Por: Bache3000

El concejal Facundo Villalba, del bloque Primero Río Negro, presentó el 3 de noviembre un pedido de informes que tiene la particularidad de ser exacto, preciso, casi forense en su descripción de una anomalía. Villalba había sido designado mediante Resolución 707-PCM-2025 como representante del Concejo Municipal en el Ente Autárquico Mercado Comunitario Municipal, ese EMCO que es uno de los varios feudos donde Ferrari dejó su huella sin tener ningún derecho a hacerlo. En el acta de la asamblea extraordinaria del Consejo Participativo del 13 de enero de 2024, Ferrari aparece por primera vez presentándose como "Gustavo Gonzales", asesor legal y técnico de la Secretaría de Producción y Empleo. La ortografía del alias varía según el documento: a veces González, a veces Gonzales, como si hasta en eso hubiera improvisación.

En esa misma asamblea, "Gustavo Gonzales" dio lectura a 13 puntos sobre el estado en que encontró la situación financiera del ENTE y describió situaciones sobre el desguace del mercado, detalles patrimoniales y crediticios que estaba investigando, según consta en el acta. Todo muy técnico, muy profesional, muy funcionario. Salvo por un detalle: no era funcionario. Y el apellido que usaba no era el suyo.

Previamente, en diciembre de 2024, Carlos Bonilla, presidente del Consejo Participativo Asesor del EMCO, había presentado la nota 645-MEySV-2024 al Concejo Municipal dando cuenta de las participaciones activas durante el año del señor Gustavo Ferrari, quien siempre se hizo llamar bajo el nombre de "Gustavo Gonzales". Bonilla no es un denunciante, es apenas alguien que deja constancia de lo que pasó. La diferencia es importante: hay quienes denuncian y hay quienes, simplemente, certifican lo que todos vieron.

El pedido de informes de Villalba solicita tres cosas elementales: la designación oficial del señor Gustavo Ferrari o "Gustavo González", el área en la que se desempeña y las tareas que desarrolla, y el número de legajo con copia fiel del mismo, detalle de aptitud y formación específica donde se determinen los fundamentos por los que solicitó ser aludido como "asesor legal y técnico" de la Secretaría de Producción y Empleo. Preguntas simples que cualquier ciudadano podría hacer sobre cualquier persona que trabaje en el Estado. Preguntas que no deberían necesitar un pedido formal porque deberían estar respondidas desde el primer día en que Ferrari puso un pie en una oficina pública.

Villalba cierra su pedido con una advertencia que es casi una profecía autocumplida: "La falta de respuesta o incumplimiento de lo precedente por parte de los funcionarios, los hará pasibles de las sanciones jurídicas vigentes al momento de la transgresión de esta norma", dice el artículo 4 de la ordenanza 1356-CM-2004. Habrá que ver si alguien responde o si la falta de respuesta se transforma en otra forma del silencio cómplice.

El mismo día, el 4 de noviembre, la concejala Samanta Echenique del bloque Juntos por el Cambio presentó su propio pedido de informes a Ferrari Silvia Inés, la secretaria de Producción y Empleo. Echenique es más directa en sus fundamentos: "Conforme es de público y notorio, en algunos medios se han hecho eco de una situación poco clara respecto de un particular, en principio familiar de un Secretario de la Municipalidad, respecto del cual no queda claro si cumple funciones dentro del organigrama municipal, con qué cargo, con qué funciones, bajo qué sistema de contratación y con qué superior".

La concejala solicita cinco puntos de información: el organigrama de la Secretaría de Producción y Empleo, si el señor Ferrari Gustavo Daniel se encuentra dentro de dicho organigrama, quién es el superior jerárquico directo del señor Ferrari y cuál es el alcance de dichas funciones, y qué tipo de acciones, gestiones o resultados concretos se llevaron adelante desde Punto Pyme y desde Fab Lab, cómo se gestiona y quiénes son sus responsables, bajo qué tipo de modalidad de contratación se encuentran.

Son preguntas razonables, elementales, del tipo que uno esperaría encontrar respondidas en cualquier portal de transparencia de cualquier municipio medianamente serio. Pero en Bariloche, en noviembre de 2025, requieren pedidos formales de informes presentados por concejales del la oposicióo. Eso dice algo sobre el nivel de opacidad al que se llegó.

El caso Ferrari ya había sido expuesto por Bache3000, que encontró al hermano de la secretaria trabajando en oficinas de Punto Pyme, manejando el móvil 934 (una camioneta Kangoo AF 855 PW sin identificación municipal), respondiendo mails institucionales como si fuera el funcionario responsable, participando en reuniones del Mercado Comunitario donde daba órdenes sobre el estado financiero del ente, decidiendo con quién debía trabajar el área de Comunicación de la Secretaría. Todo sin designación, todo sin cargo, todo sin aval jurídico.

En una entrevista con Bache3000, Ferrari reconoció que manejaba el vehículo oficial sin habilitación ni designación, que participaba en reuniones oficiales para "ayudar a su hermana", que funcionaba como "asesor" aunque no existiera ningún papel que lo respaldara. También reconoció haberse reunido "dos o tres veces" con el intendente Walter Cortés, quien días antes había declarado a otro medio que no sabía quién era Ferrari. El concejal Leandro Costa Brutten, en una intervención que mezcla ironía y precisión, señaló: "El intendente dijo que no conoce a Ferrari, debe ser porque tal vez conozca a González".

