Por: Bache3000

La confusión comenzó cuando desde el ejecutivo municipal se comunicó que los conductores de aplicaciones deberían abonar un monto cercano a los 500 mil pesos en concepto de TISH. Sin embargo, aquella información fue difundida antes de que el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza que regula la actividad de las plataformas digitales de transporte, lo que generó desconcierto entre quienes ya realizan esta actividad y temieron una carga tributaria que consideraban excesiva.

La ordenanza finalmente aprobada por la oposición este jueves incluye, entre otros requisitos para la actividad, el pago de la tasa municipal. No obstante, el monto establecido en la normativa todavía no se encuntra vigente. Fuentes consultadas señalaron que se trabajó para reducir la carga tributaria "a lo mínimo" y que el monto final dependerá de los ingresos brutos que declare cada conductor, aplicando coeficientes correctores establecidos en la fórmula correspondiente.

El problema radica en que la ordenanza sancionada por el deliberativo aún no fue promulgada por el ejecutivo municipal, lo que significa que técnicamente no se encuentra vigente. Desde el entorno del intendente Walter Cortés se confirmó que existe la intención de vetar algunos artículos de la norma, aunque no se especificó con precisión cuáles serían los puntos objetados. La estrategia del ejecutivo apuntaría a vetar todo lo que considere que "atenta contra el espíritu mismo de las apps", particularmente aquellas disposiciones que establezcan cupos o que perjudiquen a quienes ya están trabajando con las plataformas.

Mientras tanto, algunos conductores fueron a pagar de manera desesperada ante el temor de quedar en falta con sus obligaciones fiscales. Existe ahora la habilitación específica del vehículo privado que trabaja con plataformas digitales, con un código particular para esta modalidad. Sin embargo, no está claro si quienes abonaron anticipadamente bajo las condiciones informadas inicialmente recibirán algún tipo de reintegro o ajuste una vez que la normativa definitiva entre en vigencia.

Una vez que la ordenanza sea promulgada por el ejecutivo municipal, comenzará a correr un plazo de siete días, tras los cuales habrá otros 30 días para conformar el registro de conductores y convocar a la comisión correspondiente. Este cronograma genera preocupación entre quienes impulsaron la norma, ya que la intención original era que todo el sistema estuviera operativo antes del inicio de la temporada turística de verano. Los tiempos se extendieron más de lo previsto, en parte debido a las negociaciones entre los distintos bloques del Concejo Deliberante y las presiones cruzadas de diferentes sectores.

La gran pregunta que subsiste es si el ejecutivo podrá sostener políticamente los vetos que intente aplicar. Fuentes del municipio reconocieron que hay "otras cosas también todas a favor de la posición de los taxistas" que complican el panorama para un veto amplio. La tensión entre la defensa de la actividad tradicional del taxi y la incorporación de las nuevas modalidades de transporte marca el debate de fondo.

En este contexto de indefinición normativa, la recomendación que circula entre los conductores de plataformas es esperar a que las normativas y la ordenanza queden firmes antes de realizar cualquier pago. La situación actual obliga a una pausa prudente mientras se define cuál será finalmente el marco regulatorio definitivo y, consecuentemente, cuál será el monto real que deberán abonar quienes trabajan con aplicaciones como Uber en la ciudad.

La controversia pone en evidencia las dificultades para regular una actividad que ya es una realidad en las calles de Bariloche, pero que aún no encuentra un marco legal consolidado que satisfaga a todos los actores involucrados. Entre tanto, los conductores aguardan con incertidumbre, sin saber exactamente cuánto deberán pagar ni cuándo deberán hacerlo.