Por: Bache3000

La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, presentó este jueves en la Legislatura su Informe Anual de Gestión 2023-2024, un documento que radiografía las principales urgencias de la población rionegrina a través de 5.216 gestiones procesadas durante el período. El organismo logró una eficacia del 95% en la resolución de casos y registró un incremento sostenido en el uso de canales digitales, especialmente WhatsApp, como vía de contacto con los ciudadanos.

El área de Salud Pública volvió a encabezar el ranking de reclamos, concentrando el 19% del total. Las consultas más frecuentes estuvieron relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos crónicos y oncológicos, y con la falta de prótesis e insumos quirúrgicos. Según el informe, esta situación obedece a restricciones presupuestarias y a la falta de previsibilidad en la cadena de suministros, factores que impactan directamente en la calidad de vida de los pacientes.

La Defensoría expresó especial preocupación por la situación del IPROSS, donde la cobertura real de medicamentos se ubica hoy entre el 9% y el 11%, muy lejos del 50% que establece la Ley 2.753. Además, se registraron demoras en autorizaciones, trámites administrativos y provisión de prótesis, lo que agrava el panorama para los afiliados de la obra social provincial.

El apartado de Salud Mental mostró otra tendencia alarmante: de 461 internaciones registradas durante el período analizado, 414 fueron involuntarias. Entre ellas, 120 correspondieron a niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos por episodios vinculados a riesgos autolesivos. Como contrapartida, el organismo resaltó como un avance significativo la finalización del proceso de cierre de la clínica Valle Sereno.

Los servicios públicos constituyeron uno de los puntos más críticos del informe, especialmente tras los incrementos derivados de las políticas nacionales de desregulación. La Defensoría cuestionó la falta de gradualidad y la ausencia de criterios de equidad territorial en la aplicación de las nuevas tarifas. En el caso del gas, se registraron aumentos que en algunos casos alcanzaron el 486%, perjudicando tanto a hogares como a comercios. En electricidad, el 56% de los reclamos se concentró en facturación, segmentación y subas tarifarias. En el servicio de agua, casi la mitad de las quejas estuvieron vinculadas a errores de facturación.

Ante este panorama, el organismo volvió a reclamar una revisión del esquema tarifario y la implementación de un sendero gradual que contemple la realidad socioeconómica y climática de la Patagonia, donde las condiciones geográficas y de temperatura exigen consumos energéticos superiores a otras regiones del país.

En materia de consumo, la mayoría de las inquietudes correspondió a servicios bancarios y financieros, donde se destacaron las denuncias por débitos indebidos, créditos no solicitados y fallas en la atención. Las estafas digitales representaron un 16,3% de los reclamos y se mantienen en crecimiento, lo que refleja una tendencia preocupante en el uso de tecnologías fraudulentas.

Aunque representan un volumen menor que otros sectores, los temas ambientales tuvieron fuerte impacto durante el período. Santagati participó en instancias de diálogo y audiencias por proyectos mineros, pidiendo mayor transparencia y participación ciudadana. También intervino en la crisis por influenza aviar que afectó a lobos marinos en Punta Bermeja, avalando el cierre temporal de la playa como medida preventiva. En cuanto a agua y saneamiento, el organismo señaló problemas de infraestructura, obsolescencia y la urgencia de ejecutar obras estratégicas, especialmente en El Bolsón.

El informe incluyó además un relevamiento de 98 edificios escolares, donde se detectaron problemas edilicios, filtraciones, fallas de calefacción y demoras en mantenimiento. También se registraron reclamos por apertura de cursos y por falta de respuestas a familias y comunidades educativas.

En el plano institucional, la Defensoría destacó avances en modernización administrativa, como la implementación del sistema GDE, tableros de control, georreferenciación de reclamos y capacitaciones internas en nuevas tecnologías y servicios públicos. También se desarrolló un nuevo sistema digital de haberes y se firmaron convenios para mejorar la eficiencia energética.

Al cerrar su exposición, Santagati remarcó que las demandas ciudadanas deben traducirse en políticas públicas más eficientes. "El desafío es avanzar sin retrocesos en derechos fundamentales, incluso en contextos económicos complejos, y fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad", señaló. La Defensora concluyó diciendo que "las puertas de la Defensoría siempre están abiertas, ya que nos complace recibir a los legisladores, a tal punto que cotidianamente recibimos sus requerimientos. Trabajar de manera interinstitucional también permite garantizar derechos porque todos perseguimos el mismo objetivo: resolverle los problemas a la gente".

Al término del informe, el vicegobernador Pedro Pesatti felicitó a Santagati y destacó que durante su alocución haya utilizado la palabra "compasión", que "es mucho más fuerte que 'empatía', que se suele utilizar habitualmente. Recuperar el concepto de la compasión cristiana es lo que le está faltando a nuestra comunidad", expresó.