Por: Bache3000

"Tras innumerables denuncias de precarización laboral en el Municipio, tanto en el Concejo Municipal como en el Tribunal de Contralor, vemos con suma preocupación la falta de respuestas institucionales coherentes frente al abuso y las irregularidades que se pretenden instalar", expresó el sindicato en su comunicado. El gremio fue categórico al exigir "el estricto cumplimiento del Estatuto Municipal en todos sus artículos en todo el ámbito municipal" y reclamó a las autoridades "dejar de mirar hacia otro lado ante la vulneración de derechos laborales".

La advertencia judicial fue clara y contundente: "De persistir la falta de respuesta institucional, el SOYEM Bariloche recurrirá a la Justicia para garantizar el respeto a las normas y la dignidad de cada trabajador y trabajadora municipal". La decisión del sindicato de elevar el conflicto a instancias judiciales marca un punto de inflexión en la escalada de tensiones entre el gremio y el Ejecutivo municipal, y representa un ultimátum directo a las autoridades para que regularicen las situaciones de precarización laboral que vienen denunciándose de manera reiterada.

La posición del SOYEM se produce en el contexto de la presentación formal que realizó el concejal Leandro Costa Brutten ante la Delegación Bariloche de la Dirección Provincial de Trabajo de Río Negro, solicitando una inspección por posible incumplimiento de encuadramiento sindical y omisión de requisitos laborales en obras de pavimentación municipales. Costa Brutten hizo reserva de presentar un amparo laboral y solicitó que se constate la situación de los trabajadores que desempeñan tareas de pavimentación en las obras municipales, verificando el cumplimiento o la omisión intencional por parte del intendente Walter Cortés de las obligaciones laborales, sindicales y de seguridad e higiene.

La denuncia del concejal se centra en un esquema irregular que afecta a alrededor de quince trabajadores que realizan tareas de pavimentación para el Municipio y que están siendo contratados bajo una modalidad que encubre empleo no registrado. Bache3000 accedió a información que revela que estos empleados, que actualmente trabajan en obras como las de calle Tacuarí, están formalmente contratados pero se los obliga a facturar sus propios servicios y pagarse ellos mismos un seguro. Las contrataciones se renuevan cada tres meses, cobran en efectivo en una oficina municipal y no están bancarizados.

Los salarios que perciben oscilan entre 1,1 millones y 1,6 millones de pesos mensuales, pagados en mano dentro de dependencias del propio municipio. Si se toma un promedio de 1,35 millones de pesos por empleado, el Ejecutivo municipal estaría desembolsando alrededor de 20 millones de pesos mensuales bajo esta modalidad irregular, más de 240 millones de pesos al año moviéndose en efectivo, sin bancarización, sin los registros y controles que corresponden a cualquier relación laboral formal.

La maniobra es sofisticada pero ilegal. Si bien existe un papel que dice "contratación", la realidad es que estos trabajadores no tienen aportes previsionales, no tienen obra social provista por el empleador y deben hacerse cargo ellos mismos del pago de un seguro que debería ser responsabilidad del municipio. Los obligan a facturar como si fueran trabajadores independientes cuando en realidad cumplen horarios, reciben órdenes directas y realizan tareas propias de una relación de dependencia. Eso, en términos legales, se llama fraude laboral.

La Ley 22.250, las normativas del IERIC, los convenios de la UOCRA y toda la legislación laboral vigente establecen requisitos precisos tanto para trabajadores como para empleadores en el sector de la construcción. Los trabajadores deben estar inscriptos en el IERIC con credencial laboral, afiliados sindicalmente a la UOCRA, contar con libreta de aportes al Fondo de Desempleo actualizada y tener cobertura de ART vigente. Los empleadores, por su parte, deben inscribirse en el IERIC, registrar a los trabajadores dentro de los quince días hábiles de su ingreso, cumplir con los aportes al Fondo de Desempleo y la afiliación sindical, y garantizar las normas de seguridad e higiene laboral. Nada de esto se cumple en el esquema que opera en las obras municipales de pavimentación.

El mecanismo de renovación cada tres meses tampoco es inocente. Está diseñado para evitar que los trabajadores adquieran la estabilidad que la ley les reconocería tras sucesivas contrataciones, una forma de mantenerlos en permanente precariedad con la amenaza latente de que la próxima renovación puede no llegar si no aceptan las condiciones que se les imponen. Los trabajadores empezaron a trabajar durante este año, el más antiguo en marzo, y sus edades rondan entre los veinticinco y cuarenta y cuatro años. Son personas que necesitan trabajar, y desde el Ejecutivo municipal se aprovechan de esa necesidad para imponerles condiciones laborales que ningún empleador privado podría implementar sin enfrentar sanciones inmediatas.

Costa Brutten requirió específicamente que se determine si los trabajadores cuentan con DNI vigente, inscripción en el IERIC con credencial laboral, inscripción sindical en la UOCRA, libreta de aportes al Fondo de Desempleo actualizada y cobertura de ART debidamente registrada y vigente. También solicitó que se verifique si el municipio cumple con su inscripción como empleador en el IERIC, con la inscripción de los trabajadores dentro del plazo legal, con los aportes al Fondo de Desempleo y afiliación sindical, y con las normas de seguridad e higiene laboral. El concejal informó que procederá a cumplimentar acción similar ante el IERIC y la UOCRA, y advirtió que en caso de silencio o negativa de la Secretaría de Trabajo provincial, procederá a cumplimentar una formal presentación judicial.

Todo esto expone al municipio a juicios laborales millonarios. Porque cuando un trabajador reclama, los jueces no se guían por la formalidad del papel sino por la realidad de la relación laboral. Y si hay subordinación, si hay horarios, si hay tareas propias del giro del empleador, entonces hay relación de dependencia. Y esa relación de dependencia genera derechos: aportes previsionales retroactivos, obra social, indemnizaciones, vacaciones no gozadas, aguinaldos, todo lo que el municipio hoy evade pagando en negro encubierto. Cuando esos juicios lleguen, los pagarán todos los barilochenses con sus impuestos.