Por: Bache3000

A pesar de haber sido formalmente convocado, ningún representante del gobierno municipal se hizo presente. La Defensora del Pueblo, Mariana Minuth, calificó a esta ausencia como preocupante dado el rol central que tiene el Municipio en el cumplimiento de la normativa vigente, además de poner en evidencia la falta de voluntad política del gobierno de Walter Cortés para dar respuestas a un problema que afecta directamente a los barrios del Alto de Bariloche.

La convocatoria reunió a los concejales Julieta Wallace y Facundo Villalba, representantes de la Asociación de Recicladores Bariloche, Juntas Vecinales de los barrios cercanos al vertedero y vecinos autoconvocados, entre ellos Marcos Armella y Tomás Guevara, quienes impulsaron las primeras presentaciones ante la Defensoría. Durante la apertura, Minuth fue contundente al señalar que la Ordenanza 3349-CM-22, que estableció el cierre definitivo y saneamiento del Centro de Residuos Urbanos Municipal con fecha límite el 4 de diciembre de 2023, sigue sin cumplirse casi dos años después de su sanción.

La situación se agrava porque el Municipio tampoco ha respondido los pedidos de informe solicitados por la Defensoría sobre el contrato vigente con la empresa Rowing S.A., encargada de proveer maquinaria para el manejo del predio. Mediante la Resolución Municipal 2022/2025, el Ejecutivo prorrogó ese contrato hasta marzo de 2026 por un monto mensual de 165 millones de pesos, justificando la medida en la necesidad de "prevenir incendios y mitigar riesgos ambientales".

Sin embargo, la propia empresa informó a la Defensoría que no tiene responsabilidad en la planificación ni en el uso de los equipos, tarea que corresponde exclusivamente al Municipio, lo que genera interrogantes sobre la efectividad real de esa inversión millonaria.

Durante la reunión, los representantes barriales, las Juntas Vecinales, la Asociación de Recicladores Bariloche y las organizaciones sociales presentes expusieron las condiciones críticas del predio y la afectación directa a la salud de las familias que viven en las inmediaciones. La falta de respuestas estructurales por parte del Estado fue una constante en los testimonios.

La ARB detalló además las dificultades concretas que enfrenta para desarrollar su tarea, principalmente por la ausencia de un sistema de recolección diferenciada y la inexistencia de puntos verdes que permitan la correcta clasificación de los residuos.

La Mesa de Incidencia queda así conformada como un espacio de articulación y presión ciudadana ante un gobierno municipal que, por ahora, parece más interesado en renovar contratos millonarios que en cumplir con la ordenanza que él mismo debe hacer respetar.

Durante el encuentro, las y los participantes de la reunión acordaron:

- Reforzar el pedido de información al Poder Ejecutivo Municipal, solicitando respuestas concretas sobre el cumplimiento de la Ordenanza 3349-CM-22 y la situación actual del Vertedero.

- Solicitar precisiones sobre las partidas presupuestarias previstas para 2026, vinculadas al cierre y saneamiento del predio.

- Dar seguimiento a los contratos de las empresas que operan en el Vertedero, verificando la correcta utilización de los fondos públicos y las tareas efectivamente realizadas.

- Analizar posibles destinos alternativos para los residuos en la región, que permitan avanzar hacia una gestión ambientalmente sostenible.

- Involucrar a organismos Provinciales y Nacionales competentes en ambiente y recursos naturales, así como a la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Río Negro, para fortalecer la articulación interinstitucional.

- Continuar acompañando a la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB) en la búsqueda de soluciones que garanticen mejores condiciones de trabajo y la inclusión en un esquema integral de gestión de residuos.