Por: Bache3000

La historia se repite con Villaverde. Hace años que cada intervención pública de la diputada es seguida por recordatorios en redes sociales sobre su costumbre de contratar personal doméstico al margen de la ley. Pero lo que podría haber quedado en una anécdota de hipocresía política escaló a un conflicto judicial con documentación que respalda cada uno de los reclamos de la trabajadora afectada.

La mujer fue contratada para realizar tareas domésticas en la vivienda que Villaverde posee en el barrio Los Patricios II, la misma casa que la diputada suele exhibir en redes sociales cada vez que graniza o cuando quiere mostrar su patrimonio construido "con sangre, sudor y lágrimas". Pero detrás de esa fachada de éxito, la realidad laboral era muy distinta para quien la atendía.

El esquema de contratación respondía al clásico modelo de empleo informal que la propia legisladora debería combatir desde su banca: sin registro legal, pago por hora muy por debajo de los valores que rigen incluso en el mercado negro, y un crecimiento constante de las exigencias laborales. Lo que comenzó como un trabajo de medio turno terminó siendo una jornada de 15 a 22:30 horas, casi ocho horas diarias de lunes a viernes, con una remuneración pactada de apenas 6.000 pesos por hora cuando el mercado informal estaba en 9.000 pesos.

Pero el problema no fue solo la precarización laboral. Villaverde dejó de pagarle completamente durante cuatro meses consecutivos: febrero, marzo, abril y mayo. La trabajadora seguía yendo a cumplir sus funciones, esperando cobrar, mientras la diputada le exigía cada vez más tareas. Lo que había sido contratado como servicio doméstico derivó en un rol multifacético que incluía llevar a los hijos de Villaverde al colegio, hacerles controles médicos, gestionar trámites administrativos, pagar proveedores y recibir documentación oficial a nombre de la legisladora.

La situación se agravó cuando la trabajadora tuvo que reemplazar durante quince días al personal de limpieza que trabajaba por la mañana, extendiendo su jornada laboral de 9 de la mañana a 10 y media de la noche: trece horas y media de trabajo diario, sin ver un peso de lo que ya se le adeudaba.

Harta de la situación, la mujer decidió dejar de trabajar y consultar a un abogado. El primer paso fue enviar un telegrama laboral a Villaverde intimándola al pago de la remuneración completa adeudada, que asciende a más de un millón de pesos. El documento fechado el 18 de junio detalla con precisión las condiciones laborales, el monto del salario pactado, los meses impagos y las tareas que excedían lo acordado originalmente.

La respuesta de Villaverde fue el silencio. No contestó el telegrama, lo que llevó a la trabajadora a enviar un segundo reclamo formal donde expresó: "Me siento gravemente injuriada y despedida por su exclusiva culpa, lo que reclamaré en sede laboral. Queda usted notificada y emplazada".

El caso pone en evidencia la contradicción de una legisladora que cobra su sueldo con fondos públicos mientras explota a una trabajadora vulnerable, sin registro, sin obra social, sin aportes jubilatorios y, finalmente, sin pagarle durante cuatro meses. La misma diputada que debería legislar para proteger los derechos laborales incumple sistemáticamente con las obligaciones más básicas como empleadora.

Los telegramas laborales y el acuse de recibo conforman la documentación que respalda el inicio de acciones judiciales contra Villaverde en sede laboral. Ahora será la Justicia quien determine las responsabilidades de una diputada provincial que, una vez más, queda expuesta por su desprecio a la legalidad laboral y su trato hacia quienes trabajan para ella.