Por: Bache3000

La sala del tribunal vuelve a llenarse. Es temprano y ya hace calor. El fiscal Martín Lozada ordena sus papeles mientras los abogados defensores conversan en voz baja. Gustavo Gennuso está sentado en el mismo lugar de ayer, con la misma expresión de quien sabe que esto será largo.

El primer testigo es Silvio Grillo. Abogado, ex director de legales en la Corporación Buenos Aires Sur, después auditor en jefe de la Secretaría de Vivienda entre 2016 y 2019. Fue él quien hizo todas las auditorías de Techo Digno. Lozada lo hace hablar de irregularidades, de plazos imposibles, de empresas que no podían trabajar más rápido porque iban a perder plata. Grillo cuenta que vino a auditar a Bariloche y supo enseguida que algo estaba mal.

"En el caso de las 476 viviendas de Altos de Frutillar," dice Grillo, "había un certificado que decía que se habían hecho el cien por ciento de las viviendas. Las viviendas no estaban ni empezadas."

El fiscal asiente. Grillo sigue hablando. Explica que por eso el gobierno nacional no podía girar la plata necesaria para terminarlas, porque según los papeles ya estaban pagadas. Por eso se armó el convenio con la provincia para reiniciar el plan.

Los abogados de Gennuso lo dejan hablar. Cuando les toca preguntar, van directo al punto.

"Todo lo que usted describió," dice el abogado, "¿es anterior a la gestión de Gennuso?"

"Sí, de la gestión de Martini."

"¿En su informe cuenta algo de plazos fijos?"

"No, no tengo nada de eso."

El juez interviene. Le pide al fiscal que se ciña a los hechos que corresponden a la acusación contra Gennuso. Todo lo demás, dice, corresponde a la gestión anterior. Que es otro juicio.

Grillo se va. Entra Manuel García. Contador, larga carrera municipal, muy peronista. Fue director de Economía, secretario de Hacienda con De Chiche Costa. Gennuso lo mira desde su lugar y no dice nada.

García hizo el informe que el Tribunal de Contralor le pidió sobre los fondos de Techo Digno. El sumario comprende de la gestión anterior hasta diciembre de 2015. Diez días de la gestión de Gennuso.

El fiscal se apoya en el artículo 44 de la ordenanza de Contabilidad. Ese artículo que permite usar fondos específicos si los restituís antes de fin de año. García dice que hubo intendentes que no lo restituyeron a tiempo y fueron sancionados. Temporetti, por ejemplo. Pero García también dice algo que favorece a Gennuso: que el informe fue complicado de hacer porque Gennuso había asumido el 10 de diciembre y los fondos había que devolverlos el 31. Y el municipio estaba fundido.

"En mi informe pedí que el tribunal imputara a Gennuso, a Gomis, a Martini y a Pérez Gallinger," dice García. "Porque ni Martini lo había devuelto al 9 de diciembre, ni Gennuso lo había devuelto el 31 de diciembre."

El abogado defensor le pregunta si entre el 10 y el 31 de diciembre se había movido plata de esa cuenta.

García dice que no se acuerda.

"Pero en su informe dice que no se tocó ese dinero," insiste el abogado.

García no responde bien. Duda. Pero está claro que el informe habla de irregularidades en la gestión anterior, de uso de fondos para pago de sueldos, de extracciones los últimos días del mes. Todo antes de diciembre de 2015.

"¿Una sola cuenta?" pregunta el fiscal. "¿Por qué todos los planes de nación iban a la misma cuenta?"

Todos le dicen lo mismo: porque siempre fue así. Desde que nació el municipio.

Después declara Juan Manuel García Berro, ex juez, asesor letrado del Contralor entre 2015 y 2019. Habla del artículo 44, de si se puede o no usar con fondos nacionales específicos. Dice que según él no debería aplicarse, pero que otros piensan distinto. Que hay una contraposición entre la ley nacional y la ordenanza. Después agrega algo que favorece a Gennuso: que la Corte Suprema dice que cuando se contrapone una ordenanza a una ley, hay que buscar la manera de que las dos satisfagan a las partes.

"Quizás," dice García Berro, "se pueda usar una porción y se devuelva siempre a fin de año."

Viene la escribana Gataz. Declara poco. Ella hizo el acta donde se certificó cómo había encontrado el municipio Gennuso. Que las cuentas estaban en rojo. Que no había forma de pagar la deuda que había quedado de la gestión anterior.

Después Ruth Saavedra. Cuarenta años en el municipio. Tesorera. Empleada de planta de toda la vida. No se casa con nadie.

"¿En qué cuenta se depositaba la plata?" pregunta el fiscal.

"En la del Banco Nación."

"¿Desde cuándo?"

"Época inmemorial. Desde que se hizo el municipio."

El fiscal insiste. Ruth explica que era más difícil para el control, porque no se identificaba de qué programa venía la plata, pero después se seguía el rastreo. A veces depositaban de dos programas y no sabías cuál era cuál.

"¿Recuerda haber firmado un cheque por la suma de 100 millones junto a Alejandro Reina?"

"Sí, creo que fue en enero de 2016."

