Por: Bache3000

Un grupo de taxistas presentó una denuncia penal contra el intendente Walter Cortés ante la Fiscalía por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La acción judicial, patrocinada por el abogado Jorge A. Pschunder, apunta directamente contra las resoluciones municipales que habilitaron las plataformas digitales de transporte de pasajeros como Uber en Bariloche.

Desde el municipio descartaron que la denuncia represente un problema real y la calificaron como "un mero acto autopublicitario del abogado que patrocina a los taxistas". Fuentes oficiales argumentaron que se trata de una acción "abstracta" porque "el sistema democrático está funcionando": el intendente apenas vetó parcialmente la ordenanza que regulaba las plataformas, y todavía el Concejo Deliberante puede ratificar o no esa ordenanza e insistir en su promulgación.

Al ser consultados específicamente sobre los argumentos de la denuncia, desde el gobierno municipal señalaron que el veto tiene que ver únicamente con las restricciones que genera la ordenanza a la posibilidad de trabajar de una buena parte de la población, y que el espíritu de las resoluciones es modernizar la ciudad y aceptar los cambios que trae la tecnología. Desde el área legal del municipio señalaron que todo lo actuado por el intendente está en el marco de leyes nacionales y que la normativa debe acompañar las transformaciones del mundo. Enfatizaron que "todo lo actuado está dentro del marco legal permitido a la función del intendente".

La controversia se remonta al fallido plebiscito del 9 de noviembre de 2025, que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló por considerar que el intendente había violado el principio constitucional de división de poderes al arrogarse facultades que no tenía. Ese plebiscito incluía, entre otros puntos, la aprobación de las plataformas digitales de transporte.

Tras la anulación judicial, Cortés derogó las resoluciones que suspendían Uber y dictó nuevas normas: la Resolución N° 00002583-I-2025, que levantó las restricciones anteriores, y la Resolución N° 00002610-I-2025, que estableció el marco regulatorio para las aplicaciones de transporte de pasajeros. Estas resoluciones son el núcleo de la denuncia presentada por los taxistas.

Los denunciantes sostienen que las nuevas normas municipales violan múltiples ordenanzas vigentes en Bariloche, entre ellas la Ordenanza 262-CM-93 que establece el Plan de Tránsito General, la Ordenanza 2007-CM-09 que adhiere a la Ley Nacional de Seguridad Vial, y las más recientes 569-CM-96 y 3420-CM-2023. Según la denuncia, la resolución municipal contradice la legislación nacional de tránsito y las propias ordenanzas locales que regulan el transporte de pasajeros.

El documento judicial detalla una serie de irregularidades que, a criterio de los denunciantes, ponen en riesgo a usuarios, vecinos y turistas. Entre los puntos más críticos, señalan que los conductores de plataformas digitales no cuentan con la licencia profesional de conducir Clase D que exige la ley nacional 24.449 para el transporte de pasajeros, ya que la resolución municipal solo menciona un "carnet de conducir vigente", cuando en realidad lo que se requiere es una licencia específica que habilita para transportar hasta 8 pasajeros.

La denuncia también cuestiona que no se exija certificado de antecedentes penales a los conductores de apps, y que no se requiera un seguro de responsabilidad civil de carácter comercial que cubra los daños que el vehículo pueda causar a terceros en caso de accidente. Según los taxistas, este tipo de póliza es obligatoria porque el vehículo se utiliza para un negocio y no para fines privados, lo que incrementa el riesgo y requiere una cobertura diferente al seguro automotor obligatorio.

Los denunciantes argumentan además que la Resolución Ut-Supra no se basa en ningún decreto nacional que hable de jurisdicción municipal, y que al permitir que ciudadanos de otros lugares vengan con sus vehículos particulares a realizar transporte de pasajeros, el intendente estaría violando la ley nacional de tránsito. También señalan que la Ordenanza 1962-CM-09 sobre taxis y remises establece en su artículo 6 el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Uno de los argumentos centrales de la denuncia es que el intendente, con su conducta, "pone en riesgo no solo a las personas y vecinos de esta Ciudad más los turistas que nos visitan; sino el erario público por futuros reclamos que puedan recibir el Municipio por daños y perjuicios por accidentes y/o robos por la clara violación a la ley nacional de tránsito y demás legislación vigente". Los denunciantes sostienen que están "claramente graficados el tipo penal y adecuada la conducta desplegada por el Intendente Municipal Walter Cortés", especialmente porque la resolución "está vigente" desde noviembre y "continúa hasta la fecha", legislando "sin facultades para hacerlo, en violación a la carta Orgánica Municipal por la cual juró cuando asumió la intendencia".

El caso, que ahora quedó en manos de la Fiscalía, suma un nuevo capítulo a la larga controversia entre el sector de taxis y remises tradicionales y las plataformas digitales de transporte, un conflicto que ya lleva varios años en Bariloche y que ha atravesado diferentes instancias judiciales y administrativas. La denuncia penal eleva significativamente la tensión del enfrentamiento, al trasladar el debate desde el ámbito regulatorio y administrativo hacia el terreno de la responsabilidad penal del funcionario público.