Por: Bache3000

La concejal Julieta Wallace fue contundente al señalar la coincidencia de fechas que no parece casual. El 2 de junio, el mismo día que Cortés vetó una ordenanza que destinaba 400 millones de pesos para el cierre definitivo del vertedero municipal, esos fondos provenientes de un bono por explotación hidrocarburífera que había enviado la provincia fueron colocados en un plazo fijo. La ordenanza vetada no pudo sostenerse porque la oposición no contaba con los ocho votos necesarios para insistir.

El debate por esos fondos giró en torno si debían invertirse en remediar el vertedero, o construir el puente Wiederhold. Lo cierto es que el ejecutivo vetó la orndenza para que vayan al vertedero, privilegiando la inversión en el puente. A varios meses de aquella discusión, no hizo ninguna de las dos. Puso los fondos en un plazo fijo, cuestión que trajo debate en el concejo esta mañana.

"Me llama la atención porque es la misma fecha, el 2 de junio se vetó la ordenanza que disponía aplicar esos 400 millones de pesos a la situación crítica del vertedero y se decide incorporar ese bien en un plazo fijo y congelarlo", denunció Wallace. La edil recordó que en ese momento desde el oficialismo argumentaron que 400 millones era poco para resolver el problema del vertedero, pero ahora sostienen que tampoco alcanza para hacer el puente, ya que apenas cubre los pilotes.

El concejal Leandro Costa Brutten advirtió sobre los precedentes judiciales que podrían complicar a los responsables actuales de Hacienda. "En este mismo momento se está llevando adelante por peculado un accionar contra el ex intendente Gennuso, que básicamente tiene que ver con el uso o la determinación de los fondos que eran específicos y su colocación en un plazo fijo", señaló. El edil expresó su "extraordinaria preocupación" porque la actual gestión confesó ante el Concejo Deliberante hacer exactamente lo mismo: cuando se trata de asignaciones específicas, postergar su uso ya es problemático, pero colocarlas en un plazo fijo puede generar responsabilidades judiciales similares a las que enfrenta Gennuso por el caso Techo Digno.

En diálogo con este medio, Costa Brutten profundizó sobre las implicancias legales de la maniobra financiera del municipio. "Les advertí a los funcionarios de Hacienda que como deben rendir cuentas de la plata que le otorga con asignación específica a la comisión provincial según la Ley 5733, y eso debe estar certificado por Contralor, pero como no usaron la plata para el puente sino para un plazo fijo, no van a poder rendir el capital", explicó el concejal.

Costa Brutten fue categórico al señalar que "no pueden generar intereses con una plata de asignación específica a una obra pública". El edil advirtió que aunque manipulen los intereses generados, no podrán rendir el aporte ante la provincia: "Van a tener que avisarle a la provincia que hicieron un plazo fijo y ver si los autoriza o si eso tiene consecuencias". Para el concejal, resulta "insólito que el actual intendente no tome en cuenta que otro intendente anterior está siendo juzgado por peculado por esta situación".

Los documentos oficiales del convenio con la provincia revelan una realidad aún más compleja. Según el Anexo I, la inversión total del puente sobre calle Wiederhold asciende a 425.180.900 pesos, mientras que el monto a transferir por la provincia es de 345.615.647 pesos más 38.517 dólares. Esto significa que los 400 millones que hoy están inmovilizados en el plazo fijo no solo representan menos de lo que la provincia comprometió, sino que son apenas una fracción del costo real de la obra. Para completar el puente faltan otros 800 millones de pesos que el municipio no tiene.

Pero hay más. A pesar de que los fondos ingresaron hace cinco meses, todavía no se ha colocado ni un solo pilar del puente. El proyecto está dividido en etapas y lo único que se planea ejecutar con estos recursos es la construcción de columnas de un metro veinte de diámetro en el cauce del arroyo, con un plazo estimado de 150 días. Las vigas metálicas que se utilizarían ya estaban disponibles desde la gestión anterior, pero la obra no avanza.

Wallace fue clara al establecer las prioridades: "La voluntad política del intendente no fue solucionar el tema del vertedero, sino hacer un puente. Y eso, si bien el puente puede ser necesario para la ciudad, yo no coincido en absoluto que sea prioritario a la vulneración del derecho a la salud de miles de barilochenses". La concejal citó informes de trabajadoras del hospital que dan cuenta de las afecciones a la salud que sufren los vecinos que viven cerca del vertedero.

La decisión de Cortés resulta particularmente llamativa en el contexto inflacionario actual. Como señaló Wallace con ironía, el intendente que viajó a buscar acuerdos con quienes no creen en la inflación, sigue utilizando el plazo fijo como herramienta de gestión de fondos con destino específico.

El convenio firmado con la provincia establece en su artículo segundo que el municipio debe afrontar con recursos propios la diferencia entre el monto transferido y el costo total del proyecto. Sin embargo, esos recursos no existen y el puente sigue siendo apenas un proyecto en papel. Además, el artículo tercero obliga a la municipalidad a remitir en el plazo de treinta días a la Comisión Especial Ley 5.733 la certificación del Tribunal de Cuentas Municipal con el detalle de la utilización e inversión de los fondos, un compromiso que no podrá cumplirse si los fondos permanecen en un plazo fijo.

El resultado es que Bariloche quedó en el peor de los mundos posibles: sin la remediación del vertedero que afecta la salud de miles de vecinos, sin el puente que se prometió, y con fondos provinciales inmovilizados en una maniobra financiera idéntica a la que tiene a un ex intendente procesado por peculado. Cinco meses después del ingreso del dinero, no hay ni proyecto ejecutivo completo ni obras iniciadas, mientras la Justicia podría estar esperando a la vuelta de la esquina con un precedente reciente y alarmante.