Por: Bache3000

Un hombre fue imputado por el delito de abuso sexual simple tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una pasajera durante un viaje en colectivo desde El Bolsón hacia Bariloche. El hecho habría ocurrido en el interior del vehículo mientras ambos se trasladaban por ruta 40.

La situación llegó a conocimiento de las autoridades gracias a la intervención del conductor del transporte, quien auxilió a la víctima durante el trayecto y dio inmediato aviso a personal policial al arribar a la terminal de ómnibus de Bariloche. Los efectivos policiales procedieron a la detención del acusado en el lugar, dando inicio así a las actuaciones judiciales correspondientes.

Durante la audiencia judicial, el juez de Garantías llevó a cabo el control de detención y declaró su legalidad tras considerar que el procedimiento policial se ajustó debidamente a las normas vigentes. En esa instancia, la fiscalía presentó como evidencia la denuncia que la víctima radicó en dependencias policiales y un informe elaborado por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), organismo que evaluó el riesgo de la situación como leve tras el análisis del caso.

Por su parte, la defensora oficial no presentó objeciones respecto a la detención de su defendido, aunque solicitó al tribunal que se garantizara la continuidad de los tratamientos médicos que el imputado recibe por padecer una enfermedad crónica. El juez dispuso entonces la articulación necesaria con el hospital local y un centro de salud especializado en el tratamiento específico de su cuadro para asegurar la atención médica requerida.

La defensa adelantó además que trabajará en una teoría del caso alternativa durante el plazo de investigación que se habilitó para el avance de la causa, aunque en esta primera instancia procesal no formuló planteos adicionales ante el magistrado.
El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos contra el imputado, habilitó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria y ordenó la aplicación de medidas cautelares de rigor con el objetivo de asegurar el cumplimiento del proceso judicial y la comparecencia del acusado durante la tramitación de la causa.