Por: Bache3000

El caso que mantiene en vilo a los trabajadores municipales comenzó en diciembre de 2024, cuando cuatro empleados de la Delegación El Cóndor presentaron una denuncia ante la Cámara Primera del Trabajo contra Jaime Enrique Breca Aros, con el patrocinio del abogado del Soyem, Gonzalo Ojeda. La acusación: violencia laboral sistemática en el ámbito de trabajo.

En agosto de 2025, el tribunal integrado por Juan Lagomarsino, Alejandra Autelitano y Juan Frattini emitió una sentencia unánime que responsabilizó al delegado de ejercer violencia laboral y condenó solidariamente al municipio de Bariloche. El fallo, aunque reservado, fue difundido por una de las partes y marcó un precedente en la gestión municipal actual.

Los hechos denunciados pintan un cuadro sistemático de hostigamiento. Uno de los trabajadores, con 30 años de antigüedad, relató que fue desplazado de su función sin explicación formal y que, a pesar de haber sido absuelto en un sumario, nunca le restituyeron sus condiciones laborales previas. La situación llegó al extremo de obligarlo a permanecer fuera del edificio municipal, sin acceso a sanitarios ni lugar de resguardo, incluso durante el crudo invierno patagónico.

Otra denunciante, empleada contratada, recibió advertencias directas sobre su continuidad laboral. Según la sentencia, Brecca ingresó sin previo aviso a su oficina para advertirle que si seguía hablando con ciertos compañeros no se le renovaría el contrato. Poco después, no se le renovó el vínculo mientras atravesaba una licencia médica por un cuadro de estrés relacionado con su entorno de trabajo.

Los trabajadores también señalaron amenazas, represalias tras participar en asambleas sindicales, gritos, restricciones arbitrarias, sanciones sin sustento y vigilancia interna. Un informe social incorporado a la causa respaldó las denuncias, mientras que testigos confirmaron la existencia de un esquema de exclusión dentro de la delegación.

El delegado fue representado por el abogado Martín Domínguez, quien también es asesor del intendente Walter Cortés. La defensa negó cada uno de los hechos atribuidos y argumentó que "la demanda es consecuencia de su decisión de ordenar y supervisar el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales". Brecca consideró que las denuncias fueron motivadas por su decisión de ordenar el cumplimiento de horarios y tareas, señalando supuestos incumplimientos de los denunciantes como ingresos fuera de hora y falta de fichaje.

El municipio, también demandado como responsable, negó los hechos a través de la asesora letrada Yanina Sánchez y dos abogados de plantel. La comuna argumentó que no existía "un ambiente de trabajo hostil" y que "los hechos denunciados no solo son falsos, sino que ocultan una resistencia al cumplimiento de las condiciones laborales mínimas".

Sin embargo, para los jueces los episodios de violencia laboral quedaron acreditados. La Cámara calificó los hechos como violencia laboral e institucional, señalando que las conductas denunciadas no fueron aisladas ni circunstanciales, y que la Municipalidad incumplió su deber de garantizar un entorno laboral sano y respetuoso.

La sentencia de primera instancia, que tiene instancia de apelación, ordenó a Brecca capacitarse en un plazo de 30 días en "prevención y erradicación de la violencia laboral y de género". Además, se le exigió que toda comunicación con los denunciantes se realice a través de un capataz o jefe de servicio, que redistribuya equitativamente las horas extras del personal, y que documente mediante una nota firmada y membretada las disculpas y el compromiso mencionado en una audiencia judicial.

El municipio también fue condenado a implementar cursos de prevención en violencia laboral en un plazo de 30 días para todo el personal de la delegación El Cóndor.

Ahora, con el mensaje anónimo sugiriendo que "el viernes sale la sentencia firme", se abre la posibilidad de que el fallo de primera instancia quede confirmado tras agotarse las instancias de apelación. Una sentencia firme significaría que la condena contra Brecca y el municipio ya no podría ser modificada, obligando al cumplimiento efectivo de todas las medidas dispuestas por la justicia.

Este caso se suma a una serie de denuncias por violencia laboral que han salpicado a la gestión municipal de Bariloche. La misma Cámara Laboral intervino el año pasado en una causa impulsada por la comisión directiva del Soyem contra el propio intendente Walter Cortés, a quien se le ordenó realizar una capacitación en prevención en violencia de género, que el jefe comunal apeló.

En agosto de 2025, otra sentencia de la Cámara Segunda del Trabajo condenó a la Municipalidad por violencia de género e institucional contra una trabajadora del área de Fiscalización que fue despojada progresivamente de funciones, presionada para dejar el cargo y finalmente reubicada en condiciones que el tribunal calificó como indignas.

Un dato que no puede pasarse por alto es el origen común de varios funcionarios municipales.

El mensaje dejado en el pizarrón de la Delegación El Cóndor no solo anticipa una definición judicial, sino que pone de manifiesto la tensión que atraviesa el ámbito laboral municipal. Los trabajadores esperan que la justicia ponga fin a prácticas que han sido sistemáticamente denunciadas, mientras la gestión de Cortés enfrenta un creciente cuestionamiento por la conflictividad laboral que ha caracterizado su primer y segundo año de mandato.