Por: Bache3000

El transporte urbano de Bariloche atraviesa una de sus crisis más profundas, marcada por episodios de violencia que se han vuelto cotidianos y una respuesta institucional que brilla por su ausencia. Los hechos recientes no son casos aislados sino síntomas de un problema estructural que nadie parece dispuesto a enfrentar con seriedad.

El último episodio ocurrió en la zona del Alto, donde un colectivo de la línea 71/81 fue apedreado por dos personas que momentos antes habían protagonizado una pelea en el interior de la unidad. Según testigos presenciales, ambos sujetos estaban alcoholizados y tras ser descendidos del colectivo por el conductor decidieron tomar represalias contra el vehículo, causando importantes daños en las ventanillas. Uno de los proyectiles rompió dos ventanas y llegó a impactar cerca de donde viajaba un bebé. No pasó nada más grave de milagro. 

Otro vecino describió un episodio reciente similar donde dos personas en estado de ebriedad se subieron a pelear en el colectivo 50 y cuando uno de ellos descendió del vehículo lanzó una piedra que afortunadamente fue un tiro errático. El usuario manifestó su frustración al contar que llamó a la policía solicitando ayuda pero no recibió ni siquiera una respuesta clara de las autoridades.

Pero la violencia en el transporte urbano tiene manifestaciones aún más violentas y sistemáticas. Desde hace dos meses, los vecinos del barrio Ada María Elflein permanecen sin servicio de colectivos en el tramo de la calle La Paz entre pasaje Gutiérrez y Beschtedt. La decisión de suspender el recorrido fue tomada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tras reiterados ataques con piedras que derivaron en la lesión de una pasajera.

Luis Curilén, referente del gremio de la UTA, explicó que la situación se volvió insostenible cuando una piedra atravesó un colectivo de lado a lado rompiendo ambas ventanillas y lesionando en el rostro a una mujer que viajaba en el último asiento. El dirigente sindical fue contundente al describir la gravedad del problema y señaló que los ataques en ese barrio ocurrían constantemente durante el día sin importar el horario.

Lo más alarmante según Curilén es que los agresores ya no son chicos sino personas adultas que arrojan piedras de gran tamaño con evidente intención de causar daño. El sindicalista dejó en claro que la determinación de no circular por la zona hasta que no estén dadas las condiciones de seguridad fue una decisión exclusiva del gremio, aunque reconoció que otras partes están trabajando para revertir la situación.

Mientras tanto, el municipio encabezado por Walter Cortés parece más ocupado en autorizar aumentos tarifarios que en garantizar la seguridad del servicio. En mayo pasado el intendente avaló un incremento del cien por ciento en el valor del boleto solicitado por la empresa Mi Bus argumentando que existía una importante crisis económica que ponía en riesgo la continuidad del servicio.

Hoy el boleto para quienes no tienen residencia en la ciudad cuesta 1895,10 pesos en las tres primeras secciones, mientras que los residentes pagan 1421,32 pesos con el descuento del veinticinco por ciento. Cortés había justificado el aumento afirmando que la solicitud de la concesionaria era razonable y oportuna debido a la notable variación de los valores que inciden en la determinación de la tarifa.

Sin embargo, los usuarios del transporte público se preguntan para qué pagan un servicio cada vez más caro si no tienen garantías básicas de seguridad ni pueden contar con que el colectivo llegue a su destino. Los barrios enteros quedan aislados, los trabajadores del volante temen por su integridad física; los pasajeros viajan con miedo a ser víctimas de robos o agresiones, y las autoridades municipales parecen conformarse con cobrar el subsidio y autorizar aumentos sin asumir ninguna responsabilidad sobre la calidad y la seguridad del servicio.

La crisis del transporte urbano en Bariloche no es solo una cuestión tarifaria ni un problema de costos operativos. Es una crisis de seguridad pública, de abandono estatal, de falta de control y de ausencia total de planificación. Mientras el municipio no asuma su responsabilidad en garantizar las condiciones para que el servicio funcione de manera segura y eficiente, los aumentos de tarifa solo servirán para que los usuarios paguen más por un servicio cada vez peor.

Los choferes hacen su trabajo exponiéndose a situaciones de violencia sin respaldo institucional, los pasajeros viajan con temor o directamente quedan sin servicio, y la municipalidad se lava las manos mientras el transporte público se desmorona. Así se va otro año sin que nadie asuma la responsabilidad de resolver el verdadero problema de fondo que aqueja al transporte urbano de Bariloche.