Por: Bache3000

El intendente Walter Cortés cumplió este viernes su advertencia y vetó parcialmente la ordenanza que el Concejo Municipal había aprobado el 21 de noviembre para regular el transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales como Uber. La resolución municipal 2971, fechada el 5 de diciembre, impugna 16 artículos de la norma sancionada por dos tercios del cuerpo deliberativo, en un nuevo episodio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo barilochense.

La ordenanza 3547, impulsada por la concejal Roxana Ferreyra del bloque Nos Une Bariloche, había sido aprobada con ocho votos a favor y solo la oposición de los tres concejales del oficialista Partido Unión y Libertad. La norma creaba el Registro de Vehículos y Conductores Operadores de Plataformas (REVECOOP), establecía requisitos para los conductores y fijaba un cupo máximo de 280 vehículos habilitados, el punto que generó mayor controversia.

En los considerandos de la resolución de veto, Cortés enumera una serie de argumentos técnicos y jurídicos para fundamentar su decisión. Sostiene que diversos artículos "exceden la competencia municipal, establecen restricciones desproporcionadas al ejercicio de la actividad, crean órganos y registros sin precisión en cuanto a su funcionamiento, ni previsión presupuestaria". El intendente veta específicamente el artículo 6 porque los requisitos para la prestación del servicio —como RTO vigente, licencias habilitantes, seguros e inscripción en TISH— ya están regulados mediante su propia resolución 2610 del 9 de noviembre, y advierte que incorporarlos nuevamente en una ordenanza "generaría superposición normativa y posibles contradicciones".

El cupo de 280 vehículos es uno de los blancos principales del veto. Cortés argumenta que ese límite "no encuentra sustento en estudios de demanda del servicio, número de habitantes o necesidades efectivas del servicio, configurando un límite discrecional que restringe injustificadamente el acceso a la actividad". También objeta el artículo 10 que limitaba los tipos de vehículos autorizados, por considerar que "excluye vehículos que técnicamente podrían ser aptos, sin justificación objetiva, afectando el derecho a trabajar".

La resolución cuestiona además la creación del REVECOOP, señalando que la ordenanza "se limita a enunciar su existencia sin definir su integración, su dependencia jerárquica, los procedimientos internos de registración, los mecanismos de control y actualización, y falta de previsión presupuestaria para su funcionamiento". Cortés indica que "esta omisión configura una laguna en la norma, generando una clara inseguridad jurídica".

Los artículos del 16 al 21, que establecían mecanismos de control y vigilancia, también fueron vetados por considerar que "inciden directamente sobre la libertad individual, el ejercicio de actividad, excediendo las facultades reglamentarias municipales". El intendente cuestiona particularmente el artículo 17 que detallaba la integración de una comisión veedora pero no hacía lo mismo con el REVECOOP, y el artículo 19 que otorgaba facultades que considera excesivas a esa comisión.

Especialmente duro es el veto a los artículos 25 y 26, que preveían sanciones que incluían la privación o pérdida de bienes en casos de infracciones. Cortés invoca el artículo 17 de la Constitución Nacional que establece que "la propiedad es inviolable" y prohíbe expresamente las confiscaciones, argumentando que esas sanciones "exceden el ámbito de una multa administrativa y se aproximan a una verdadera confiscación de bienes".

El anuncio del veto no sorprendió a nadie. Cortés lo había adelantado públicamente la semana previa a la votación de la ordenanza, acusando "contubernios" y defendiendo su postura con una frase que generó polémica: "Uber es libre, somos libres". En aquel momento, el jefe comunal anticipó que vetaría la norma si el Concejo la aprobaba, lo que efectivamente ocurrió.

El conflicto por la regulación de Uber en Bariloche viene arrastrándose desde 2023, cuando el entonces intendente Gustavo Gennuso prohibió las aplicaciones de transporte mediante dos resoluciones que suspendían su funcionamiento hasta que se sancionara una ordenanza regulatoria. Esa prohibición nunca se cumplió del todo, con centenares de vehículos operando en un limbo legal mientras el Concejo no avanzaba con ninguna normativa.

Cortés, tras asumir en diciembre de 2023, intentó resolver la cuestión mediante un referéndum que incluía una pregunta sobre la habilitación de las plataformas. Pero a principios de noviembre, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó la consulta popular tras la demanda de cinco concejales opositores. Inmediatamente después de ese revés judicial, el intendente levantó la prohibición de Uber dejando sin efecto las resoluciones de su antecesor, y días más tarde dictó la resolución 2610 estableciendo algunas pautas básicas de funcionamiento. Las mismas, también fueron cuestionadas.

Lo paradójico es que el propio oficialismo había presentado en septiembre de 2024 un proyecto de ordenanza para regular las plataformas digitales, con las firmas de los concejales Tomás Hercigonja, Gerardo del Río y María Coronado, los tres del bloque PUL. Ese proyecto quedó paralizado en la comisión de Economía y nunca avanzó en su tratamiento.

El proyecto oficialista tenía diferencias sustanciales con el que finalmente impulsó la oposición. La iniciativa del PUL no establecía cupos de vehículos, creaba un Registro Municipal de Plataformas Digitales de Transporte bajo la órbita de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, y exigía que las empresas tuvieran domicilio legal en Bariloche y que los vehículos no superaran los cinco años de antigüedad. Pero ese proyecto también recibió críticas desde la propia administración municipal, con un informe lapidario del director de Tránsito Carlos Catini, y tampoco pasó el filtro de la empresa Uber, que cuestionó varios puntos.

La concejal Ferreyra había advertido que el posible veto se centraría en la eliminación del cupo, considerado clave para evitar que el mercado quedara liberado. "No podemos tener más de 900 vehículos ofreciendo traslados. El Estado debe controlar y no quedar supeditado a lo que le sirve o no a Uber", había sostenido antes de la votación.

Ahora, con el veto consumado, el Concejo deberá decidir si insiste con la ordenanza, para lo cual necesitará reunir ocho votos, los dos tercios del cuerpo. En la votación en general fueron seis los ediles que avalaron específicamente el cupo de vehículos, y no está claro si aparecerán las manos necesarias para sostener la norma frente a la oposición del Ejecutivo. En la votación original, además de los tres concejales del PUL votaron en contra del cupo la edil Samanta Echenique del PRO y Facundo Villalba de Primero Río Negro, uno de los concejales más críticos con Cortés pero que en este punto coincidió con el intendente.

El veto se produce además en un momento delicado de la relación entre el Ejecutivo y el Concejo, en plena discusión por el Presupuesto 2026.

Por ahora, las plataformas de transporte siguen funcionando en Bariloche bajo las pautas establecidas por Cortés en su resolución 2610, que eliminó la revisión técnica semestral para taxis y remises, incorporó a los conductores de aplicaciones al sistema tributario local mediante la TISH, y estableció requisitos básicos de seguro, RTO y documentación al día. Una regulación por decreto que deja abierta la pregunta sobre quién tiene la última palabra en este conflicto: el intendente o el Concejo Municipal.