Por: Bache3000
La Legislatura de Río Negro analizó en comisión plenaria el proyecto de ley que autoriza al gobierno provincial a usar dos herramientas financieras para 2026: sobregiros bancarios por hasta 140.000 millones de pesos y la emisión de Letras de Tesorería por hasta 120.000 millones. Ambos instrumentos son solicitados todos los años por el Poder Ejecutivo para garantizar el funcionamiento del Estado, especialmente en momentos en que los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos corrientes.
El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, explicó ante los legisladores que el sobregiro autorizado sobre el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (F.U.C.O.) equivale a una masa salarial mensual y se trata de un mecanismo de uso diario para cubrir desfasajes entre el momento en que el Estado debe pagar y el momento en que efectivamente ingresan los recursos. Se trata, básicamente, de quedarse en descubierto en la cuenta bancaria provincial, algo similar a lo que ocurre cuando una persona gasta más de lo que tiene disponible en su cuenta corriente y el banco le permite un margen negativo. Durante 2025, el gobierno utilizó este descubierto durante nueve días en promedio por mes, un uso que Sánchez calificó de "responsable" y que procuran minimizar por su costo financiero, que este año fue de 4.316 millones de pesos.
El F.U.C.O. es un sistema que centraliza todas las cuentas bancarias oficiales de la provincia en una cuenta principal, permitiendo una administración más ordenada de los fondos públicos. Cuando el gobierno necesita pagar salarios, proveedores o servicios esenciales y los recursos no han ingresado todavía por retrasos en la coparticipación federal o variaciones en la recaudación provincial, puede utilizar este sobregiro bancario para cumplir con sus obligaciones sin interrumpir el funcionamiento del Estado.
Por otro lado, las Letras de Tesorería son títulos de deuda de corto plazo, con vencimiento máximo de un año, que la provincia emite y coloca en el mercado financiero para obtener recursos extraordinarios. A diferencia del sobregiro bancario que es de uso cotidiano, las Letras se utilizan de manera estacional, cuando las necesidades del Estado exceden los recursos corrientes disponibles. El ministro Sánchez mencionó como ejemplo su uso durante los incendios de El Bolsón a principios de 2025, cuando la provincia enfrentó gastos excepcionales que no estaban previstos en el presupuesto regular.
Para 2025, los límites autorizados fueron de 80.000 millones de pesos para sobregiros y 60.000 millones para Letras de Tesorería. El nuevo proyecto duplica estos montos: 140.000 millones para el F.U.C.O. y 120.000 millones para las emisiones. Este aumento responde, según el gobierno, a la necesidad de contar con mayor margen de maniobra ante la caída persistente de la recaudación provincial y el derrumbe de los fondos de coparticipación federal que envía Nación. Durante 2025, Río Negro no llegó a utilizar las Letras de Tesorería, aunque el ministro adelantó que emitirá entre 30.000 y 40.000 millones antes de fin de año para cerrar el ejercicio.
El proyecto también faculta al gobierno a afectar o ceder en garantía los recursos que Río Negro recibe de la coparticipación federal, las regalías petroleras y otros recursos provinciales para respaldar estas operaciones financieras. Esto significa que si la provincia no pudiera devolver el dinero de las Letras o pagar el sobregiro, los acreedores tendrían derecho a cobrarse directamente de esos fondos que la Nación transfiere mensualmente.
En el tratamiento en comisión, los bloques oficialistas Juntos Somos Río Negro, Coalición Cívica ARI – Cambiemos y Unión Cívica Radical anticiparon su voto afirmativo. El bloque Unión Republicana, vinculado al PRO, adelantó su voto negativo, en línea con su histórica postura de rechazo a nuevos endeudamientos. Los bloques Primero Río Negro y Partido Justicialista – Nuevo Encuentro solicitaron 48 horas adicionales para analizar el proyecto antes de definir su postura, lo que refleja la tensión que genera una autorización de endeudamiento por 260.000 millones de pesos destinados exclusivamente a gastos corrientes.
El gobierno argumenta que rechazar estas herramientas pondría en riesgo el pago de salarios y la prestación de servicios esenciales, capitalizando el temor a una crisis de pagos. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionan que el Ejecutivo recurra sistemáticamente al endeudamiento para tapar déficits que consideran estructurales, resultado de decisiones políticas que califican de equivocadas. El proyecto se tratará en la sesión del 20 de noviembre y, si se aprueba, el gobierno provincial tendrá autorizadas estas herramientas financieras desde el primer día de 2026, antes incluso de que ingrese el presupuesto anual, previsto para principios de diciembre.