Por: Bache3000

"Nos encontramos con un nuevo intento de desalojo donde han resuelto a través de un recurso de reservado que nos parece algo ilegal porque le quitan el derecho de la defensa al abogado que tenemos nosotros", explicó Pablo Chávez. Según su testimonio, el expediente se está manejando "a puerta cerrada" entre el abogado de la parte demandante, del estudio Rugli perteneciente al estudio Botbol, y el juez Mariano Castro del Juzgado Civil N°1.

El recurso de mantener el expediente reservado, denunció Chávez, impide que el abogado defensor acceda al expediente y prepare cualquier estrategia legal. "No le permiten entrar en el expediente y deciden cosas a puerta cerrada entre el abogado de la otra parte y el juez", cuestionó.

La situación judicial se complica aún más con el ping pong de competencias entre juzgados. El juez Castro se declaró incompetente para resolver el caso y lo trasladó al Juzgado N°3 a cargo del doctor Morán, quien a su vez devolvió el expediente argumentando que correspondía a Castro. "Se pasan la pelota de un lado al otro", graficó Pablo Chávez.

En ese intercambio de expedientes, la familia se enteró el lunes que existía una orden de desalojo para el miércoles, aunque paradójicamente esa orden no figura aún en el expediente ni fue notificada formalmente. "Nos enteramos que no está en el expediente todavía puesto, porque no está escrito ni notificado el expediente, ni Minoridad y Familia porque hay menores, ni nosotros, que hay una orden de desalojo para mañana", detalló Chávez.

En caso de que el desalojo no pueda concretarse, la resolución establece una multa de 50 mil pesos por día mientras la familia permanezca en la propiedad. "Quedarían en la calle. No tenemos otra propiedad, no hay otra casa, no hay un departamento, no hay un alquiler", advirtió Pablo sobre las consecuencias de un eventual desalojo.

La familia denuncia además que la demanda presenta irregularidades de fondo: mientras el acta inicial del oficial de justicia registra a todos los habitantes de la propiedad, la demanda solo incluye a tres personas. "¿Cómo quieren hacer un desalojo sin haber demandado o resolver algo sin haber demandado una parte de la gente que vive en la propiedad?", se preguntó Chávez.

Otro elemento que consideran gravísimo es que en la ventanilla de atención del juzgado donde tramita la defensa pública de Julia Chávez trabaja la hija de Dora Petrov, la parte demandante. "Nos encontramos que cuando llegamos al juzgado en la misma ventanilla donde tienen que anunciarle al doctor Suárez que nosotros estamos ahí para que vea a mi mamá y nos atiende la hija de Petrov", relató Pablo. "La hija de Petrov sabe de antemano lo que el abogado le va a decir a mi mamá", denunció.

La disputa por la propiedad enfrenta a la familia Chávez con la familia Petrov. Según Pablo Chávez, la versión de la parte demandante carece de lógica: "Ellos no fueron nunca a la propiedad, no residen en la propiedad, no viven en el lugar. Y además si fuera que ellos compraron hace 30 años, ¿quién le presta una casa 30 años a un desconocido para vivir?"

Más aún, cuestiona la supuesta venta del terreno: "Mi mamá, madre soltera, 10 hijos, vende el terreno para pagar impuestos. ¿En serio? ¿Vos vendés tu casa para pagarle los impuestos y quedarte en la calle? Es una mentira".

Pablo Chávez también hizo referencia a testimonios de otras personas que denunciaron prácticas irregulares de la familia Petrov-Arnal. Mencionó el caso de un empleado del campo de Arroyo Las Minas identificado como Curcio, quien según relató en una emisora radial, fue despedido sin indemnización y su casa fue incendiada cuando reclamó sus derechos laborales.

"La justicia está desoyendo que además en todos los medios donde yo salí, la gente está diciendo la cantidad de estafas que tienen por otro lado y la justicia no investigó una asociación ilícita", reclamó Chávez, quien cuestionó duramente la falta de acción del Superior Tribunal de Justicia y del Procurador General ante las múltiples denuncias.

La mañana de este miércoles, vecinos se concentraron frente a la casa de Julia Chávez en apoyo a la familia, repitiendo la masiva movilización que se realizó el año pasado cuando se produjo el primer intento de desalojo. "El vecino es genial, nosotros salimos a contar la problemática como fue ayer y el vecino empieza a llegar a venir a apoyar a la casa", agradeció Pablo Chávez.

Hasta media mañana de hoy no había llegado ninguna notificación oficial de desalojo, aunque la familia permanece en alerta. "Empiezan a correr los días. Puede llegar a haber una notificación o venir con el desalojo directamente acá", explicó Chávez. Según precisó, el plazo para ejecutar la orden sería de 50 días.

"Un juez que gana 10 millones de pesos no puede equivocarse en esto", cuestionó Pablo Chávez en referencia al magistrado Mariano Castro. Y sentenció: "Los errores son a propósito, uno no se equivoca sin querer. Por lo menos dentro del fuero judicial, uno se equivoca a propósito".

La familia convocó a la comunidad a mantenerse alerta y seguir acompañando a Julia Chávez en lo que consideran una batalla desigual contra intereses económicos poderosos respaldados por sectores de la justicia. "Por ese interés está bailando el mono a puerta cerrada", concluyó Pablo Chávez sobre una propiedad que, más allá de su valor monetario, representa la historia y el único techo de una familia numerosa.