Por: Bache3000

Hay algo en la forma en que circulan los autos de alquiler por Bariloche que se parece a la forma en que circula el dinero: siempre de paso, siempre rumbo a otro lugar, siempre esquivando el momento de quedarse. Todo el tiempo, todos los que manejan en Bariloche ven un auto de Hertz en algún lugar de la ciudad. Uno los ve estacionados en doble fila frente a los hoteles del centro, amontonados en los playones del aeropuerto, deteniéndose en medio de la avenida Bustillo porque el turista que maneja no conoce la ciudad y duda, frena, gira sin poner luz de giro. Son parte del paisaje tanto como los cerros, y como los cerros, parecen estar ahí desde siempre, naturalizados, inevitables.

Es imposible circular una cuadra sin toparse con ese logo amarillo y negro que se ha vuelto tan familiar como los carteles de "se alquila" en temporada baja. Pero hay algo que esos autos no hacen nunca, algo que sí hacen todos los demás vehículos que ruedan por las calles de esta ciudad: no dejan nada.

Durante meses, Bache3000 llevó adelante una investigación tan tediosa como reveladora: recopilar, una por una, muchas de las patentes de la flota de Hertz que opera en Bariloche, y cotejarlas contra los registros de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor. El resultado no sorprende a quienes conocen cómo funciona el capitalismo de franquicia en la Argentina contemporánea, pero sí indigna: de los casi 2 mil vehículos que la empresa tiene circulando en la ciudad, la información disponible señala que apenas un puñado ínfimo está patentado en Río Negro. Todo lo demás está fuera de la provincia: la inmensa mayoría registrada en Salta, algunos en Mendoza —otra provincia con patentes más baratas que Río Negro—, y otros tantos en Chubut.

Lo que significa que Hertz obtiene sus regalías acá, factura en el mercado turístico de Bariloche, pero no aporta prácticamente nada al sostenimiento tributario provincial. Todas esas jurisdicciones foráneas reciben los ingresos fiscales sin tener que lidiar con el desgaste de esos vehículos en sus calles.

No se trata de un descuido administrativo ni de una casualidad geográfica. Es una estrategia deliberada de optimización fiscal que tiene nombre en el argot empresarial: arbitraje regulatorio. Hertz encontró, como tantas otras corporaciones, los resquicios legales que le permiten operar en un lugar mientras tributa en otros. Salta lleva la mejor parte —concentra la inmensa mayoría de la flota—, pero Mendoza y Chubut también aparecen en el mapa de esta triangulación fiscal. Y lo hace con la naturalidad de quien sabe que las jurisdicciones son porosas, que el Estado está fragmentado, que nadie va a coordinar lo suficiente como para cerrarle el paso.

En la práctica, significa que una empresa que genera facturación millonaria usando intensivamente la infraestructura de Bariloche —sus calles, sus rutas, sus semáforos, su señalización, su sistema de emergencias cuando hay un choque— no aporta prácticamente nada al sostenimiento de esa infraestructura.

La cifra es brutal cuando se la pone en números: por ejemplo, un Peugeot 208 cero kilómetro paga en Río Negro unos $850.000 anuales en concepto de patente. Si se multiplica ese monto por la flota completa de Hertz en Bariloche, estamos hablando de $1.700 millones anuales que podrían volcarse al mantenimiento vial, al bacheo de calles, a la mejora del sistema de tránsito, pero que en cambio se distribuyen entre Salta, Mendoza y Chubut, provincias que no tienen que lidiar con el desgaste que generan esos 2 mil vehículos adicionales circulando por su territorio. Es, literalmente, una transferencia de recursos de abajo hacia arriba, de lo local hacia lo corporativo, de lo público hacia lo privado.

Pero el problema no es solo fiscal, aunque la dimensión fiscal sea suficientemente grave. Hay una cuestión de competencia desleal que erosiona el tejido productivo local. En Bariloche operan decenas de rentadoras chicas y medianas, muchas de ellas formadas por vecinos que pusieron su ahorro en la compra de tres, cinco, diez autos, y que sobreviven en los márgenes estrechos que deja el turismo estacional. Todas esas empresas pagan sus patentes en Río Negro, porque es donde operan, porque es la norma, porque es lo que corresponde. Y todas compiten contra un gigante que, gracias a su capacidad de hacer lobby y explotar las grietas del federalismo fiscal argentino, tiene costos operativos estructuralmente más bajos. No es que Hertz sea más eficiente o preste un mejor servicio: es que paga la mitad de patentes. Así de simple, así de injusto.

