Por: Bache3000

La declaración del CRUB se produce en un contexto de escalada del conflicto entre las universidades públicas y el gobierno nacional. "Hoy particularmente se exige al Gobierno nacional poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y la efectivización de paritarias, reclamo de carácter urgente", señala el documento.

Tras tres marchas universitarias multitudinarias, la ley de financiamiento fue aprobada por ambas cámaras legislativas nacionales y, tras el veto presidencial, fue nuevamente ratificada en Diputados y Senadores, convirtiéndose en ley "con obligación de ser puesta en funcionamiento por el Ejecutivo nacional". Sin embargo, el gobierno la mantiene sin efecto argumentando falta de presupuesto "en pro de no romper el equilibrio fiscal ante la mirada de toda la sociedad de la utilización de fondos del estado discrecionalmente y de toma de deuda externa sin consenso legislativo para manejos de mercado, favoreciendo únicamente a poderes económicos concentrados y a sectores financieros".

El documento subraya que "el reclamo universitario, dada la gravedad de la situación y la urgencia, ya está en proceso legal a la espera de que la justicia garantice el cumplimiento de la ley".

En cuanto a la situación del personal, el Consejo advierte que "los y las trabajadores de las universidades públicas, docentes y no docentes, están en emergencia salarial y el funcionamiento universitario ni siquiera está garantizado". Las universidades atraviesan "situaciones de pérdida de recursos humanos valiosísimos, que este mismo estado históricamente formó en sus universidades y entidades nacionales de ciencia y tecnología", ocasionando un daño que el Consejo Interuniversitario Nacional sostiene "tardará al menos veinte años en reparar".

El Consejo señala que "cualquier persona que pasó por una universidad pública sabe de las exigencias de los concursos regulares de quienes accedieron a sus cargos, que éstos requieren de años de estudio, trabajo académico y de investigación, y que los proyectos y convocatorias son evaluadas rigurosamente por pares de otras facultades o universidades", hechos que el gobierno intentó negar "con argumentos falsos, aprovechando los modos de información o desinformación masiva".

La declaración critica que "el gobierno nacional insiste en enfrentar trabajadores/as con trabajadores/as con el discurso de adoctrinamiento por parte de los docentes y sostener que los estudiantes son rehenes de sus profesores, en una interminable campaña de desprestigio de la educación pública y de la universidad en particular, sin tener ningún dato real sobre estas acusaciones".

Frente a este escenario, las universidades "continúan haciendo sus tareas de bien público y organizadas en la lucha, para seguir existiendo, cumpliendo sus funciones, incluyendo a la sociedad al conocimiento y a la formación, al acceso a una mejor calidad de vida de la sociedad argentina en su conjunto".

El documento destaca que resulta "imposible tener de rehenes alumnos y alumnas, ya que no existirían si no existen docentes universitarios/as, y siendo hasta el día de hoy su prioridad". Agrega que "estudiantes y sus familias han compartido la lucha porque saben que la universidad pública gratuita y de calidad es uno de los emblemas más valorados de la sociedad argentina".

Sobre la situación salarial, el Consejo advierte que "históricamente este momento marca el peor nivel salarial del personal docente en su conjunto, estando el en el mayor porcentaje de sus integrantes debajo de la línea de la pobreza".

Las universidades desarrollan además "funciones de investigación, extensión, formaciones varias, perfeccionamiento, actividades culturales y espacios de discusión sobre temas de interés social, tratando conflictos, conocimientos varios, recreación, salud, temas ambientales, etc.", actividades que "históricamente fortalecidas están prácticamente sin financiamiento sostenidas por sus integrantes y redes de profesionales, mientras se resiste a esta embestida sostenida en el tiempo".

El presupuesto para mantenimiento y gastos de los edificios universitarios "es tremendamente exiguo", señala la declaración. "Todos estos temas están contemplados (e incluso ya atrasados) en la ley de financiamiento que el gobierno por decisión política no hace efectiva".

El Consejo reflexiona sobre las implicancias de esta decisión política: "la exclusión, la falta de posibilidades, posibilidades que entre otras cosas implican movilidad y justicia social, negar el acceso al conocimiento y a la construcción compartida y situada de mismo, vedar el pensamiento crítico, quebrar el valor del conocimiento y los avances científicos de un país", todo esto en relación al hecho de que sea una ley la que está en cuestión, lo que implica "el incumplimiento de obligaciones bases de la democracia argentina y de su constitución".

La declaración cierra citando a Manuel Belgrano: "Un pueblo culto nunca podrá ser esclavizado".