Por: Bache3000

La causa que investiga un grave episodio de violencia ocurrido en marzo de 2024 superó una instancia clave en el proceso judicial y se encamina hacia el juicio oral. La jueza interviniente resolvió admitir la acusación fiscal y dispuso la apertura del debate, que se llevará adelante ante un tribunal colegiado dada la gravedad de los delitos imputados.

Los hechos se remontan al 12 de marzo del año pasado, cuando el acusado, acompañado por otras dos personas que realizaban tareas en un complejo, habría desviado un curso de agua hacia un terreno lindero. Al ser increpado por la propietaria del predio afectado, el hombre reaccionó rociándola intencionalmente con un líquido que contenía glifosato, un producto cuyo uso está expresamente prohibido dentro del ejido urbano de Bariloche.

Las consecuencias para la víctima fueron devastadoras. La mujer sufrió una reacción alérgica dérmica generalizada, síntomas respiratorios irritativos y desarrolló un cuadro de estrés postraumático que afectó de manera prolongada sus actividades cotidianas. La fiscalía calificó los hechos como lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia hacia la mujer y mediante la utilización de un veneno.

Durante la audiencia de control de acusación, la fiscalía presentó un robusto cuerpo probatorio que incluye certificados médicos expedidos por un sanatorio local, informes del Cuerpo Médico Forense que describen las lesiones y su mecanismo de producción, y pericias psiquiátricas que acreditan las secuelas emocionales y psicológicas que continúa padeciendo la víctima.

El expediente incorpora además actas de exposición policial, denuncias radicadas en la Comisaría de la Familia, actas de allanamiento, inspecciones oculares y registros fotográficos que documentan el lugar de los hechos. Un elemento central de la investigación son las pericias químicas elaboradas por el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), que confirmaron científicamente la presencia de glifosato en la sustancia utilizada contra la mujer.

La Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) aportó informes que acreditan la situación de violencia de género en la que se enmarca el episodio, mientras que los registros de llamadas al 911 y la documentación sobre la ordenanza municipal que prohíbe este tipo de plaguicidas en la ciudad completan el panorama probatorio. La fiscalía también convocará a declarar a profesionales de la salud, peritos forenses, personal policial interviniente y especialistas que participaron en las distintas etapas de la investigación.

La querella adhirió a los postulados de la fiscalía y sumó elementos probatorios adicionales para el debate. Por su parte, el defensor público penal se opuso únicamente a la incorporación de uno de los elementos de evidencia aportados, aceptando el resto por considerar que no afectan su teoría del caso.

Con la admisión de la acusación, la causa ingresa ahora en la etapa de preparación del juicio, donde se fijarán las fechas del debate oral y público en el que finalmente se analizará toda la prueba reunida durante la investigación para determinar la responsabilidad penal del acusado.