Por: Bache3000

El acta de la Asamblea Extraordinaria del 13 de enero de 2024 del Consejo Participativo Asesor del Ente Autárquico Mercado Comunitario Municipal lo menciona como "Sr Gustavo González, asesor legal y técnico de la Secretaría". González, Ferrari, depende de quién pregunte. El nombre cambia pero la persona es la misma. Y el problema también. Veintiséis organizaciones lo vieron ese día sentado al lado de Silvia Ferrari, su hermana, la funcionaria oficial. Lo vieron opinar sobre cuestiones técnicas. Lo vieron tomar control de partes de la reunión. Lo vieron presentarse como representante legal y técnico de la Secretaría, con la naturalidad de quien ejerce un cargo formal. Ninguna de esas organizaciones tenía razones para dudar. ¿Por qué iban a hacerlo? Estaba ahí, al lado de la secretaria, hablando en nombre del municipio, ejerciendo autoridad visible. El problema es que esa autoridad no existía en ningún papel oficial.

Porque Ferrari no es un asesor más que participa discretamente de alguna reunión técnica. Es alguien que aparece sistemáticamente en actos oficiales junto al intendente, que usa oficinas municipales, que maneja recursos públicos y que ante empresarios y organizaciones sociales se presenta como parte del gobierno municipal. Un fantasma institucional que firma, decide y representa, pero que oficialmente no existe.

Cuando Bache3000 le preguntó directamente, Ferrari admitió con inusual sinceridad que se mostraba "siempre atrás" de su hermana, la funcionaria Silvia Ferrari, porque "no tengo autorización" para actuar en nombre de la municipalidad. Es una confesión notable. Admite que no tiene autorización pero igual actúa. Que sabe que no debería hacerlo pero lo hace de todas formas. Y lo más perturbador: que lo hace sistemáticamente, bajo la protección implícita de quien sí tiene poder formal.

La lista de testigos que lo vieron operar como funcionario de facto es larga. Están las actas de reuniones donde aparece como representante municipal. Están los empresarios que negociaron con él creyendo que hablaban con alguien autorizado. Están las fotografías de eventos oficiales donde comparte el acto con el intendente. Está el vehículo oficial que conduce. Están las oficinas que ocupa. Y están, sobre todo, las decisiones que tomó sobre personal y recursos públicos sin tener ningún derecho legal para hacerlo.

 

 

 

 

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El acta del 13 de enero muestra con precisión cómo funciona esta operación. Silvia Ferrari responde desde la secretaría sobre búsqueda de fondos y cuestiones técnicas. Gustavo Ferrari, bajo el apellido González, aparece como asesor técnico y legal. Hermanos operando en tándem, uno con cargo oficial, otro sin él, ambos ejerciendo poder. La pregunta que nadie en la municipalidad parece dispuesto a responder es simple y devastadora: ¿quién lo autorizó?

Porque alguien tuvo que autorizarlo. Alguien le dio acceso a oficinas. Alguien le entregó llaves de vehículos oficiales. Alguien permitió que tomara decisiones sobre empleados municipales. Alguien lo dejó firmar documentos en representación del Estado. Y ese alguien, o esos alguien, cometieron una irregularidad administrativa grave que puede configurar varios delitos: malversación de fondos si cobra un sueldo informal, usurpación de funciones públicas, cohecho.

El intendente Walter Cortés dijo en su momento que no conocía a Ferrari. Es una afirmación difícil de sostener cuando Bache3000 documentó la presencia de Ferrari en múltiples actos oficiales donde el propio intendente estaba presente. Cuando se publicaron fotografías de ambos en eventos municipales. Cuando quedó claro que Ferrari no era un participante ocasional sino alguien integrado a la estructura de poder.

Ahora que el caso es público, la pregunta se vuelve más urgente. Si efectivamente Cortés no lo conocía, ¿qué va a hacer ahora que sabe? Si sí lo conocía, ¿por qué permitió que operara sin designación formal durante tanto tiempo? ¿Hay un sueldo? ¿Quién se lo paga? ¿De qué partida presupuestaria sale? ¿O es uno de esos arreglos informales donde el dinero circula sin registro, donde alguien cobra sin estar en la planilla oficial, donde el Estado financia actividades que no puede explicar?