Las fuentes que recogimos en el marco de esta investigación —conversaciones entre funcionarios, empresarios del sector y concejales— revelan una conciencia generalizada del problema. "Están haciendo mierda nuestras calles y no tributan nada", dice uno. "Son unos negreros, se van allá, pagan dos mangos y después nos rompen las bolas para que nosotros paguemos los impuestos", agrega otro.

La Asociación de Rentadoras de Autos de Bariloche, en una reunión reciente, llevó todos los números a la mesa: casi 2 mil autos, la inmensa mayoría con patente salteña, otros de Mendoza y Chubut, todos circulando como si fueran de acá. "Una locura, una locura total", resume la fuente, con ese tono de resignación que se escucha tanto en Bariloche cuando se habla de política y de negocios.

Lo que llama la atención no es tanto que Hertz haya encontrado esta estrategia —las corporaciones están diseñadas para maximizar ganancias y minimizar costos, es su función— sino que el Estado, en sus tres niveles, no haya hecho nada para cerrarle el paso. Especificamente en Bariloche, no existe, hasta hoy, una ordenanza municipal que establezca como requisito obligatorio para la habilitación de agencias de alquiler de autos que los vehículos que circulen por Bariloche tributen sus patentes en Río Negro. No existe un convenio interprovincial que limite el arbitraje fiscal entre jurisdicciones. No existe, en definitiva, ningún mecanismo institucional que proteja los intereses de la ciudad frente a la voracidad de una empresa que opera con la lógica del sálvese quien pueda.

Hubo intentos. En su momento, un funcionario del área de Hacienda municipal comenzó a investigar el tema, buscando los instrumentos legales para revertir la situación. Poco después, cuenta, lo cambiaron de cargo. "Eso quedó en veremos", dice con ironía. Otros colegas periodísticos habían llegado a las mismas conclusiones en sus investigaciones, pero no lograron publicarlas. El tema circula en voz baja, en las reuniones entre rentadores locales, en las charlas de pasillo del Concejo Deliberante, pero nunca termina de estallar en el espacio público con la fuerza necesaria para forzar un cambio normativo.

Y mientras tanto, los autos de Hertz siguen circulando. Dos mil vehículos que se suman al tránsito denso de una ciudad que ya no soporta más autos, que lo atascan, que lo ralentizan, que hacen que todos —incluidos los colectivos de línea— lleguen tarde a todos lados. Dos mil autos que, cuando chocan —y chocan seguido, porque los turistas no conocen las rutas y manejan distraídos— generan costos para el sistema de emergencias, para las grúas, para la Justicia. Dos mil autos que usan la marca ciudad, que se benefician del prestigio turístico de Bariloche, que venden el destino, pero que no dejan nada a cambio.

Hay algo profundamente injusto en esta ecuación, algo que va más allá de los números y toca una fibra más honda: la sensación de que las reglas no son iguales para todos, de que el que tiene la espalda corporativa puede saltarse las normas mientras el emprendedor local tiene que bancarse todo el peso del Estado. Es la lógica del extractivismo aplicada al turismo: llevarse todo, dejar lo menos posible.

La pregunta, entonces, no es solo por qué Hertz hace lo que hace —eso es fácil de responder: porque puede— sino por qué el Estado lo permite. Por qué no hay una ordenanza, un convenio, una resolución que ponga las cosas en su lugar. Por qué la política municipal, tan activa en otros temas, tan rápida para inaugurar obras y anunciar inversiones, es tan lenta para regular lo que debería ser obvio: que quien usa la ciudad, pague por la ciudad.

Quizás ahora, con el tema expuesto, con los números sobre la mesa, con la Asociación de Rentadoras empujando y con la opinión pública mirando, algo cambie. O quizás no. Quizás los autos de Hertz sigan circulando con sus patentes de Salta, Mendoza y Chubut, extranjeros en su propia tierra, aprovechando ese vacío legal que es, en el fondo, un vacío político. Mientras tanto, cada vez que uno ve pasar uno de esos autos blancos con el logo amarillo y negro, puede hacer el ejercicio mental: ese auto está usando mi calle, pero no está pagando por ella. Ese auto está compitiendo contra mi vecino, pero con ventajas que mi vecino no tiene. Ese auto está acá, pero su dinero está en otra provincia.

Y eso, en una ciudad que vive del turismo y que necesita cada peso para sostener su infraestructura, no debería ser legal. Pero lo es. Por ahora.