Por: Bache3000

El Concejo Municipal continúa el análisis de la ordenanza tarifaria para 2025 en una sesión marcada por consensos parciales y fuertes cuestionamientos a aumentos considerados desproporcionados. Si bien el oficialismo aceptó retirar algunos artículos polémicos, la oposición sostiene que el incremento del módulo fiscal y ciertas actualizaciones de tasas carecen de razonabilidad y responden más a un criterio recaudatorio que a una política tributaria coherente.

El concejal Facundo Villalba reconoció como positivas dos modificaciones introducidas por el Ejecutivo. La primera eliminó el artículo 69, que abría la posibilidad de cobrar por pasajero a los transportes turísticos de habilitación local, una práctica que nunca había existido en Bariloche. "Al quedar la puerta abierta en la ordenanza, se podría haber empezado a cobrar", advirtió el edil. La segunda corrección volvió a la zonificación anterior en la TISH, descartando la creación de una nueva zona A con coeficiente multiplicador de 1,3 que habría llevado a algunos comercios a pagar cifras cercanas a ingresos brutos.

Sin embargo, Villalba marcó tres puntos que considera inadmisibles. El más llamativo es el aumento en la certificación de instructores de esquí y snowboard contemplado en el artículo 63, inciso H, que pasaría de 280 módulos fiscales a 3.000, es decir, de $116.760 a $1.251.000 anuales. "Es un aumentazo completamente fuera de escala del resto. Hasta pregunto si no es un error de tipeo", planteó el concejal, quien además recordó que los instructores ya enfrentan el aumento del pase de esquí del EAMSEC, que pasó de $115.000 a $160.000, más los costos de equipamiento. "Prácticamente se están quedando con un margen enorme de la rentabilidad de un instructor", criticó.

El secretario de Hacienda, Gonzalo, justificó el incremento argumentando que durante 2024 se trabajó con el área de contribuciones en Cerro Catedral y detectaron que "la facturación que ellos estaban declarando era excesivamente menor" comparada con los registros municipales. Villalba retrucó con dureza: "Si va a denunciar a un trabajador de Bariloche de no declarar su facturación, tiene que hacerlo con prueba. Es un tema muy delicado". El edil exigió que la certificación vuelva al valor anterior o que se presente un análisis serio de la actividad.

El artículo 64, que multiplica por seis los derechos de habilitación de espectáculos públicos en toda la ciudad, también generó controversia. Gonzalo ejemplificó con eventos en Catedral donde se cobraban $289.000 en 2024 y argumentó que se actualizaron según ordenanza. Villalba propuso entonces "dejarlo como estaba antes para el resto de la ciudad" y aumentar específicamente para Catedral si ese era el problema identificado.

Otro punto conflictivo es el artículo 71, que suma nuevas categorías de cobro por uso de espacios públicos deportivos. Entre ellas, skatepark a $56.295 por hora, velódromo a $44.202 por hora, y pista de atletismo a $6.255 por persona por hora. "Como está escrito, se le va a cobrar seis lucas y un poquito más al que utiliza la pista del Timo", advirtió Villalba. El funcionario aclaró que se trata de eventos con fines de lucro, no del uso recreativo por vecinos, pero el concejal señaló que la redacción no especifica esto y que muchas actividades deportivas cobran cuotas solo para sostener gastos compartidos, sin margen de rentabilidad. "Subir los módulos fiscales o empezar a cobrar espacios que antes no se cobraban lo que logra es desalentar el deporte, no alentarlo", sentenció.

La concejal Julieta Wallace centró su crítica en el valor y forma de actualización del módulo fiscal. Con el paso de $284 a $421, el incremento alcanza el 48% en un año. "En una política macroeconómica como la actual, ¿por qué teniendo en cuenta un incremento respecto al año de un 50%, la propuesta es incluso un ajuste semestral?", cuestionó la edil, quien recordó que a nivel nacional se espera una baja de la inflación. "Nadie está hablando hoy de esto", subrayó.

Wallace también puso en duda la razonabilidad de una política tributaria que genera aumentos generalizados sin poder proyectar el impacto en la Tasa de Servicios Municipales, el mayor ingreso municipal, debido a que no se conoce la valuación fiscal del padrón inmobiliario provincial. "Si hoy le tengo que decir a un vecino cuánto vamos a incrementar la tasa de servicio municipal, ¿qué le tengo que decir? No sé", planteó. La concejal consideró que los aumentos en uso del espacio público, derechos de cementerio y otras tasas "no obedecen a una política tributaria, sino más bien a un fin recaudatorio".

Wallace cuestionó además la continuidad de las actualizaciones excepcionales: "Hubo procesos con mayor inflación sin actualización, por ejemplo en la gestión de Gustavo Gennuso. Me parece que ya está un poco pasada la cosa de la actualización". La edil planteó que si el intendente coincide con la política del presidente Milei y la estabilidad macroeconómica que proclama, "no veo en un país con la macroeconomía supuestamente estable que tenemos" la necesidad de seguir con ajustes semestrales.

Por último, el concejal Juan Pablo Ferrari mencionó una situación particular del Parque Tecnológico PITBA vinculada al artículo 105, inciso C. El edil señaló que existen lotes que aún son propiedad del parque y cuya venta no va a rentas generales sino a infraestructura de nuevos lotes. Ferrari pidió establecer claramente en la ordenanza que cuando estos lotes se vendan y pasen a actividad privada, sí se comience a cobrar, para que no quede librado a la voluntad de una resolución o aviso informal.

La sesión evidenció que si bien hubo acuerdos en algunos puntos, persisten diferencias sustanciales sobre el rumbo de la política tributaria municipal y la magnitud de los aumentos propuestos para el año entrante.