberada al caso. No se trató de una confusión o un error administrativo. Ferrari eligió presentarse con un nombre falso en documentos, reuniones y comunicaciones oficiales. Esta conducta demuestra conciencia de la irregularidad de su situación y voluntad de ocultarla. La pregunta que surge es qué otras acciones realizó bajo ese nombre falso y qué responsabilidades evadió al no identificarse correctamente.

El caso plantea preguntas centrales sobre la gestión de los recursos públicos en Bariloche. Una persona sin nombramiento, sin aval jurídico, sin figura formal en el organigrama municipal, que además se presenta con un alias, toma decisiones, usa bienes y patrimonio de todos los ciudadanos, da órdenes a empleados y se mueve por las oficinas públicas como si fuera un funcionario. 

¿Por qué los funcionarios municipales no actúan pese a conocer la situación? ¿Quién le brinda acceso y recursos a Ferrari? ¿Con qué criterio se le permite incidir en decisiones de gestión sin estar sujeto a los controles y responsabilidades que pesan sobre cualquier empleado público? ¿Qué otras decisiones ha tomado esta persona sin que exista registro formal de su intervención? ¿Bajo qué nombre: Ferrari o González?

El pedido de informes presentado por Marchiolli en abril de 2024 solicitaba específicamente conocer "los instrumentos formales que organizan y delimitan las responsabilidades sobre el uso de los bienes del mercado". Esa solicitud nunca fue respondida adecuadamente. La pregunta sobre quién autorizó a Ferrari a operar en instalaciones municipales, usar vehículos oficiales y dar directivas a empleados sigue sin respuesta.

Bache3000 continúa recabando pruebas sobre este vínculo irregular. Cada nuevo registro confirma un patrón: la presencia sistemática de Gustavo Ferrari, presentándose como Gustavo González, en la estructura municipal, operando desde las sombras, sin rendir cuentas, usando recursos públicos sin autorización formal. El uso de un alias agrava sustancialmente la irregularidad al evidenciar intención de ocultar la verdadera identidad y el conflicto de intereses que representa ser hermano de la funcionaria que supuestamente debía controlarlo.

El caso ya no puede explicarse como un malentendido administrativo. Es una irregularidad que compromete la transparencia de la gestión y que demanda respuestas urgentes de las autoridades municipales. La ciudadanía tiene derecho a saber quién toma decisiones con sus recursos, bajo qué nombre lo hace y con qué autoridad. Ferrari, González o como quiera llamarse, no puede seguir operando en la penumbra de la informalidad mientras usa bienes públicos y ejerce poder sin rendir cuentas.