Por: Bache3000

El conflicto entre el Ipross y los principales prestadores privados de salud de Bariloche escaló esta semana con una protesta de los gremios estatales Unter, Soyem y ATE frente a las oficinas en calle Mitre que tiene el instituto de obra social provincial.

El corte de prestaciones médicas dispuesto por el Hospital Privado Regional y el Instituto Materno Infantil afecta a miles de trabajadores estatales de la ciudad que quedaron sin posibilidad de atenderse en estos centros de salud, en medio de tratamientos médicos, cirugías programadas y controles de rutina que quedaron suspendidos de manera abrupta.

Adriana Lisazo, referente de Unter, fue categórica al describir con Bache3000 la gravedad de la situación y apuntó directamente contra la gestión provincial. "La situación está congelada, hay una falta de respeto y consideración hacia cada uno de los ciudadanos que son trabajadores de Bariloche, que están sufriendo de manera descontrolada, porque nadie se hace cargo de su salud", manifestó la dirigente sindical, y agregó que esta crisis les está pegando directamente en los tratamientos y las cirugías. Lisazo consideró "terrible" que el gobierno "saliera ayer a pedir paciencia cuando la realidad es que hay afiliados que no pueden acceder a la atención médica que necesitan".

María del Carmen Quiñehual, secretaria de acción social del Soyem, remarcó la preocupación del gremio municipal y recordó que en noviembre la presidente del Ipross, Marcela Ávila, se había comprometido a avisarles cuando se iba a firmar el convenio con Intecnus. La dirigente exigió una respuesta urgente de la titular del instituto de obra social. "Si hoy no hay solución mañana vamos a volver y vamos a endurecer nuestras acciones gremiales", advirtió Quiñehual, dejando en claro que la paciencia de los trabajadores estatales se está agotando frente a un conflicto que ya lleva varias semanas sin resolución.

Úrsula Caracoche, referente de ATE, puso el acento en la dimensión política del conflicto y señaló que el gobierno provincial "está discutiendo con un sector privado que hace comercio con la salud", lo que considera que atenta directamente contra la vida de los trabajadores afiliados. La representante del gremio estatal destacó que muchos de sus compañeros afiliados "han estado esperando por meses para conseguir un turno y ahora ven interrumpida su atención sin saber cuándo podrán retomarla".

(Marcela Ávila, titular del Ipross)

Qué dijo el Gobierno provincial

El Ipross emitió un comunicado en el que sostiene que está llevando adelante todas las gestiones necesarias de manera prioritaria y sostenida para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. El instituto argumentó que los prestadores han condicionado la continuidad de las prestaciones a la aceptación inmediata de incrementos arancelarios y cambios en la modalidad de contratación, con valores y exigencias que considera difíciles de sostener en el tiempo. La obra social provincial calificó esta forma de planteo como una fuerte presión tanto para la institución como para sus afiliados, y sostuvo que no es el camino adecuado para construir acuerdos responsables y duraderos.

El Ipross explicó que cualquier modificación de estas características requiere un análisis profundo, procesos administrativos específicos y tiempos razonables para evaluar su viabilidad, garantizando siempre la legalidad, transparencia y equilibrio financiero del sistema. El instituto aseguró que sostiene una mesa de diálogo permanente, con negociaciones que se vienen desarrollando desde octubre, y que ha presentado distintas alternativas y propuestas de actualización para avanzar hacia un entendimiento que asegure una cobertura adecuada sin comprometer la estabilidad de la obra social rionegrina.

La obra social destacó que ha venido sosteniendo la cadena de pagos mes a mes con el prestador y que la cobertura continúa vigente con los demás efectores de salud de la ciudad. También informó que el Hospital Zonal Ramón Carrillo está en conocimiento de la situación y colabora en la atención ante eventuales necesidades, mientras se trabaja para normalizar el servicio. Sin embargo, para los gremios estas explicaciones resultan insuficientes frente a la realidad cotidiana de cientos de trabajadores que quedaron sin atención médica en plena temporada de verano.