Por: Bache3000

Un hombre presentó una demanda inusual en el fuero de Familia de Bariloche para que la Justicia le estableciera una cuota alimentaria para su hijo menor de edad. Su argumento fue la necesidad de tener previsibilidad económica y terminar con un esquema de pagos informales que venía sosteniendo desde hacía años, donde la madre le comunicaba semanalmente los gastos del adolescente y él los cubría sin un monto fijo ni periodicidad determinada.

La pareja tiene cuatro hijos en común, pero al momento de dictarse la sentencia en noviembre de este año, solo uno de ellos continuaba siendo menor de edad. Los otros tres alcanzaron la mayoría durante la tramitación del expediente o resolvieron sus acuerdos alimentarios por fuera del proceso judicial, por lo que la resolución se limitó exclusivamente al hijo menor.

En su presentación, el padre propuso que se fijara una cuota equivalente al 30 por ciento de su facturación mensual como prestador independiente en el rubro de Seguridad e Higiene. Además ofreció un piso mínimo con actualización automática vinculada al Salario Mínimo Vital y Móvil. También requirió que los pagos se canalizaran a través de una cuenta judicial y dejó constancia de que durante años había cubierto los gastos que le comunicaban, pero sin reglas claras ni la posibilidad de organizar su propia economía.

La madre rechazó categóricamente la propuesta. Negó que existiera desorden económico de su parte en la administración de los recursos y sostuvo que la cifra ofrecida quedaba muy por debajo de las necesidades reales del hijo. Presentó una proyección detallada de gastos que incluía alquiler, alimentos, transporte, colegio privado y servicios. Ella también reclamó una cuota basada en el 30 por ciento de los ingresos del padre, pero calculada sobre una base declarada diferente a la que él había informado.

Durante la etapa probatoria, la magistrada interviniente recibió documentación escolar que confirmó la asistencia del adolescente a una institución educativa privada cuya cuota mensual ascendía a 381 mil pesos al momento de la evaluación. Ese pago era cubierto directamente por el padre. También se incorporó al expediente una pericia social que describió el entorno de vida del menor como inestable, con una vivienda insuficiente para el grupo familiar y un deterioro progresivo en las condiciones materiales.

La unidad procesal tuvo especialmente en cuenta el dictamen final de la Defensora de Menores, quien intervino en representación del niño. El informe técnico recomendó dictar sentencia fijando una cuota alimentaria que reflejara la capacidad económica del alimentante y al mismo tiempo garantizara el desarrollo integral del menor sin comprometer sus derechos básicos.

Finalmente, el fallo hizo lugar a la demanda presentada por el padre y fijó una cuota alimentaria equivalente a 3,5 salarios Mínimo Vital y Móvil. La suma deberá depositarse entre los días 1 y 10 de cada mes en la cuenta judicial asignada en el expediente. El monto se actualiza de manera automática con cada modificación del salario mínimo que establezca el Gobierno nacional.