Por: Bache3000

Cinco años de litigio terminaron en tres líneas. Uno de los jueces, Ricardo Lorenzetti, agregó un párrafo para aclarar que rechazar un recurso no significa que la decisión anterior sea justa. Pero tampoco significa lo contrario. Significa que la Corte no va a perder tiempo con un caso que nunca debió llegar hasta ahí.

La historia es simple. Palmeyro llegó a ANSES en 2018 como parte del proyecto político de Mauricio Macri en Río Negro. No fue por necesidad de trabajo. No subió escalafones. No hizo concurso. Lo nombraron delegado de la oficina de Bariloche porque militaba en el PRO, porque compartía ideas con el gobierno, porque así funciona cuando tu partido gana. Un año después fue candidato a intendente por Bariloche por el Cambio. Sacó el 6,69 por ciento de los votos. Perdió. Volvió a ANSES a seguir gestionando jubilaciones hasta que se terminara el proyecto.

Y el proyecto se terminó en diciembre de 2019. Cuando eso pasa, lo lógico, lo esperable, lo que todo el mundo sabe que va a pasar, es que los funcionarios políticos se vayan. No porque sean malos. No porque hayan hecho algo mal. Simplemente porque entraron a cubrir un cargo por coincidir en ideas, no en busca de un empleo. La militancia política no es lo mismo que un trabajo. Un funcionario político no tiene los mismos derechos que un simple trabajador de planta. No puede tenerlos. Si los tuviera, la administración pública se llenaría de gente inamovible que entró por el partido correcto en el momento correcto.

Palmeyro llegó a trabajar en febrero de 2020 y su usuario estaba bloqueado. La huella biométrica no funcionaba. Días después llegó la carta documento. Un despido de manual, de esos que se hacen cuando cambia el gobierno. Hasta ahí, todo normal. Todo previsible. Lo raro fue lo que vino después.

Palmeyro decidió quedarse. Alegó que había hecho un concurso interno en 2021, que había aprobado, que lo habían designado en planta permanente. La estrategia era clara: entrar por la puerta política, cambiarse a la puerta laboral con un concurso, reclamar estabilidad. Convertir un cargo de confianza en un empleo protegido. Decir que la Constitución garantiza la estabilidad del empleado público y que él, ahora, era eso: un empleado.

La Justicia Federal de Bariloche le creyó. La Cámara Federal de General Roca también. En abril de 2021 ordenaron que lo reincorporaran. Dos tribunales decidieron que un concurso posterior puede borrar un nombramiento político anterior. Que se puede entrar por militancia y salir por despido laboral. Que las puertas son intercambiables.

La Corte Suprema dijo ayer que no. Y tiene razón. No porque el concurso no haya existido. No porque la designación sea falsa. Sino porque hay una diferencia que importa: los funcionarios políticos no son empleados. Entran cuando gana su proyecto, se van cuando pierde. Es así. Es lo correcto que sea así. Si no fuera así, cada gobierno llenaría la administración pública de militantes y después nadie podría echarlos.

Palmeyro no entró a ANSES buscando trabajo. Entró porque coincidía con el gobierno de Macri. Porque militaba en el PRO. Porque fue candidato a intendente. Cuando perdió la elección volvió al cargo hasta que se terminó el gobierno. Eso es ser funcionario político. Y cuando el proyecto termina, los funcionarios se van. No es una injusticia. Es la lógica del sistema. Es lo que todos saben cuando aceptan esos cargos.

Hay casos de empleados de ANSES que ganaron juicios similares en los últimos años. Jueces que declararon inconstitucional despedir sin causa a personal de planta permanente. Pero esos eran empleados que habían entrado por concurso desde el principio. Gente que buscaba trabajo, no militancia. Gente que no fue candidata a intendente antes de ocupar el cargo. La diferencia no es sutil. Es enorme.

Palmeyro insistió durante cinco años en que era un empleado. Litigó, ganó dos veces, llegó hasta la Corte Suprema. Pidió que declararan inconstitucional su despido. El recurso extraordinario es inadmisible, respondió la Corte. No hace falta explicar más. No hace falta entrar en un debate sobre estabilidad laboral cuando el origen del cargo es político. La Corte simplemente cerró la puerta.

Lo que Palmeyro intentó hacer durante cinco años es convertir la militancia en empleo. Borrar el origen con un papel. Reclamar derechos laborales sobre un cargo que nunca fue laboral. La Corte dijo que no se puede. Y es correcto que no se pueda. Si cada funcionario político pudiera hacer un concurso interno para quedarse cuando cambia el gobierno, la administración pública sería un cementerio de proyectos anteriores. Gente que entró por una cosa y se quedó por otra. Gente que llegó por ideas y se aferró por plata.

El expediente CSJ 7708/2020/CS1 se cierra con una fórmula: notifíquese y devuélvase. Palmeyro puede decir que llegó a la Corte Suprema. También puede decir que la Corte no lo escuchó. Lo que no puede decir es que no sabía cómo iba a terminar. Todos los que entran por política saben cómo termina. Todos saben que cuando cambia el gobierno, se van. Esa es la regla. Pretender que no lo es porque hiciste un concurso después es tramposo.

Ayer un hombre perdió un juicio que nunca debió iniciar. La noticia cabe en tres líneas: el recurso extraordinario es inadmisible. Costas por su orden. Notifíquese y devuélvase. El resto es un funcionario político que no quiso aceptar que dejó de serlo.