Por: Bache3000

Los salarios que perciben oscilan entre 1,1 millones y 1,6 millones de pesos mensuales, pagados en mano dentro de dependencias del propio municipio. Si se toma un promedio de 1,35 millones de pesos por empleado, el Ejecutivo municipal estaría desembolsando alrededor de 20 millones de pesos mensuales bajo esta modalidad irregular. Más de 240 millones de pesos al año moviéndose en efectivo, sin bancarización, sin los registros y controles que corresponden a cualquier relación laboral formal.

La maniobra es sofisticada pero ilegal. Si bien existe un papel que dice "contratación", la realidad es que estos trabajadores no tienen aportes previsionales, no tienen obra social provista por el empleador, y deben hacerse cargo ellos mismos del pago de un seguro que debería ser responsabilidad del municipio. Los obligan a facturar como si fueran trabajadores independientes cuando en realidad cumplen horarios, reciben órdenes directas y realizan tareas propias de una relación de dependencia. Eso, en términos legales, se llama fraude laboral.

Los municipios pueden contratar personal bajo la modalidad de "plazo fijo", pero eso jamás puede implicar tenerlos en negro: sin aportes, sin obra social y delegando el pago de los seguros a cargo de quien trabaja. El Estado existe, precisamente, para garantizar el cumplimiento de las normativas laborales, no para violarlas. Y mucho menos para diseñar mecanismos destinados a evadir sus obligaciones como empleador.

La ley es clara en este sentido. La Ley 22.250, las normativas del IERIC, los convenios de la UOCRA y toda la legislación laboral vigente establecen requisitos precisos tanto para trabajadores como para empleadores en el sector de la construcción. Los trabajadores deben estar inscriptos en el IERIC con credencial laboral, afiliados sindicalmente a la UOCRA, contar con libreta de aportes al Fondo de Desempleo actualizada y tener cobertura de ART vigente. Los empleadores, por su parte, deben inscribirse en el IERIC, registrar a los trabajadores dentro de los quince días hábiles de su ingreso, cumplir con los aportes al Fondo de Desempleo y la afiliación sindical, y garantizar las normas de seguridad e higiene laboral.

Nada de esto se cumple en el esquema que opera en las obras municipales de pavimentación. Y un intendente con la experiencia sindical de Walter Cortés no puede alegar desconocimiento. Él sabe perfectamente qué significa una relación laboral registrada, cuáles son los derechos de los trabajadores y cuáles son las obligaciones de un empleador. Construyó su carrera política defendiendo precisamente esos derechos. Pero ahora, desde la intendencia, los viola de manera sistemática.

Los trabajadores empezaron a trabajar durante este año, el más antiguo en marzo. Sus edades rondan entre los veinticinco y cuarenta y cuatro años. Son personas que necesitan trabajar, y desde el Ejecutivo municipal se aprovechan de esa necesidad para imponerles condiciones laborales que ningún empleador privado podría implementar sin enfrentar sanciones inmediatas. Aceptan facturar, aceptan pagarse ellos mismos el seguro, aceptan cobrar en mano sin estar bancarizados, porque no tienen alternativa. Porque tienen familias que mantener y porque el trabajo escasea.

El mecanismo de renovación cada tres meses tampoco es inocente. Está diseñado para evitar que los trabajadores adquieran la estabilidad que la ley les reconocería tras sucesivas contrataciones. Es una forma de mantenerlos en permanente precariedad, con la amenaza latente de que la próxima renovación puede no llegar si no aceptan las condiciones que se les imponen.

Todo esto expone al municipio a juicios laborales millonarios. Porque cuando un trabajador reclama, los jueces no se guían por la formalidad del papel sino por la realidad de la relación laboral. Y si hay subordinación, si hay horarios, si hay tareas propias del giro del empleador, entonces hay relación de dependencia. Y esa relación de dependencia genera derechos: aportes previsionales retroactivos, obra social, indemnizaciones, vacaciones no gozadas, aguinaldos, todo lo que el municipio hoy evade pagando en negro encubierto. Cuando esos juicios lleguen, los pagarán todos los barilochenses con sus impuestos.

Ante esta situación, el concejal Leandro Costa Brutten realizó una presentación formal ante la Delegación Bariloche de la Dirección Provincial de Trabajo de Río Negro solicitando una inspección por posible incumplimiento de encuadramiento sindical y omisión de los requisitos laborales por parte del titular del Poder Ejecutivo municipal. Costa Brutten hizo reserva de presentar un amparo laboral y solicitó que se constate la situación de los trabajadores que desempeñan tareas de pavimentación en las obras municipales, verificando el cumplimiento o la omisión intencional por parte del intendente Walter Cortés de las obligaciones laborales, sindicales y de seguridad e higiene.

El concejal requirió específicamente que se determine si los trabajadores cuentan con DNI vigente, inscripción en el IERIC con credencial laboral, inscripción sindical en la UOCRA, libreta de aportes al Fondo de Desempleo actualizada, y cobertura de ART debidamente registrada y vigente. También solicitó que se verifique si el municipio cumple con su inscripción como empleador en el IERIC, con la inscripción de los trabajadores dentro del plazo legal, con los aportes al Fondo de Desempleo y afiliación sindical, y con las normas de seguridad e higiene laboral.

Costa Brutten informó en su presentación que procederá a cumplimentar acción similar ante el IERIC y la UOCRA, y advirtió que en caso de silencio o negativa de la Secretaría de Trabajo provincial, procederá a cumplimentar una formal presentación judicial.

La pregunta que atraviesa todo este esquema permanece sin respuesta: ¿de dónde salen esos 20 millones de pesos mensuales que se pagan en efectivo, sin bancarización, renovando contratos cada tres meses? Si el municipio evade registrar formalmente a estos empleados, si los obliga a facturar y pagarse ellos mismos los seguros, ¿qué otras obligaciones está evadiendo? 

Las obras de pavimentación son históricamente áreas sensibles en cualquier gestión municipal. Que estas tareas se ejecuten con mano de obra precarizada, mediante un esquema que simula legalidad pero vulnera derechos básicos, no hace más que reforzar las sospechas sobre el uso discrecional de fondos públicos y el desprecio por las normativas que el propio Estado debería garantizar.

La pregunta que late detrás de cada nueva denuncia es siempre la misma: ¿hay algo legal en este municipio?

Los trabajadores de calle Tacuarí, obligados a facturar y pagarse ellos mismos un seguro mientras cobran en mano en una oficina municipal, son la prueba viva de que el Estado puede ser el peor empleador cuando quienes lo conducen diseñan mecanismos para evadir sus propias obligaciones. Y la mayor traición no es solo hacia esos trabajadores precarizados, sino hacia la propia idea de lo público, de lo que debería ser un Estado que cuida a su gente en lugar de aprovecharse de su necesidad para ahorrar costos laborales.