Por: Bache3000

La propuesta llega en un momento en que el vapeo dejó de ser una rareza para convertirse en algo habitual, sobre todo entre adolescentes y jóvenes. Acevedo lo dijo sin vueltas durante el tratamiento en comisión: el uso de estos dispositivos creció de manera exponencial en todo el país, muchas veces empujado por estrategias de marketing que minimizan o directamente ocultan los daños que pueden causar a la salud. La Ley 4714, sancionada hace años como adhesión a la norma nacional 26.687, no contemplaba estos aparatos simplemente porque cuando se redactó no existían con la masividad actual, o al menos no circulaban con la naturalidad con la que hoy se los ve en bares, patios de escuela o reuniones sociales.

Los fundamentos del proyecto recogen advertencias de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, que han señalado los riesgos del aerosol que emiten estos dispositivos. Ese aerosol contiene sustancias tóxicas, metales pesados y nicotina, y resulta perjudicial no solo para quien vapea sino también para quienes respiran ese aire. A nivel nacional, la ANMAT prohibió en 2011 la venta, promoción e importación de cigarrillos electrónicos mediante la Disposición 3226, argumentando que no se demostró ni su inocuidad ni su eficacia como herramienta terapéutica. Sin embargo, esa prohibición no impidió que la comercialización siguiera adelante, principalmente a través de redes sociales y canales informales.

El legislador Juan Murillo Ongaro, del PRO y Unión Republicana, no se opuso a la iniciativa pero preguntó si se habían consultado las áreas provinciales vinculadas al tema, particularmente el Ministerio de Salud. Acevedo reconoció que no obtuvieron respuesta de esa cartera, pero defendió la propuesta amparándose en los estudios científicos que la sostienen, que no son invenciones propias sino trabajos avalados por organismos nacionales e internacionales. La iniciativa ahora deberá pasar por otras instancias legislativas antes de su eventual sanción, pero el dictamen de este lunes marca un primer paso concreto para que la legislación provincial empiece a ponerse al día con una realidad que ya estaba instalada en las calles.