Por: Bache3000

En la demanda, la mujer expuso su historia: una relación breve, marcada desde el embarazo por agresiones físicas y psicológicas. Tras la separación, se mantuvieron las amenazas, lo que motivó denuncias penales y una medida de restricción de acercamiento vigente. 

A pesar de eso, la madre había facilitado inicialmente el contacto de la niña con el padre y los abuelos paternos. Sin embargo, la situación cambió después de nuevas denuncias contra el progenitor.

La mujer explicó que trabajaba jornadas de nueve horas por un ingreso bajo, sin ayuda económica del padre, y debía pagar el alquiler y una niñera para poder sostener la rutina diaria. 

Añadió que por esa situación no podía cubrir actividades extracurriculares para su hija, ni garantizar una vivienda estable. A diferencia de eso, detalló que en la nueva ciudad contaba con oferta laboral concreta, una vivienda disponible y vínculos familiares cercanos.

La jueza analizó el caso desde una doble perspectiva: la de infancia y la de género. Remarcó que el padre no había mostrado intención de revincularse, no aportaba económicamente y mantenía una conducta que reforzaba el desequilibrio. 

También advirtió que los abuelos paternos, con quienes se había sostenido un vínculo respetuoso, comenzaron a hostigar a la mujer y a su hija luego del intento de mudanza, con actitudes que el tribunal calificó como moralizantes y controladoras.

La sentencia autorizó el cambio de centro de vida, dejó sin efecto una cautelar anterior que lo impedía, y ordenó notificar a fuerzas de seguridad para que madre e hija pudieran salir de la jurisdicción sin obstáculos.