Por: Bache3000

El fiscal Martín Lozada habló durante treinta minutos en la última jornada del juicio contra Gustavo Gennuso. Habló como quien enumera evidencias que no necesitan ser probadas, como quien repasa una lista de compras o los nombres de los muertos. Dijo que después de tres días de audiencias podía afirmarse que Gennuso conocía el estado irregular de la administración anterior cuando asumió como intendente de San Carlos de Bariloche en diciembre de 2015. Que lo sabía porque había testigos, porque había un acta notarial del 9 de diciembre donde la escribana Gatás dejó constancia de todo: saldos, cuentas bancarias, fondos específicos aventurados al 31 de octubre. Que lo sabía porque él mismo había pedido esa acta.

Lozada mencionó nombres de contadores, secretarios, directores. Habló de cuentas bancarias y plazos fijos, de millones de pesos que iban de un lado a otro. Dijo que entre 2016 y 2017 se constituyeron treinta y un plazos fijos en la cuenta 137 del Banco Credicoop, potro cuenta municipal. Que Gennuso tenía firma habilitada, que él mismo fue al banco a pedir constituciones de plazo fijo: 88 millones el 6 de julio de 2016, 60 millones el 3 de octubre, 3 millones el 26 de septiembre. Los números se acumulaban como si fueran otra cosa, como si no fueran dinero sino apenas cifras en un papel.

El fiscal explicó que Gennuso declaró la emergencia económica apenas asumió. Ordenanza 27-10 del año 2015. Que esa declaración reflejaba el estado peculiar de las arcas municipales, que había una crisis que era vox populi. Pero que a pesar de eso, o quizás por eso mismo, los fondos del programa Techo Digno siguieron depositándose en una cuenta única donde se mezclaban con otros dineros. El 26 de enero de 2016 llegaron dos desembolsos que sumaban más de 42 millones de pesos. Todo fue a parar a la misma cuenta, aunque la propia municipalidad había advertido que eso era irregular, que impedía el seguimiento contable adecuado.

Lozada dijo que los acuerdos firmados con Nación establecían que el dinero era para construcción de viviendas. Para construcción de viviendas y nada más que construcción de viviendas. Que en el apartado f de las obligaciones del intendente estaba escrito que debía restituir los fondos no utilizados. Que había un Reglamento General para la Rendición de Cuentas que explicaba todo con claridad. Que había antecedentes en el Tribunal de Contralor, sentencias contra otros funcionarios que habían usado mal los fondos específicos. Que Gennuso lo sabía porque él mismo había impulsado una denuncia contra su antecesora María Eugenia Martini por el uso indebido de esos mismos fondos.

El fiscal habló de 105 millones de pesos que Gennuso "dispuso a su arbitrio mediante débitos bancarios". Que el dinero salió de donde debía estar y fue a parar a una cuenta no declarada ante Nación. Que eso hizo imposible demostrar el uso dado a los fondos, imposible cumplir con el mecanismo de rendición de cuentas que era central en el programa. Mencionó al secretario de Hacienda Ariel Gómez, a la directora de Tesorería Reina, a Saavedra. Dijo que ellos operaban como vehículos, como engranajes, como instrumentos para que lo resuelto por el intendente tomara vida. Que sería ridículo pensar que tres funcionarios subalternos decidieran solos el destino de más de trece mil millones de pesos en una municipalidad en crisis.

Citó jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, sentencias sobre peculado, sobre defraudación, sobre incumplimiento de deberes de funcionario público. Mencionó nombres de casos y números de expedientes como si fueran las coordenadas de un mapa donde todo está marcado desde antes. Al final pidió que se declare a Gustavo Gennuso autor de dos hechos en concurso real según los artículos 45, 55 y 261 del Código Penal. No mencionó la pena concreta que solicitaba. Treinta minutos exactos de palabras que se fueron acumulando en el aire de la sala.