Los antecedentes del caso son múltiples y están documentados. En abril de 2024, Gastón Marchiolli, entonces director del EMCO, presentó un pedido de informes a Silvia Ferrari tras encontrar el domingo 7 de marzo a "Gustavo González" dentro del Mercado Comunitario junto a otras dos personas, una de ellas dentro de la cámara de frío armando bolsones, con custodia policial pero sin personal municipal presente. Marchiolli también detectó irregularidades en el uso de maquinaria, pérdida de aceite hidráulico, ruptura de un carro zorra, situaciones que Ferrari estaba "investigando" como si tuviera autoridad para hacerlo.

Los intercambios de correos electrónicos obtenidos por Bache3000 muestran que Silvia Ferrari pedía expresamente que se consultara todo a Gustavo Ferrari, delegando en él decisiones que correspondían a su cargo. En comunicaciones sobre la venta de carne y el uso de bienes municipales, es Ferrari quien responde en lugar de su hermana. Un empresario mostró que lo recibió como un funcionario, le entregó información sobre su empresa, todo en oficinas municipales. Durante una reunión del Directorio, cuando la concejala Roxana preguntó quién era Gustavo González, Silvia Ferrari respondió: "un asesor mío". Pero no existe documentación que acredite esa designación ni que explique bajo qué figura jurídica opera esta persona en la estructura municipal.

Ferrari participó en múltiples reuniones oficiales con organizaciones sociales, cooperativas, movimientos comunitarios. En una fotografía publicada por Bache3000 aparecen Carlos Irasola de Coop Surgente, Josefina Gorriti del Colectivo Agroecológico del Río Negro, María Toro de Feria Franca de Agricultores del Nahuel Huapi, Ayelen González de Asociación Civil 7 de agosto, representantes de Coopate, Comedor Cre-Arte, Cooperativa Ganadera Indígena, Nodo de Alimentos Jacobacci, INTA Bariloche, Cooperativa Ayllú, La Tercera, trabajadores del Mercado Comunitario, CRUB-UNComahue, Observatorio de Derecho a la Ciudad, Movimiento Mayo, Grupo de Compras Comunitarias Aromatix, Hecho en Los Coihues, Centro de Educación Popular Edgardo Alac, Biblioteca Popular Aimé Painé, Asociación 7 de Agosto, Soberanx, vecinxs de Las Victorias, vecinos de Dina Huapi, vecinxs de Villa Mascardi. Todas estas organizaciones vieron a Ferrari presentándose como representante municipal sin que nadie le dijera que no tenía derecho a hacerlo.

Costa Brutten anunció que presentará una denuncia penal porque considera que se está ante "una situación de extraordinaria gravedad". Según el concejal, Ferrari invocaba un cargo o una función que no tenía, lo que constituye un delito, y los funcionarios que lo permitieron también tienen responsabilidad. "El acceso a los bienes públicos, a una oficina pública, información en este caso sensible, no solo no puede ser realizada por personas que no cuenten con un aval determinado, en este caso firmado por el Intendente, sino que lo más grave de todo es que estas situaciones pueden y deben generar una responsabilidad penal", explicó Costa Brutten.

La situación también fue denunciada ante el Tribunal de Contralor en agosto de 2024. El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales había advertido sobre personal ajeno a ciertas áreas conduciendo vehículos municipales, en uno de los casos con un menor de edad viajando en la camioneta. Empleados municipales denunciaron situaciones de maltrato, de persecución, de problemáticas con estas personas que iban a las distintas áreas enviadas por el Ejecutivo. Silvia del Valle, quien había sido designada como administradora del mercado municipal, planteó esta situación irregular antes de su renuncia.

Ahora, en noviembre de 2025, dos concejales del oficialismo presentan pedidos de informes sobre una situación que lleva casi dos años en desarrollo. Preguntan lo que todos sabían, lo que los empleados vieron, lo que los funcionarios permitieron, lo que el intendente niega conocer pero que en grabaciones del canal ABTV (que pertenece a Cortés), caminan juntos. Ferrari operó en el Puerto San Carlos, en el Mercado Comunitario, en el Fab Lab, en Punto Pyme. Supervisó instalaciones, dio órdenes a empleados, participó en reuniones oficiales. Todo sin estar designado. Y el Concejo Municipal, ese lugar que debería controlar al Ejecutivo, recién ahora empieza a hacer las preguntas.

Costa Brutten lo resumió con una frase que debería estar grabada en algún lugar visible del municipio: "Cuando uno conoce un delito lo obliga a denunciar". La pregunta es cuántos conocieron y callaron, cuántos vieron y miraron para otro lado, cuántos supieron y esperaron a que alguien más dijera algo primero. Ferrari operó durante casi dos años porque alguien lo dejó operar, porque alguien le dio acceso, porque alguien le facilitó los vehículos y las oficinas y la información privilegiada. No fue un infiltrado ni un fantasma. Fue alguien que entró por la puerta, se sentó en un escritorio y empezó a trabajar como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo.

Los pedidos de informes presentados por Villalba y Echenique establecen un plazo legal para que se respondan las preguntas. Habrá que ver si el Ejecutivo responde o si aplica esa vieja táctica argentina de dejar que el tiempo pase y la noticia se olvide. Mientras tanto, Ferrari sigue siendo un misterio administrativo: todos saben que estuvo ahí, nadie puede explicar bajo qué título, con qué autoridad, respondiendo a quién. Es el hombre que fue sin ser, el funcionario que actuó sin cargo, el asesor que no figura en ningún organigrama. En una municipalidad donde la transparencia debería ser la norma, Ferrari fue la excepción que se transformó en regla. Y eso, más que cualquier irregularidad particular, es lo que estos pedidos de informes están poniendo en evidencia: no se trata solo de un hermano que ayuda a su hermana, se trata de un sistema que permite que cualquiera haga cualquier cosa sin que nadie pregunte nada hasta que sea demasiado tarde.