Veintiséis organizaciones presenciaron la escena en aquella asamblea de enero. Veintiséis. Cooperativa Surgente, Feria Franca de Agricultores del Nahuel Huapi, el Colectivo Agroecológico del Río Negro, la Cooperativa Ganadera Indígena, el grupo de compras comunitarias Aromatix, Nodo de Alimentos Jacobacci, INTA Bariloche, Cooperativa Ayllú, CooPaTe, el Comedor Cre-Arte, La Tercera, trabajadores del Mercado Comunitario, la Universidad Nacional del Comahue, el Observatorio de Derecho a la Ciudad, Movimiento Mayo, Hecho en Los Coihues, el Centro de Educación Popular Edgardo Alac, la Biblioteca Popular Aimé Painé, la Asociación 7 de Agosto, Soberanx, vecinos de Las Victorias, de Dina Huapi, de Villa Mascardi. Veintiséis organizaciones lo vieron sentado al lado de Silvia Ferrari. Lo vieron opinar. Lo vieron tomar control de la reunión. Lo vieron presentarse como representante técnico y legal de la Secretaría. Lo vieron actuar con la autoridad de quien tiene todo el derecho del mundo. Todos ellos creyeron estar frente a funcionarios legítimos. Esa confianza, multiplicada por veintiséis, fue traicionada.

Porque esto no es solo un problema administrativo. Es un problema de legitimidad democrática. Cuando alguien puede ejercer poder estatal sin pasar por ningún mecanismo de designación formal, sin control del Concejo Deliberante, sin transparencia sobre sus funciones y su remuneración, se está violando el principio básico de que en democracia el poder debe ser público, controlable y justificable.

Ferrari operó durante meses, quizás años, en una zona gris institucional. Suficientemente adentro como para tomar decisiones y ejercer autoridad. Suficientemente afuera como para no rendir cuentas ni estar sujeto a ningún control. Es el privilegio perfecto: poder sin responsabilidad. Y funcionó porque hubo cómplices. Funcionarios que lo sabían y no dijeron nada. Autoridades que lo vieron y miraron para otro lado. Un sistema que prefirió la discreción a la legalidad.

Hay algo profundamente revelador en el hecho de que Ferrari le dijera a Bache3000 que no tenía autorización pero igual actuaba "atrás" de su hermana. Es una admisión de que el sistema funciona así. Que hay una forma oficial de hacer las cosas y una forma real. Que el organigrama es una cosa y el poder efectivo es otra. Que se puede gobernar desde las sombras si tienes los vínculos correctos.

Las organizaciones sociales, los cooperativistas, los vecinos que participaron de buena fe en aquella asamblea y en tantas otras reuniones merecen saber quién tomó las decisiones que los afectaron. Merecen saber si las políticas públicas que se discutieron fueron definidas por funcionarios legítimos o por operadores sin mandato. Merecen saber si el dinero público que se invirtió en sus proyectos fue gestionado con transparencia o si pasó por manos que no debían tocarlo.

Y el intendente Cortés, más allá de lo que haya sabido o ignorado hasta ahora, tiene la obligación de actuar. Investigar cómo fue posible que alguien sin designación formal operara como funcionario durante tanto tiempo. Identificar quiénes lo permitieron y por qué. Revisar todas las decisiones en las que Ferrari intervino para determinar si fueron legales. Y si hubo delito, denunciarlo.

Porque el silencio en este punto es complicidad. Y la complicidad ante irregularidades que involucran fondos públicos, personal municipal y políticas de Estado tiene un nombre claro en el código penal. Este no es el tipo de problema que se resuelve con una explicación administrativa o con el argumento de que "así se hacen las cosas". Es el tipo de problema que requiere investigación judicial, sanciones y reparación.

Ferrari puede haber creído que operando en la sombra de su hermana estaba protegido. Que la informalidad del arreglo lo hacía invisible a los controles. Pero los testigos lo vieron. Las actas lo registraron. Los empresarios negociaron con él. Y ahora las preguntas están sobre la mesa, esperando respuestas que la municipalidad no puede seguir evadiendo.

La democracia no funciona cuando el poder se ejerce en secreto. No funciona cuando las designaciones son implícitas en lugar de explícitas. No funciona cuando alguien puede conducir un auto oficial, usar una oficina pública, tomar decisiones sobre empleados del Estado y firmar en representación de una institución sin que exista un solo papel que lo autorice. Y definitivamente no funciona cuando las autoridades que deberían controlar esas irregularidades fingen no verlas.

Gustavo Ferrari, o Gustavo González, o como se haga llamar, fue durante demasiado tiempo el hombre invisible que firmaba por todos. El problema es que ahora es visible. Y las preguntas que genera no van a desaparecer con silencio.