Por: Bache3000

A través de una resolución del intendente, se recortó significativamente la administración de boletos para personas con discapacidad. Antes del cambio, estos usuarios contaban con viajes libres en el transporte público, pero ahora se limitan a solamente ocho boletos diarios, tanto para ellos como para sus acompañantes. Además, la nueva normativa establece que el acompañante debe viajar obligatoriamente junto a la persona con discapacidad, lo que impide que pueda trasladarse por separado, por ejemplo, para ir a trabajar o al encuentro de la persona que asiste. En esos casos, deberá pagar la tarifa completa.

La edil calificó estas medidas como "bastante morbosas" y anticipó que serán un tema central en la próxima reunión del Consejo de Discapacidad, donde buscarán estrategias para proteger tanto a los trabajadores como a las personas que sufren alguna discapacidad y necesitan trasladarse más de ocho veces al día.

Otro punto crítico señalado por Ferreira es la falta de accesibilidad en las nuevas obras municipales. Las calles 9 de Julio y 25 de Mayo, donde actualmente se están realizando trabajos de asfalto muy requeridos por los vecinos, no cuentan con rampas para personas con discapacidad en su diseño. La concejal recordó que existe una ordenanza de barreras arquitectónicas que no se está respetando, como tampoco se respeta el presupuesto asignado para ese fin.

En cuanto al transporte público, Ferreira destacó una contradicción preocupante. Mientras se exigen determinados cumplimientos a los usuarios con discapacidad, la empresa Amancay no está obligada a instalar rampas en sus unidades. Según reveló la concejal, en el anexo 3 de la solicitud de aumento de tarifa que presentó la empresa, figura que las unidades con rampas son cero. Esta situación se agrava considerando que el municipio no garantiza la accesibilidad que debería tener una ciudad inclusiva.

Respecto al conflicto desatado tras el incendio de un colectivo, la situación de los vecinos de la calle La Paz entre Pasaje y Bécque ha generado reclamos por discriminación. Tras hechos vandálicos en la zona, la decisión de UTA, la empresa y el municipio fue directamente suprimir el servicio en ese sector, donde residen muchas personas con discapacidad y adultos mayores en barrios con más de 40 años de antigüedad como Elfrén y Martín de Güemes.

Ferreira manifestó comprender la situación de los trabajadores, quienes no pueden seguir expuestos a piedrazos y otros actos violentos, pero cuestionó duramente que ni el ejecutivo ni la empresa hagan nada concreto para resolver el problema de fondo. "La solución que dan es cortar el recorrido, mientras tanto las situaciones de violencia quedan ahí, no se resuelven", criticó. La concejal remarcó que el municipio, como autoridad de la empresa Mancay, está obligado a garantizar las medidas de seguridad necesarias tanto para los trabajadores como para los vecinos.

Todo esto ocurre en un contexto donde la empresa Mancay está solicitando un aumento de tarifa a 2.045 pesos para la primera sección, lo que la concejal calificó como "un temita muy complicado" dado el contexto de recortes en los servicios y la falta de inversión en accesibilidad e infraestructura.

En medio de estas problemáticas, continúa la especulación sobre posibles cambios en la dirección de Discapacidad, aunque hasta el momento no se ha concretado ninguna resolución oficial al respecto.