"¿Recuerda haber firmado otro cheque en noviembre del 2016 por la suma de 5 millones?"

"Sí."

"¿Quién tenía la firma autorizada para hacer el depósito en el Credicoop?"

"Yo, Reina, que es el subtesorero, y Gomis."

"Una operación de esa magnitud, ¿de quién dependía?"

"Del secretario de Hacienda, el funcionario político que había en ese momento. El contador Ariel Gomis."

"¿Quién daba las órdenes de los plazos fijos?"

"Gomis, el funcionario político."

Lozada toma nota. Ruth sigue. Dice que la ordenanza de emergencia era necesaria. Que Gennuso no sabía exactamente cómo estaba el municipio hasta que entró. Que separar en cuentas significaba hacer nuevos convenios y eso era muy difícil.

"En realidad, siempre los fondos específicos se podían utilizar mediante el año, podían transferirse a otras cuentas," explica Ruth, "pero con la única exigencia de que antes del 31 de diciembre, del cierre de ejercicio de cada año, tenía que estar ese dinero en la cuenta en que había ingresado."

"¿Y en ese momento era engorroso abrir cuentas en el Banco Nación?"

"Sí, tenía muchos requisitos y por lo general a veces no podíamos estar todos para firmar la habilitación de una cuenta."

El defensor le pregunta poco. Ruth ya dijo todo lo que querían. Que trabajó coordinadamente con la Dirección de Contaduría. Que a veces no sabían de dónde provenía el dinero que ingresaba en la cuenta 4730, pero que después podían ubicar los importes.

Después viene Denisse Casatti. Contadora, más de 35 años en la actividad. Fue parte del Tribunal de Contralor en dos ocasiones: con Icare y con Gennuso.

"¿Recuerda el sumario instruido por el contador García?" pregunta el fiscal.

"Sí. Ni bien asumimos, sumariamos al intendente saliente y al entrante."

"¿El intendente Gennuso le solicitó alguna tarea?"

"Sí. Nos pidió que investigáramos con profundidad los fondos específicos que llegaban de Nación."

Casatti explica que investigaron durante meses. Que era difícil hacer el seguimiento porque entraban en una cuenta global. Que eligieron un programa para investigar: el de las 495 viviendas. Nos llamó la atención el grado de avance, dice. Estaba el terreno con algunos movimientos de suelo, pero la disposición de entrega de fondos fue mucho mayor.

"¿El Tribunal dictó una sentencia?"

"Sí. El instructor sumariante proponía juicio de responsabilidad para las cuatro autoridades. Nosotros decidimos en forma unánime que no correspondía juicio de responsabilidad para ninguna. Ni la saliente ni la entrante."

"¿Por qué no se imputó a Gennuso?"

"Fácticamente era imposible que pudiera devolver los fondos. El municipio, cuando asumió Gennuso, estaba fundido. No había dinero. No tenía la capacidad de hacerlo porque la plata se había gastado antes."

El fiscal insiste con el artículo 44.

"Permite la utilización de los fondos," dice Casatti, "en la medida que sean repuestos en el mismo ejercicio."

"¿Tiene una opinión formada?"

"Sí. El artículo 44 habla de situaciones excepcionales. No debe utilizarse como un caballito de batalla de uso permanente."

"¿Alguna administración anterior fue sancionada por el uso del artículo 44?"

"Sí. Creo que el caso Temporetti."

Casatti explica que todos los fondos arribaban a una misma cuenta. Que no contaban con una cuenta particular. Que el Tribunal advirtió que eso debía modificarse porque el seguimiento era complejo.

"¿Usted sabía si Gennuso estaba al tanto de la situación financiera cuando asumió?"

"Todas las autoridades electas estábamos conscientes de la crisis, pero pudimos tomar contacto específico cuando se asumió el cargo. Antes era imposible obtener información clara, precisa, con respaldo documental."

El último en declarar es Alejandro Reina, actual vicetesorero de la gestión Gennuso, pero con un ejercicio pleno porque la tesorera estuvo de licencia dos años. Cuenta cómo se manejaban los fondos. Que podían trazar la plata en todo momento. Que conciliaban una vez por mes pero cuando el contralor pedía, mandaban los datos.

"Nosotros tenemos sistemas como el PGM," dice Reina. "En un segundo podemos decir dónde está la plata en cada momento."

El fiscal le pregunta si hubo acciones concretas para mejorar las cuentas.

"Sí. La ley de emergencia."

"¿Y la situación del municipio cuando ingresó Gennuso?"

"Estábamos mal. Mal financieramente, económicamente."

"¿Eso se resolvió después?"

"Sí. Se fue resolviendo. Dejaron un municipio ordenado."

La jornada termina. La sala se vacía despacio. Gennuso se levanta y habla con sus abogados. Casi todos los testigos terminaron mostrando que las irregularidades fueron antes de 2016, previo a su gestión. De ahí que los jueces pidieran al fiscal, una y otra vez, volver a ceñirse al centro de la acusación contra Gennuso. Todo lo demás corresponde a la gestión anterior. Que es otro juicio.

Este jueves declara él.