Después habló la defensa de Gennuso durante otros treinta y cinco minutos. El abogado fue metódico al responder cada argumento de Lozada. Dijo que Gennuso no conocía el estado de las arcas antes de asumir, que no podía suponer lo que iba a encontrar. Que conoció el desfalco cuando ingresó y tomó medidas: la ordenanza de emergencia económica, la auditoría, el acta notarial. Que cualquier ciudadano barilochense sabía que el municipio no estaba bien económicamente, pero que a ciencia cierta, como lo acusaba el fiscal, no lo sabía.

La defensa fue poniendo clavos en lo que llamó el cajón donde reposan los restos de la acusación. Dijo que los fondos siempre estuvieron dentro de la administración pública, que nunca salieron del patrimonio del Estado Municipal. Que no se perdió ni el control ni el seguimiento. Que eso echaba por tierra la figura del peculado, que requiere indefectiblemente que los bienes salgan del patrimonio del Estado. El abogado usó una metáfora: agarrar la heladera de la cocina, pasarla al comedor. El inmueble es el mismo, solo cambió de lugar dentro del inmueble. El dinero pasó de una cuenta a otra, pero ambas eran del municipio.

Habló de los testigos. Que Saavedra, la directora de Tesorería, había dicho que la decisión de los plazos fijos siempre era del secretario de Hacienda, no de Gennuso. Que si estaba Gennuso sentado en el banquillo, entonces faltaba gente, o sobraba gente. Que García Berro había elaborado un dictamen abstracto sobre el artículo 44 que no tenía nada que ver con el hecho. Que Gennuso no fue acusado de malversación sino de peculado. Que cada testigo, por decantación, iba a la columna del descargo.

La defensa citó un fallo del Tribunal Federal de San Martín sobre un juez que depositó fondos del juzgado en la cuenta de su esposa. Dijo que lo importante era haber resguardado la situación del dinero. Que Gennuso no sacó la plata del banco y la puso a nombre de su esposa o de su hijo. Que la pasó de una cuenta a otra, siempre dentro del municipio.

El abogado levantó la voz cuando dijo que después de ocho años de haberse hecho cargo del Poder Ejecutivo, después de haber asumido un municipio desgastado y desprolijo, después de atravesar una pandemia mundial, después de haber saneado la gestión y entregado el municipio en una situación absolutamente distinta y opuesta a la que lo recibió, el Estado le encontró esta conducta de tomar dos plazos fijos con la sola intención de resguardar el patrimonio del municipio. Que Gennuso debía sacar pecho, que la acusación lejos de denostarlo debía enorgullecerlo. Que él en su lugar hubiera hecho lo mismo.

Dijo que la causa era política. Que Gennuso entregó el cargo el 8 de diciembre de 2023. Que estos hechos eran de enero de 2016, de conocimiento público porque eran actos públicos. Que el 6 de febrero de 2024, quince días hábiles después de dejar el cargo, se dio inicio al legajo. Que el 20 de febrero Gennuso fue notificado. Que desde 2018 había conocimiento formal de estos hechos pero nunca se inició una acción hasta que no entregó el cargo. Que más de alguien se habrá puesto contento de verlo sentado dando explicaciones. Solicitó la absolución.

Gennuso dijo algo breve al terminar. Que como confiaba en que las instituciones del Estado son las que dan la continuidad democrática y el bienestar para el pueblo, confiaba en la justicia. Que más allá de si consideraba o no que era un acto injusto, confiaba en que la resolución sería de acuerdo a lo que tenga que ser. Nada más.

El tribunal les dijo que tenían tres días para deliberar. Que en principio los convocarían a audiencia para dar a conocer la decisión el miércoles a las dos de la tarde. Que si había conformidad de las partes podían hacerlo por Zoom. Hubo conformidad.

Afuera seguía siendo San Carlos de Bariloche, seguía siendo octubre, seguía habiendo una ciudad donde alguien había sido intendente y donde ahora había un juicio que terminaba sin terminar, porque los juicios nunca terminan realmente. Tal vez, de eso se trató todo esto. Que el juicio existiera.