Por: Bache3000

El Consejo de la Magistratura de Río Negro se reunirá el próximo viernes  7 de noviembre para tratar la denuncia contra la Fiscal Jefe de Bariloche, Betiana Cendón, en una sesión que marcará un precedente: por primera vez en este tipo de procesos disciplinarios, organismos de derechos humanos y entidades gremiales actuarán como veedores para garantizar la transparencia. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUR), y la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) estarán presentes en la sesión que definirá si se ordena la suspensión provisoria de la funcionaria denunciada.

La intervención de estos organismos externos no es casual: refleja la gravedad institucional del caso y la desconfianza en los mecanismos internos de protección del Poder Judicial rionegrino. Los denunciantes solicitaron expresamente la presencia de veedores ante lo que califican como "violencia institucional" y una "falla estructural" del sistema para proteger a quienes denuncian a sus superiores jerárquicos.

El expediente CM-00047-2025 fue iniciado el 9 de septiembre de 2025 por seis funcionarios judiciales —entre ellos fiscales, una defensora penal adjunta y un jefe de división— que acusan a Cendón de violencia laboral, acoso psicológico, xenofobia, homofobia y obstrucción a la defensa. Desde el primer momento, los denunciantes solicitaron con urgencia la suspensión provisoria e inmediata de la Fiscal Jefe, pero han transcurrido casi dos meses y la funcionaria continúa en pleno ejercicio de sus funciones, con acceso a los legajos y manteniendo su poder jerárquico sobre los denunciantes.

En la sesión del 17 de septiembre, el Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad aplazar el tratamiento de la solicitud de suspensión para una reunión posterior. Los consejeros justificaron la demora por la necesidad de analizar la "envergadura de la temática" y la reciente presentación de nuevos hechos. Sin embargo, esta postergación ha generado lo que los denunciantes describen como un "riesgo inminente de entorpecimiento de la investigación" y ha perpetuado el "clima de intimidación" y el riesgo de represalias.

Según información extraoficial de personas, la postergación respondería a la intención de "congelar" la actividad del organismo hasta después de las elecciones de octubre. Algunos denunciantes ha señalado a Cendón como "la cara visible local de la política criminal de Jorge Crespo, Procurador General, y en definitiva, del gobernador Alberto Weretilneck". Esta presunta protección política sería utilizada por la denunciada para infundir miedo entre el personal, según testigos que afirman que "se arroga a viva voz tener contactos políticos" y utiliza el temor como herramienta de gestión con frases como "me está preguntando Crespo por esto".

La presencia de la APDH como veedor resulta especialmente significativa. El organismo de derechos humanos expresó su profunda preocupación por la ausencia de intervención del Observatorio de Violencia Laboral del Poder Judicial y calificó los hechos denunciados como una "clara violación de derechos humanos". La APDH respondió así al pedido formal de los denunciantes, quienes consideran indispensable la mirada externa ante el fracaso de los mecanismos internos de protección.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, que emitió un comunicado expresando su "acompañamiento" a los afiliados afectados y reafirmó su compromiso de "tolerancia cero frente a la violencia y el acoso laboral", también fue formalmente solicitado por los denunciantes para constituirse como Veedor Institucional. La entidad ya anticipó que participará en la sesión del viernes mediante la presencia de uno de sus miembros.

SITRAJUR, por su parte, presentó el 21 de septiembre una denuncia institucional propia ante el Consejo de la Magistratura. El Secretario General, Marco Calarco, atribuye a la Fiscal Jefe hechos de violencia laboral, persecución gremial, acoso psicológico y hostigamiento sistemático, y exige su apartamiento preventivo e inmediato. El sindicato ratificó su "compromiso con la no violencia" y su rol de "acompañamiento, denuncia y lucha colectiva".

Además de estos tres veedores confirmados, la Asociación Civil de la Defensa Pública (ADEPRA) manifestó su profunda preocupación por el ataque a la independencia funcional de la Defensora Pública Dra. Mónica Goye, una de las denunciantes y asociada a la entidad. ADEPRA exhortó a las autoridades a llevar adelante la investigación resguardando el "irrestricto respeto a la independencia funcional de la Defensa Pública" y fue formalmente solicitada para constituirse como observadora en el proceso disciplinario.

La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) también manifestó interés en la situación, convocando a reuniones con los fiscales denunciantes, afiliados a la entidad. Aunque inicialmente resolvió no intervenir en la instancia preliminar, reconoció la facultad de sus asociados de solicitar formalmente su constitución como observadora en el sumario disciplinario una vez que este sea formalizado. Los denunciantes ya han solicitado a la AAF que arbitre los medios para intervenir ante el Consejo de la Magistratura.

Los que no se han pronunciado, hasta el momento, es la actual conducción del Colegio de Abogados de Bariloche. Pese a que una de las denunciantes, la Defensora Penal Adjunta, solicitó formalmente el apoyo institucional del Colegio frente a las graves acusaciones de violencia laboral y acoso, la entidad que nuclea a los profesionales del fuero ha guardado silencio. 

La situación que enfrentarán el viernes los consejeros es compleja y delicada. Los denunciantes se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad debido a la Ley del Consejo de la Magistratura de Río Negro (Ley K N° 2434), considerada desactualizada y rígida, que no les permite ser parte activa del proceso disciplinario.

Los denuncianmtes señalan que "el fracaso de los mecanismos de protección internos es uno de los aspectos más graves del caso". El Observatorio de Violencia Laboral del Poder Judicial, organismo creado precisamente para brindar protección y asistencia urgente mediante la Acordada N° 32/2021, se declaró incompetente y remitió la presentación al Consejo de la Magistratura, argumentando tener "similar objeto". Los denunciantes calificaron esta decisión como un "acto de violencia institucional" que anuló el único mecanismo específico de protección, contraviniendo el espíritu de "Tolerancia Cero" del Protocolo.

Por su parte, el Procurador General Jorge Crespo calificó los hechos como "graves" y ordenó una investigación penal a cargo de un fiscal de Viedma. También dispuso una medida administrativa de separación de equipos mediante la Resolución FG N° 104/2025, para que los denunciantes pasen a la órbita del otro Fiscal Jefe, Dr. Martín Lozada. Sin embargo, esta medida resultó insuficiente para los denunciantes, ya que dejó a testigos clave bajo la supervisión directa de la propia denunciada. Además, Crespo había sugerido que "no haya contacto" entre las partes, una medida que fue violada con la convocatoria a una reunión en presencia de la Fiscal Jefe, lo que fue denunciado como un acto de revictimización.

Los denunciantes llegan a la sesión del viernes  con una exigencia clara: que el Consejo de la Magistratura ordene la suspensión provisoria e inmediata de la Fiscal Jefe, argumentando que esta es la única medida que puede garantizar la seguridad de los testigos y la integridad de las investigaciones disciplinaria y penal en curso. La gravedad de las causales denunciadas —mal desempeño, violencia laboral, acoso psicológico, xenofobia, homofobia, obstrucción a la defensa y la posible comisión de delitos— exige, según sostienen, una respuesta institucional contundente.

La sesión del 7 de noviembre se presenta como un momento definitorio no solo para este caso particular, sino para el funcionamiento del sistema judicial rionegrino en su conjunto.